Hablar de inflación en nuestro país y, además, desde la pretensión de controlarla (al menos llevándola a niveles no patológicos), resulta imposible sin antes reconocer lo que se denominan “condiciones estructurales de largo alcance”, es decir aquellos factores sociales, económicos, políticos y culturales cuyo cambio solo es posible en el muy largo plazo. Para decirlo en términos llanos y a riesgo de sobresimplificación: debemos partir de reconocer lo que somos, “amigarnos con el espejo”.
Desde la posguerra tuvimos inflación moderada, alta y muy alta. Solo hubo brevísimas interrupciones coincidentes con los efectos transitorios de planes de estabilización que no pudieron trascender hacia una consolidación de crecimiento económico sin inflación, o los tres años posteriores a la crisis del 2001/2002 que hubiesen sido imposibles sin las condiciones externas inéditas que se tuvieron y la década de convertibilidad monetaria que supo “comprar” estabilidad de precios a un costo económico y social cuya huella en el inconsciente colectivo hace que hoy resulte inviable siquiera sugerir un experimento parecido.
En todo ese periodo de siete décadas se ha pretendido controlar la inflación con ortodoxia y heterodoxia, desde enfoques liberales (incluyendo monetarismo) y estructuralistas. Efectos transitorios pueden exhibir todos los estilos. Pero ninguno puede jactarse de haber llegado a una fórmula con efectos duraderos.
El molde político y el Central
Sin embargo, una gran mayoría de referentes de todos los enfoques, estilos o escuelas, cuando su aplicación no dio resultados, lejos de reconocer las limitaciones suelen buscar las causas de tal fracaso fuera de dicho enfoque y es allí donde prefieren decir que la causa de la experiencia fallida estuvo “en la política”.
Vaya insensatez pretender hacer praxis o análisis de política económica concibiéndola como un campo ajeno a la acción política que, a su vez, tiene lugar dentro de un sistema político específico. Así como dicho sistema político integra las condiciones estructurales de largo alcance antes señaladas, como dicho sistema es quien le “pone vida” al marco institucional del respectivo país, tal marco también queda inserto dentro de las condiciones estructurales.
Desde esa relación entre sistema político y marco institucional surge otro sinceramiento necesario para entender la arena de la política económica: la figura del Banco Central argentino y la falacia de su tan proclamada independencia.
Bajo el sistema político argentino con su hiperpresidencialismo como dato distintivo, el Banco Central nunca fue políticamente independiente. No hay que confundir la mayor o menor asertividad personal de quienes conducen esa entidad con las posibilidades reales de tener espalda política suficiente para tomar y sostener medidas antiinflacionarias sin al menos consensuarlas con el gobierno. Los efectos colaterales de cualquier medida (monetaria, cambiaria o financiera) antiinflacionaria suelen tener una intensidad tal que hacen inestable a cualquier funcionario sin legitimidad si no cuenta con el apoyo de quien posea legitimidad.
Al fin de cuentas y sarcasmo aparte, todavía no se tiene una justicia independiente del sistema político con la Constitución Nacional de garante y siglos con fundamentaciones a favor de su independencia, pretenderlo del Banco Central luce una ingenuidad.
Para colmo de males, tales factores estructurales incluyen, además, la morfología de los mercados argentinos más relevantes caracterizados por rasgos oligopólicos y mantener conexiones complejas con muchos actores del sistema político.
Sostenimiento vs parches
Lo expuesto hasta aquí es para advertir que toda praxis de política económica es bajo las circunstancias, actores y relaciones de poder que existen y no bajo las que se desearían tener. Realpolitik en estado puro. Desde este cáustico sinceramiento debe concebirse todo intento de política económica para conducir la inflación hasta niveles no patológicos (la inflación es un fenómeno económico que adquiere categoría de “patología” cuando llega a cierto nivel).
Como toda patología, requiere, por un lado, instrumentos para bajar su intensidad en breve tiempo pero, fundamentalmente, condiciones permanentes para sostener la ausencia de la patología. Métodos para bajar la inflación durante un tiempo son ya conocidos. No así controlar en forma sostenida las tensiones inflacionarias. Por eso, prefiero poner el foco en esta segunda cuestión.
Me identifico con las miradas eclécticas sobre los fenómenos económicos en general y de la inflación en particular. Por ello, en cuanto a las causas de la inflación, considero que son múltiples (de demanda, de costos, estructurales y expectativas) y respecto al instrumental para su combate entiendo que se requiere el concurso coordinado de instrumentos monetarios, cambiarios, financieros, fiscales, de ingresos y regulatorios.
Sin embargo, la coordinación de tales instrumentos debe hacerse desde el un enfoque que reconozca que las pulsiones inflacionarias surgen de la arena de las pujas distributivas. Y eso determina, como condición de partida, que el sistema político en general y el gobierno en especial tengan en claro el rol que deben asumir. El rol exclusivo y excluyente de árbitro de tales pujas. Exclusivo porque es en el Estado donde radica la legitimidad para ejercer ese rol. Y excluyente porque no puede pretender ser árbitro de la puja y, al mismo tiempo, un contendiente más en la misma.
El Gobierno como árbitro
En primer término, ejercer de árbitro de tales pujas es un desafío que requiere capacidades estatales de distinto tipo: técnicas, simbólicas y construcción de autonomía de todos los demás actores (cuestión que resulta obvia pero difícil de lograr). Esa condición de no poder ser árbitro y jugador a la vez, es la que parece difícil de asumir y es donde deben ponerse todos los esfuerzos.
No puede el Gobierno arbitrar una puja y, al mismo tiempo, participar activamente de la misma mediante la aplicación del impuesto inflacionario, la generación de crowding out crediticio o incrementando la presión tributaria sin que el destino de esa mayor presión sea concebido desde una función de arbitraje.
El lector podrá advertirme que el Estado no es un sujeto cerrado sobre sí mismo y que todo recurso que capta tiene como destinatario a un sector de la sociedad. Ante esto, cabe recordar que el Estado es, en el fondo, una arena de conflictos entre actores sociales y, por tanto, una parte más de las pujas distributivas de la sociedad.
Por eso resulta de vital importancia que cada intervención del gobierno –como decisor en nombre del Estado- posea un alto nivel de legitimidad. Si bien todo gobierno posee legitimidad “de origen”, a la hora de arbitrar pujas lo que cuenta en mayor medida es la legitimidad “de ejercicio” que posea. En otras palabras, lo relevante es la aceptación de los actores por el mérito mismo de la intervención y no por el mero hecho que la haya tomado el gobierno.
No toda la exigencia al sistema político recae en el gobierno. La oposición también tiene mucho por hacer. En primer lugar, realizando su acción política con asertividad y firmeza pero siempre garantizando las condiciones de gobernabilidad, requisito básico para que el gobierno pueda actuar como árbitro. En segundo término, absteniéndose de aplicar métodos de guerra fría fogoneando la puja distributiva de determinados actores con meros fines tácticos. Y por último, manteniendo una posición autónoma respecto de los demás actores económicos que actúan en la puja distributiva.
