Las medidas que aprobaron el aumento para el servicio de gas, que el presidente Alberto Fernández definió como el “mínimo y necesario”, dejaron sobre el tapete varias aristas llamativas y un par de interrogantes sobre el accionar de los funcionarios y las futuras implicancias de cara a la revisión tarifaria integral prevista para el próximo año.
En primer lugar, la suba promedio del 6% para clientes residenciales vino a ratificar que las pautas presupuestarias de 2021 ya se han convertido en letra muerta. La ley de Presupuesto contemplaba un ajuste en los servicios públicos alineado con una proyección inflacionaria anual del 29,5%. La intención del ministro de Economía, Martín Guzmán, de retocar tarifas y reducir subsidios chocó con la resistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que logró imponer una actualización por debajo del 10%.
La diferencia entre lo planificado por Guzmán y los aumentos otorgados para los servicios públicos de luz y gas implicarán una suba de casi el 50% en los desembolsos de subsidios previstos para el sector energético, que se encaminan a alcanzar la marca anual de 10.000 millones de dólares, según los cálculos del Instituto Mosconi, el think tank radical que dirige Jorge Lapeña.
En segundo lugar, quedó en evidencia el atípico y desigual tratamiento que las autoridades aplicaron para autorizar las nuevas tarifas de las distribuidoras eléctricas y gasíferas.
El ENRE, que comanda Soledad Manín en sintonía directa con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el protagonista de la fallida destitución que había impulsado Guzmán a fines de abril, aprobó aumentos de 9% para Edenor y Edesur por medio de las resoluciones 106 y 107 que salieron a la calle 30 días después de las audiencias públicas.
Cada una de las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Gasnor, Litoral Gas, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana y Camuzzi del Sur) debió suscribir un “acuerdo transitorio de renegociación” con Bernal y Guzmán. Después, el decreto 354/21 ratificó los acuerdos firmados. Por último, el ente publicó las resoluciones específicas para cada empresa con los nuevos cuadros tarifarios. En el caso de las transportadoras TGN y TGS, la decisión de no otorgarle ningún ajuste se adoptó por dos resoluciones conjuntas de Economía y el Enargas y el decreto ratificatorio 353/21.
A la hora de explicar este comportamiento desigual, desde el ente piloteado por Bernal indicaron que no han hecho más que cumplir con todos los pasos normativos y administrativos. Para las empresas, lo que hizo Enargas fue “blindarse” con las firmas de Guzmán y Fernández ante posibles demandas que pudieran plantearse en el futuro. Y para el exsecretario de Energía Lapeña, lo sucedido es “una muestra más del manejo desordenado que se viene registrando en el área energética por la disputa interna entre los funcionarios”.
En un tercer renglón se encuentran las “obligaciones y dispensas” que tendrán las distribuidoras hasta que entre en vigencia la “revisión tarifaria integral” prevista para diciembre de 2022. Las empresas tienen que seguir prestando el servicio “en condiciones de calidad y seguridad” y no pueden distribuir dividendos, ni cancelar en forma anticipada deudas financieras y comerciales. A cambio de eso, el Enargas les quitó la obligación contractual de ejecutar nuevas inversiones para modernizar las redes y extender el servicio.
Por otra parte, las gasíferas deberán “suspender” las acciones judiciales que tengan en curso contra el Estado. Si el Gobierno no “recalcula” las tarifas transitorias para el cuarto mes del próximo año, quedarán liberadas para retomar las demandas.
El cuarto punto relevante que emergió de los nuevos cuadros tarifarios es la falta de aumentos para TGN (controlada por Techint y Eurnekian) y TGS (manejada por Marcelo Mindlin y el grupo GIP de las familias Sielecki y Safra).
Tras considerar que pueden aguantar un año con las tarifas congeladas, el Enargas resaltó que “TGN registró un crecimiento de sus ingresos del 23% anual en 2020, distribuyó 77 millones de dólares de dividendos entre 2018 y 2019 y al cierre de 2020 poseía una caja de 4.345 millones de pesos que equivalen a 2,7 veces el monto pagar este año por préstamos y obligaciones negociables”.
En el caso de TGS, la radiografía realizada por el ente regulador indicó que “los ingresos por actividades operativas en 2020 crecieron 1.110% con respecto a 2019, tiene invertidos en activos financieros 22.318 millones de pesos, ha distribuido 280 millones de dólares de dividendos entre 2018 y 2019 y cuenta con una caja de 6.621 millones de pesos que equivalen al 80% del pasivo corriente de la empresa”.
Las transportadoras habían reclamado ajustes que oscilaban entre el 58% y 70% y la primera reacción ante la negativa oficial fue advertir que “están analizando las medidas que podrían adoptar para proteger sus derechos”. Para los funcionarios de Energía y el Enargas, esa amenaza no pasa del “relato habitual” que despliegan las empresas ante situaciones similares. Sostienen que los dueños de TGS y TGN tienen otros contratos y negocios relevantes con el Estado y, por ahora, no les conviene hacer ruido con las tarifas de gas que, en los papeles, van a actualizarse el próximo año.