14|6|2021

La disputa entre el gobierno porteño y la Nación por las clases presenciales expresa la incapacidad del oficialismo y de la oposición de construir consensos.

Hace un año, cuando se desató la pandemia por el coronavirus y se decretó el confinamiento total de la población, algunos se ilusionaron con el advenimiento de un nuevo orden mundial en el que primaría un espíritu de cooperación global, consciencia social y responsabilidad individual. El virus arrasaba impiadosamente los límites fronterizos de una geografía imaginaria, incluso aquellos que dividen a la Capital Federal del conurbano, cuyo destino marginal había quedado sellado en 1941, al inaugurarse la Avenida General Paz.

 

Por un breve lapso de seis meses, tanto el Presidente de la Nación como el Jefe de Gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires reconocieron la necesidad de dejar de lado sus diferencias históricas e ideológicas para acordar una política sanitaria en común que pudiera frenar el avance del coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

 

Durante los meses en los que primó la concordia, la imagen de los tres mandatarios alcanzó niveles récord de aprobación. La imagen positiva del presidente Alberto Fernández llegó a superar el 80%, la de Axel Kicillof y la de Horacio Rodríguez Larreta cerca del 70%. 

 

Sin embargo, a medida que se extendió el confinamiento y se profundizó la crisis económica, las diferencias entre el gobierno de la Provincia y el de la Ciudad se fueron acentuando hasta alcanzar el nivel de confrontación actual.

 

La reciente decisión de Larreta de involucrar al máximo tribunal de justicia para resistir el cierre de las escuelas decretado por el gobierno nacional, es una apuesta, cuanto menos, riesgosa. Si la Corte le da la razón pero el sistema de salud porteño colapsa, tendrá que asumir personalmente las consecuencias. Si logra contener el ritmo de contagios con las escuelas abiertas se habrá anotado una victoria importantísima de cara a las elecciones legislativas de este año.

 

Al judicializar el conflicto político, el alcalde porteño decidió escalar la confrontación con el gobierno nacional agravando la crisis institucional que tiene el sistema político argentino. Algunos aplauden la decisión mientras que otros acusan a la oposición de ser cínica e irresponsable. ¿Era necesario involucrar a la Corte Suprema? ¿Era conveniente?  ¿No hubiera obtenido el mismo rédito la oposición, en términos de la opinión pública, si expresaba su desacuerdo a las medidas del gobierno nacional, pero las acataba por 15 días? ¿Le conviene a Rodríguez Larreta obtener un fallo favorable que le permita mantener las escuelas abiertas en el actual contexto?

 

La disputa entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional en torno de la presencialidad en las escuelas expresa la incapacidad del oficialismo y de la oposición de construir consensos en pos del bienestar de una sociedad golpeada, frágil e inestable.

 

La batalla por conquistar las subjetividades se juega impiadosa y descarnadamente en los medios de comunicación, en los pasillos de los tribunales de justicia, en los grupos de chat, en la mesa familiar y en las reuniones de amigues. No se trata de un simple juego dialéctico sino de un peligroso juego de poder que pone en peligro la salud y la supervivencia de millones de personas.

 

Los conflictos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto de las provincias se remontan al principio de nuestra historia cuando, en su afán civilizatorio, las elites dominantes avanzaron en su plan de diferenciarse, transformando a Buenos Aires en una metrópolis que estuviera a la altura del resto de las urbes internacionales.

 

Sin embargo, lejos de París, de Londres y de Nueva York, Buenos Aires corre el riesgo de parecerse cada vez más a las grandes ciudades de Brasil donde, a pesar de estar viviendo una catástrofe humanitaria, el presidente ataca a los dirigentes que imponen cuarentenas, toques de queda y restricciones para intentar frenar la circulación del virus.  

 

Desde su creación en 1880, la ciudad de Buenos Aires fue concebida como un territorio independiente y autosuficiente. La constitución de 1994 terminó de legitimar su centralidad política, cultural y económica en detrimento de la Provincia de Buenos Aires.

 

La Avenida General Paz se consolidó como una grieta, se materializó como un límite real, más que simbólico, basado en antinomias falsas, acentuando las diferencias entre dos mundos, en apariencia, antagónicos.  

 

Aproximadamente la mitad de las personas que trabajan en la Ciudad residen en el conurbano. La mayoría depende del transporte público para asistir a sus lugares de trabajo. Por esta y otras razones, la situación sanitaria demanda cordura, sensatez y cooperación para superar una crisis multidimensional que está profundizando las desigualdades en nuestro país.

 

El contraste entre la Ciudad y el conurbano es evidente, la interdependencia que existe entre ambos territorios también. No se puede pensar el uno sin el otro. No se puede pensar en uno y no en los otros.