CAJA FORENSE DE ROSARIO

Intrigas políticas y escándalo financiero calientan una elección de abogados

La puja es por una caja de 600 millones de pesos. Una operación fallida que terminó en la Justicia y padrinazgos de todos los colores.

Una apuesta financiera millonaria que bordeó el abismo calienta la previa de las elecciones para renovar parcialmente el directorio de la Caja Forense de Rosario, entidad que está parada sobre unos 600 millones de pesos anuales con los que presta cobertura de salud y tutela los honorarios de los abogados rosarinos.

 

Este miércoles irán a las urnas tres listas para renovar un director o directora titular y su suplente, cargos determinantes en el directorio compuesto por abogados y procuradores porque definen lineamientos y al presidente de la entidad. La institución se nutre de unos 7.000 afiliados que deben completar aportes anuales por 85.000 pesos a partir de su actividad profesional, lo que genera una estructura millonaria que explica la puja feroz por su conducción.

 

El actual titular de la entidad, Lisandro Picasso Netri, es el candidato junto a Alicia Carrió por la lista Consenso Gremial, compuesta por una gama amplia de líneas políticas que van desde el radicalismo del diputado Julián Galdeano, el PRO de Federico Angelini, el socialismo y hasta algunas vertientes de dirigentes del espacio antiaborto. El ambiente judicial junta sin miramientos lo que la política de palacio no puede. 

 

Picasso Netri y Carrió, candidatos de la lista oficialista Consenso Gremial

Este espacio perdió en 2019 las elecciones en el Colegio de Abogados de Rosario contra Foro Unido, de representación justicialista aunque sin terminal en el gobierno provincial, agrupación que ahora buscará las dos sillas del directorio con las candidatas Rosanna Hipólito y Laura Vicario, actual directora suplente que buscará su renovación. Por lo tanto, esta lista también tiene una pata de oficialismo como Consenso Gremial. Entre ambas parece estar la competencia.

 

La tercera lista es Acción Gremial, que lleva de candidatos a Gonzalo Campero y Antonella Oliveto quienes se definen como representantes del abogado que camina los pasillos de Tribunales. Según explican, no tienen terminales políticas más allá de que para disputas anteriores en la Caja y en el Colegio hayan tenido el apoyo de concejales PRO como Roy López Molina, Renata Ghilotti, y Germana Figueroa Casas que ahora está en el oficialismo. Ahora, los empuja el radical suelto y expresidente de la Caja, Eugenio Malaponte

 

Operación ¿financiera o política?

Una inversión con riesgo financiero millonario fue el hecho que agitó la previa de las elecciones. Fue una pelota que dio en el fleje, y que para algunos picó adentro y ganó el set y, para otros, se fue afuera de la cancha. La oposición denunció que el candidato y actual presidente de la entidad, Lisandro Picasso Netri, sin autorización del directorio invirtió en 2019 cerca de 11.780.000 de pesos en cheques de pago diferido garantizados con warrant.

 

La versión que circuló estos días a través de WhastApp y en los pasillos los juzgados cuenta que la sociedad financiera a través de la cual se hizo la inversión, Rosario E-Trader, entró en default y se presentó en concurso preventivo, donde Caja Forense tuvo que verificar su crédito. “La apuesta financiera fracasó y todos los afiliados fueron defraudados. Todavía no se recuperó un peso”, denuncia un texto que no suscriben con firmas las listas opositoras, pero han viralizado.

 

El oficialismo metió mano en la comunicación política que tiene aceitada por sus terminales partidarias y dieron vuelta la versión: se sacó adelante la deuda y rescató más de lo que se había invertido. “Mirá qué mala habrá sido la inversión que pusieron 12 millones y recuperaron 15”, dijo con ironía un dirigente de Consenso gremial a Letra P

 

El directorio actual explicó que la inversión fue segura, estuvo respaldada por el Mercado Argentino de Valores (MAV) y que, una vez detectada la deuda, firmaron un acuerdo para la recuperación del total de la suma más los intereses que redondean unos 15 millones de pesos. “Lamentamos profundamente que un sector haya elegido realizar una campaña que, por medio de mentiras, no tiene otro objetivo que atemorizar con el objetivo de conseguir un rédito político. Una actitud de bajeza nunca vista”. 

 

El candidato de Acción Gremial, Gonzalo Campero, afirmó a Letra P que las autoridades aceleraron un acuerdo pero todavía no se recuperó el dinero. “Esas reservas se pudieron utilizar durante la pandemia, en cambio, se descuidó al afiliado y no se lo acompañó en momentos en que los profesionales estuvieron por momentos con cero actividad”, dijo.

 

El oficialismo respondió: “Los resultados están a la vista y en las antípodas de lo que señalan estas versiones falaces: se brindó una cobertura de excelencia, sin aumentar el mínimo anual durante todo el año, sin dar de baja a ninguno de nuestros afiliados y su grupo familiar”.

 

Debate. El ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, en plena defensa del proyecto ante los legisladores. 
Horacio Rosatti, el gobernador Pullaro y Santiago Mascheroni, los tres posaron junto a un cuadro del Brigadier Estanislao López. 

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