Brecha de género

La menstruación también es política

Los productos de gestión menstrual no son optativos. Un dato más sobre la desigualdad.

El martes 15 de diciembre algunos varones vieron, con cierta indignación, una mancha roja en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Lo que ocurría ahí adentro era inédito para la política argentina pero no por los colores sino por las razones: se realizaba, con la participación de referentes de distintos sectores, el primer foro de acciones para alcanzar la Justicia Menstrual. Vestidas de rojo, más de cien funcionarias nacionales y provinciales se reunieron por primera vez para visibilizar que la menstruación es un factor de desigualdad. Traducido: en la Argentina, las personas que menstrúan (más de 12 millones) destinan entre $2.635 y $3.805 anuales para comprar los insumos necesarios durante el período, alrededor de una AUH. Con la pandemia y la reducción de ingresos sobre todo en los sectores más vulnerables, desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, a cargo de Mercedes D’Alessandro y desde la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Cecilia Gómez Mirada decidieron reunir los diferentes esfuerzos dispersos en el país y en el Estado para articular iniciativas existentes y generar nuevas que contribuyan a disminuir la brecha de género. “Detectamos que muchas mujeres estaban enfrentando problemas para gestionar su menstruación. De hecho, en una familia de bajos ingresos en la que hay cuatro o cinco mujeres que menstrúan, el presupuesto para comprar toallitas o tampones es muy grande y el riesgo es que terminan utilizando más tiempo del necesario un mismo producto o métodos poco higiénicos y que perjudican la salud”, describe la economista. Según el relevamiento que se difundió en el Foro, siete de cada diez personas que menstrúan debieron modificar el hábito en el uso de estos productos por dificultades económicas. 

 

Gómez Mirada destaca la transversalidad del encuentro y del tema: “La idea es que tenga carácter transversal y federal. Si la Argentina es vanguardia en derechos humanos, este tema no puede estar ausente de esa agenda”. El espacio, que se consolidó en un grupo de WhatsApp y en reuniones virtuales, incluye a la presidenta de AySA, Malena Galmarini (en donde las trabajadoras van a recibir dos sets de productos, uno sustentable y otro industrial); la presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, Norma Durango; la de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha; referentes de la Red de Concejalas y funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo, Educación y Medio Ambiente, y de ANSES, AFIP e INDEC, entre otras.

 

La menstruación como factor de desigualdad no es novedad. En el Congreso Nacional hay 19 proyectos que van desde la provisión gratuita hasta la promoción de elementos de gestión menstrual sustentables y la desgravación del IVA a estos productos. Según los datos relevados por la Dirección de Economía, Igualdad y Género, la recaudación por el IVA del rubro representa unos 328 millones de pesos. Un gravamen que pagan sólo las mujeres sobre productos que no son optativos.

 

Pobreza menstrual

En el mundo también se trabaja en la línea de la “pobreza menstrual”. Organismos internacionales como ONU Mujeres impulsan este eje de trabajo y países como los Estados Unidos e Inglaterra eliminaron el impuesto al valor agregado para los tampones. Escocia es el primer país del mundo que distribuye productos de gestión menstrual gratuitos para toda la población. En la Argentina, la primera dependencia en activar la Justicia Menstrual fue hace pocos días la Policía de Seguridad Aeroportuaria –en el marco de un programa del Ministerio de Seguridad-, que compró copas menstruales para todo su personal y las distribuye regionalmente junto con el dictado de talleres sobre el uso y sensibilizaciones para las autoridades.

 

Una de las medidas tomadas durante la pandemia para reducir los costos de las toallitas y, en especial, de los tampones, fue la inclusión de los productos en el programa Precios Cuidados. Esta medida significó una baja del 78,5% en el caso de los tampones. Sin embargo, según datos del segundo trimestre del año pasado, para las familias de los sectores de menores ingresos el precio sigue siendo elevado: el costo anual individual de la alternativa más barata (toallitas en Precios Cuidados), equivale a un 44% del ingreso mensual de una persona del decil más bajo de ingresos. En coincidencia con las cuentas que hace D’Alessandro: en un hogar pobre con dos mujeres que menstrúan, se gasta anualmente el equivalente a poco menos de un mes entero de ingresos. El impacto recae más fuertemente sobre las mujeres jóvenes, las más afectadas por la crisis sanitaria: la tasa de desempleo en ese sector alcanzó el 28,5% también de acuerdo con datos del segundo trimestre del año pasado. 

 

Gómez Mirada explica que entre los próximos pasos está armar una mesa de trabajo junto con la oposición en el Congreso para tratar de unificar los distintos proyectos sobre el tema y destaca, otra vez, la transversalidad entre las mujeres para dar las batallas vinculadas con los temas de género.

 

Cuando se difundió la iniciativa, los detractores convirtieron “Ministerio de la Menstruación” en tendencia en las redes sociales y llovieron críticas sobre el “gasto” que representa para el Estado la adquisición de productos de gestión menstrual. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ya llamó a licitación para comprar y distribuir estos elementos a las mujeres de sectores populares y a quienes están privadas de libertad. Y en un acto en el que se distribuyeron las copas menstruales, el jefe de la PSA, José Glinski fue enfático: "Creemos que es importante visibilizar las diferencias existentes en todos los aspectos para que podamos suprimir todas las desventajas con las que cuentan las mujeres. Una de ellas es el gasto que les produce ser personas menstruantes y que no tienen los hombres".

 

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