El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, declaró inconstitucional la decisión del presidente, Mauricio Macri, de nombrar por decreto, a los magistrados Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, como futuros integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Ramos Padilla, que integra la agrupación "Justicia Legítima" (cercana al ex gobierno nacional) dio curso al amparo presentado por el militante kirchnerista, Mariano Orbaiceta, quien había pedido que se anule este proceso iniciado por el jefe de Estado.
“La presentación la hice a título personal, aunque reivindico mi condición de militante social y político, enrolado en el kirchnerismo” afirmó Orbaiceta a Letra P,
“Como ciudadanos y como políticos no estamos de acuerdo con estas formas. No es la manera, y además, tampoco es real la urgencia. Una de esas vacantes hace más de un año que está sin designar, y el macrismo no hizo nada, de hecho, se negó a tratar las propuestas que elevó la ex presidenta, Cristina Fernández” aseguró.
Orbaiceta aclaró que en su condición de presidente del Partido Nuevo Encuentro de Chascomús, hizo la presentación con el aval del titular de esa formación política, Martín Sabbatella.
El fallo establece una medida cautelar, que suspende la asunción de los juristas bajo el formato de decreto, y le advierte a la Corte Suprema, que no les podrá tomar juramento.
Y se deja constancia, que ambas candidaturas, podrán seguir el curso habitual de designación, si el Senado decide aprobar en sesión ordinaria, ambos pliegos.
El fallo aceptó a Orbaiceta como parte porque “no existen dudas de que la Corte Suprema cuya composición se impugna tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y que todos los ciudadanos pueden verse afectados si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el P.E.N., sin acuerdo del Senado de la Nación y sin siquiera poder ejercitar el derecho que les acuerda el decreto 222/03” de autolimitación, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner.
Según la acción judicial, “a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta”.