A pesar de sus diferencias internas, el interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados cerró el 2020 con coincidencia casi monolítica y cohesionante: frenar cualquier intento del oficialismo por transformar en ley los dos proyectos del Gobierno que había aprobado el Frente de Todos con su mayoría propia en el Senado. La decisión tiene sus limitaciones, porque la alianza opositora sólo tiene 115 escaños, pero se mantendrá durante todo este año electoral y se extenderá para las iniciativas que el presidente Alberto Fernández mencionó el 1° de marzo. Sin embargo en ese menú habrá matices con una eventual reforma del Consejo de la Magistratura.
El encargado de llevar adelante esos menesteres dentro del recinto es el diputado Pablo Tonelli, secretario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político. De las dos, la más importante es la primera y ahora está en manos del chubutense Gustavo Menna (UCR), vicepresidente de la comisión en reemplazo de Pablo González. En diciembre, el santacruceño dejó la banca para asumir la presidencia de YPF y abrió la puerta para que el radicalismo quede al frente. Es uno de los territorios obligados por donde pasarán los textos que envíe el Ejecutivo y, junto a la comisión de Justicia, que encabeza el kirchnerista Rodolfo Tailhade, recibió el giro de las reformas del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, donde están frenadas desde el año pasado.
La escudería judicial de JxC es compartida por Tonelli, Menna y el jefe del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López. Son secundados por el mendocino Luis Petri (UCR) y la porteña Paula Oliveto (CC).
Los cinco diputados tienen tres contrapartes en el Senado: el radical Luis Naidenoff (Formosa), que preside el interbloque cambiemista, y los macristas Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, que detentan la mayoría cordobesa de la Cámara alta.
En el recinto de las provincias, el oficialismo aplicó su mayoría de 41 votos para aprobar ambas iniciativas, pero luego de atender el reclamo de distintos gobernadores del PJ que pidieron la creación de juzgados federales en sus territorios. Resuelto ese punto, antes del tratamiento del Presupuesto 2021, el Frente de Todos le garantizó al Ejecutivo los votos necesarios frente a un interbloque opositor que suma 26 votos.
La agenda en Diputados estará concentrada en mantener pisado el freno a los cambios judiciales. En el conglomerado opositor anticipan una negativa cerrada con la eventual creación de una comisión bicameral para controlar el Poder Judicial y de un tribunal que analice los casos que deben llegar a la Corte Suprema.
Fernández también prometió el envío de una iniciativa para reformar el Consejo de la Magistratura, a partir de las recomendaciones del Consejo de Asesores que convocó el año pasado. Hasta ahora es un título, porque su contenido se desconoce, pero la idea genera distintas reacciones. Dentro del oficialismo, como contó Letra P, genera resistencias. En JxC, en tanto, están dispuestos a estudiar el proyecto que envíe el Ejecutivo. Aseguran que podrían existir coincidencias con el proyecto que presentó Tonelli hace tres años para reformar el organismo creado para la sanción, remoción y nombramiento de jueces, camaristas y defensores.
La posibilidad es analizada con cautela entre los legisladores opositores, porque consideran que el discurso presidencial del 1° de marzo los sorprendió más de lo previsto. "Pensábamos que iba a insistir con su prédica contra el Poder Judicial, pero no esperábamos tanta virulencia y tanta falta de precisiones y detalles", explicaron en el PRO. Sin fisuras en el interbloque de Juntos por el Cambio, consideran que el discurso fue "vacío", pero suficiente como para aprovechar el impacto dentro de la coalición para aglutinar a su propia tropa y contar con los aliados tácticos que tienen en temas judiciales, como el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti.
"Esto nos ayuda con los bloques del medio", aseguran con entusiasmo en los dos principales socios del conglomerado que tiene 115 votos. No cuenta con los votos suficientes para frenar los proyectos, pero su peso se amplifica con la resistencia del lavagnismo y de los cuatro cordobeses para marcar una línea que supera los 130 votos y es una frontera por ahora infranqueable para el oficialismo.
