Desafectazo

La Bonaerense: ante nuevo foco de revuelta, Kicillof golpea a rebeldes 2020

Asuntos Internos sancionó a 200 policías que participaron de las protestas anteriores. Hay 800 casos más en estudio. La herramienta: un decreto de Scioli.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a jugar fuerte para sofocar los nuevos focos de rebelión en la Policía bonaerense (amenazas de sirenazos y brazos caídos) con sanciones a quienes se plegaron a la revuelta de 2020. Mediante una resolución de Asuntos Internos (AI) del Ministerio de Seguridad, desafectó unos 200 uniformados de la región AMBA Oeste que participaron del reclamo salarial y hay otros 800 casos en estudio.

 

Como informó Letra P, el plan de una facción de “la familia policial” es realizar este jueves una jornada de protesta en reclamo de mejoras salariales y operativas y, en el mejor de los casos, conseguir una foto similar a la de la sublevación de septiembre de 2020, que puso en jaque a la conducción de la fuerza y hasta el propio Berni.

 

Asuntos Internos dictó una resolución para desafectar a varios integrantes del colectivo policial. Los acusa de una presunta infracción al decreto 1050/09, que fue firmado por el exgobernador Daniel Scioli y su ministro de seguridad, Carlos Stornelli. Se trata de la normativa que regula el ingreso y la permanencia dentro de la fuerza policial, entre otras funciones.

 

En la norma vigente se establece el ingreso, la estabilidad, los derechoslos , deberes y las licencias del personal policial y empodera como autoridad de aplicación al Ministerio de Seguridad provincial.

 

En paralelo a un borrador de 21 puntos que circula entre integrantes de la fuerza pero que no lleva una voz cantante y llama a protestar y salir a la calle el próximo 11 de febrero, el gobierno bonaerense acelera la entrega de patrulleros en distintos puntos del conurbano. Las unidades son las que consiguió la Provincia luego del lanzamiento del Plan Integral de Seguridad, que Kicillof anunció para dar por terminado el reclamo policial de septiembre del año pasado. El gobierno bonaerense gestionó el dinero con el gobierno nacional, lo descentralizó a los municipios y las intendencias comenzaron con el plan de adjudicación.

 

La desafectación de servicio no implica la salida de la fuerza. Es una medida disciplinaria previa, que quita el 50% del salario, mancha legajos y obtura ascensos en el escalafón, entre otras consecuencias, hasta que los expedientes sean resueltos por la vía administrativa interna. Por su parte, los afectados tienen la posibilidad de pedir una medida cautelar en la justicia ordinaria (Contencioso Administrativo), para que se deje sin efecto la sanción suspensiva de AI y sean repuestos en sus destinos hasta que se resuelvan las inspecciones sumariales administrativas (conocidas como ISA) en curso.

 

Recuerdos que no mienten

En septiembre de 2020, la protesta policial que comenzó en la zona sur del conurbano (la Tercera sección electoral, un bastión histórico del peronismo) se trasladó hasta la puerta de la quinta presidencial en la localidad de Olivos. Esa caravana de sirenas fue repudiada por la mayoría del arco político y gremial del país. “No es la forma ni el lugar”, coincidieron para sellar (por un instante) la grieta.

 

Tras la protesta, el gobierno nacional quitó el excedente de coparticipación que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los fondos fueron redireccionados y afectados al servicio de seguridad en la provincia más importante del país, por peso demográfico, productivo y electoral.

 

También mostró la inacción de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, cuyo titular, el vidalista Marcelo Conte Grand, fue acusado de no dar instrucciones a los fiscales para que investigaran y denunciaran a los uniformados rebeldes.

 

Sirenazo

La primera tanda de policías desafectados se consumó este lunes 8 de febrero, el mismo día en que en la zona norte de La Plata se llevó a cabo un “alarmazo” de ciudadanos cansados de la inseguridad. La protesta se escuchó con fuerza: durante varios minutos se escucharon alarmas de viviendas, autos y bocinas. Uno de los epicentros fue la localidad de Villa Elisa, donde el domingo 7 de febrero asesinaron a un abogado militante de La Cámpora en extrañas circunstancias.

 

Nicolás Maduro Guerra.
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