El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, entiende que en el último tiempo hubo comportamientos de "algunos sectores o protagonistas de la política" que generaron una crisis institucional en la provincia de la que “debe salirse rápido”. De reconocida trayectoria académica en el ámbito penal, dialogó con Letra P ante la inminente segunda ola de covid, que atenta contra la presencialidad del Poder Judicial, y tocó todos los temas de la agenda santafesina.
La disputa entre parte del Senado y el Ministerio Público de la Acusación, principalmente por el control y la sanción de fiscales, es uno de los focos de esa crisis. El ministro rosarino, que lleva cuatro gobernaciones en su cargo, entiende que ese punto es clave, por eso pide un monitoreo interdisciplinario y retoques en el nuevo sistema procesal penal. “No creo que todos los diputados, senadores o jueces, sean expertos para controlar el sistema”, afirma.
- ¿Es posible avanzar con restricciones de presencialidad en el Poder Judicial?
- Evaluaremos implementar un sistema de turnos para limitar el acceso. Lo que preocupa en Rosario es porque hay 5 mil personas por día en los Tribunales por más que los abogados puedan acceder a las actuaciones por el sistema informático.
- ¿Pidieron al gobierno santafesino vacunar al Poder Judicial?
- Sí, pero no a todos. Defensorías, juzgados de familia y unidades fiscales están en la trinchera con un nivel de exposición muy superior a grupos que se están vacunando. La Corte se autoexcluye.
- ¿Se demoró la puesta en marcha del sistema informático y la pandemia lo expuso?
- Quedó expuesto en la interacción de los actores, pero se superó. El sistema reemplaza los problemas del expediente papel y le da comodidad al abogado, pero no resuelve los tiempos de los procesos que es lo importante.
- ¿Cómo se resuelve eso?
- Cambiando los modos de litigación y aplicando tecnología a un sistema de audiencia pública y oral sin papel.
- ¿Dónde se traba la demorada puesta en marcha del nuevo Código Procesal Civil y Comercial?
- Depende de la Legislatura. Debe haber rápidamente una reforma civil porque es el fuero de mayor porcentaje de conflictos y desde donde se pueden construir mensajes de responsabilidad, no así con un sistema de expedientes.
- La reforma procesal penal permitió ganar en la trazabilidad en los procesos, pero se siguen reclamando retoques. ¿Qué opinión tiene?
- Debe consolidarse, aunque no hay punto de comparación con el sistema anterior. Rosario tiene una conflictividad penal muy alta. Si tuviese la complejidad de Córdoba, este sistema penal funcionaría como un reloj.
- ¿Se refiere a retoques en el Ministerio Público de la Acusación (MPA)?
- Consolidar la reforma no es sólo pensar en el MPA. Un ejemplo: el colegio de Rosario tiene 34 jueces como con el sistema anterior, pero en funciones son 26 porque hay vacantes y licencias. Es un problema serio. ¿A la política no le interesa esto?
- ¿Y cómo se hace esa consolidación para mejorar el sistema vigente?
- Con un fuerte liderazgo político y monitoreo permanente de una comisión con los poderes del Estado articulados, y sí o sí una asistencia técnica de expertos no gubernamentales. Porque no creo que todos los diputados, senadores o jueces, sean expertos en este tipo de sistemas para ejercer un monitoreo o control del sistema.
- Hay mucha crítica sobre la falta de controles para detectar irregularidades de fiscales.
- Los fiscales involucrados en delitos hubiesen quedado debajo de la alfombra con el sistema de jueces de instrucción. Lo afirmo y lo demuestro a quien quiera.
- El sistema posibilitó exponer los casos, pero aún así parece que debe mejorarse.
- Algunas situaciones no tuvieron un trámite acorde en la Legislatura después de la ley donde los legisladores asumieron la facultad disciplinaria. Hubo fiscales que siguieron trabajando con denuncias muy graves. Se tomaron medidas cuando saltó la causa del juego ilegal.
- ¿De quién es responsabilidad?
- Cada uno debe asumir su responsabilidad. En los últimos dos o tres años, la potestad disciplinaria la tuvo la Legislatura, no un tribunal de enjuiciamiento o la Corte.
- ¿Qué piensa de la plena potestad disciplinaria sobre fiscales y defensores que se otorgó la Legislatura?
- La última ley disciplinaria está pendiente en la Corte y no podría dar opinión. Lo que sí digo es que la Corte en 2010 fijó posición cuando el procurador Agustín Bassó planteó la inconstitucionalidad de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Por mayoría dijo que las leyes eran válidas, resignando incluso la potestad disciplinaria que le concede la constitución provincial en aras de un tribunal de juicio político como preveía la ley 13.013.
- ¿Cree que ha caído el nivel institucional en Santa Fe con la disputa de la Legislatura y el Ministerio Fiscal?
- No voy a negar el problema institucional tras una serie de hechos. No me pareció nada bueno cuando la Legislatura se reunió sólo para criticar con nombre y apellido a los jueces de la Cámara Laboral que fallaron sobre la invalidez de la ley de remoción de fiscales. Hay que levantar un poco el pie del acelerador.
- ¿Se refiere al Senado u otro sector?
- Ha habido problemas de todo tipo, jugadas feas y sucias. El otro día vi un panfleto perverso que descalificaba a un fiscal. Me recordó a los servicios de inteligencia de otras épocas. Eso tiene una apoyatura atrás.
- ¿Se han pasado los límites?
- Corremos el riesgo de pasarlos. Hay que tener cuidado porque los límites hacen a una república.
- ¿Hay conciencia de esto?
- Todos lo que dicen defender la política deberían empezar a preocuparse de que estas cosas pasen en Santa Fe.
- ¿Tuvo algún episodio en que la política haya cruzado un límite con usted?
- Nunca un gobernador o un ministro de Justicia me llamó para pedir o insinuar algo. Tampoco lo permitiría, pero quiero señalar que eso es sano. Por eso dan pena los hechos que generan una crisis institucional que involucra a algunos sectores o protagonistas de la que hay que salir rápido.
- ¿El ex ministro Sain puede volver a su cargo en el MPA?
- En principio parece sencillo: pidió licencia y se la concedió el fiscal general. Si interrumpe su licencia se supone que debe volver a su cargo salvo que haya algún obstáculo legal que no conozco. El que debe resolver es el fiscal general.