VIAS NAVEGABLES

Movió Guerrera, habló Fernández y se agitaron las aguas de la Hidrovía

El nuevo llamado a licitación cambió de manos y el Presidente anticipó que el Estado cobrará los peajes. El cuadro de Massa y Bordet. Ente de control en camino.

De manera sorpresiva y en medio de la constante presión del ala kirchnerista del Gobierno que alienta la estatización del dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, resolvió borrar del mapa a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria de la vía navegable y pasarle todas las funciones que tenía para llevar adelante la futura licitación de la autopista fluvial a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SPVN).

 

Por medio de la resolución 153, Guerrera dispuso que la Subsecretaría comandada por el entrerriano Leonardo Cabrera se encargue de llevar adelante el proceso licitatorio internacional y la adjudicación de la nueva concesión destinada a la “modernización, operación y mantenimiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná”.

 

Creada a principios de enero por el entonces ministro Mario Meoni, la Unidad Especial Hidrovía estaba al mando de Pablo Barbieri, un especialista en derecho comercia y actual integrante del Tribunal de Ética de la AFA, que dependía directamente del ministro que falleció en un accidente automovilístico a fines de abril.

 

Con el fin de descomprimir al ministerio de la supervisión directa y la firma de los trámites vinculados con la licitación, Guerrera decidió eliminar a la Unidad Especial y darle juego a la SPVN, que fue la que originariamente había privatizado la vía navegable en la década del 90 y es, según el organigrama interno de Transporte, el área que está habilitada para decidir en el tema y actuar como autoridad de aplicación.

 

Tras recordarle a los sectores kirchneristas que se oponen a la reprivatización que el decreto 949/20 le dio facultades al ministerio para “licitar y adjudicar la concesión de la Hidrovía bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, a riesgo empresario y sin aval del Estado”; la resolución 153 le asignó a la SPVN tres funciones salientes: elaborar los pliegos, realizar por su cuenta o por medio de terceros los estudios e informes que sean necesarios y coordinar las actividades entre las distintas jurisdicciones gubernamentales, universidades e instituciones relacionadas con el proceso licitatorio.

 

Puertas adentro del ministerio consideran que, tras haber estado relegado del tema por la anterior gestión de Meoni, ahora el subsecretario Cabrera deberá hacer un curso acelerado para empaparse de todas las aristas relevantes y conflictivas que rodean a la licitación de la hidrovía por donde se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores del país.

 

De origen uruguayo, Cabrera ha sido funcionario público en Entre Ríos desde hace casi tres décadas, primero como titular del puerto de Concepción del Uruguay y luego como presidente del Ente Administrador de Puertos de la Provincia. A diferencia de las principales figuras de Transporte, Cabrera no forma parte del Frente Renovador que lidera el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Su desembarco en el gobierno nacional se concretó en marzo del año pasado por un acuerdo político que sellaron Massa y el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet.

 

Prórroga y ente de control

A fines de abril y a pocas horas de expire el contrato, el gobierno de Alberto Fernández aprobó una extensión “excepcional y temporaria” de la concesión de la hidrovía que está en manos de la operadora privada integrada por el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa

 

Concedida ante la demora que arrastra el llamado a licitación, la prórroga no logró aminorar los embates internos que rechazan una nueva privatización y presionan por un mayor protagonismo estatal. La estrategia del kirchnerismo apunta a que la prórroga concedida a Jan de Nul y Emepa no se vuelva a repetir y que, cuando finalice, el Gobierno proceda a licitar de manera transitoria el dragado y balizamiento a otros operadores.

 

Además, proponen un cambio fundamental con respecto a las actuales reglas de juego: que un ente estatal se haga cargo de cobrar los peajes a los barcos y destine una parte de la recaudación a mejorar los accesos a los puertos de las provincias ribereñas. Esta modificación cobró fuerza tras la reciente declaración del Presidente en una entrevista difundida por YouTube con el streamer y humorista Pedro Rosemblat, quien presentó la charla como una conversación "entre compañeros". En ese marco, Fernández sostuvo que, tras el llamado a licitación, "el Estado será el responsable del cobro del peaje para pagar la concesión”.

 

En la cartera de Guerrera sostienen que en un plazo de cuatro meses van a tener resueltas las dos cuestiones clave para avanzar en forma definitiva con la licitación de la hidrovía: los estudios económicos y ambientales, que han quedado a cargo de las universidades nacionales del Litoral, Rosario y San Martín, y la elaboración del pliego de bases y condiciones que ahora está en manos de la SPVN.

 

Mientras tanto y con el fin de neutralizar en parte a la Comisión Bicameral de seguimiento y control de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía que ya fue aprobada en el Senado, los funcionarios de Transporte tienen en las gateras la creación de un nuevo ente de control y regulación de todas las vías navegables troncales.

 

El proyecto –que ya se encuentra en el área de Legal y Técnica de la Casa Rosada– establece la conformación de un organismo de control que tendrá su sede en Rosario y contará con un director ejecutivo nombrado por Transporte y un subdirector que designará el ministerio del Interior a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro.

 

Toto Caputo, ministro de Economía.
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