11|4|2021

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“El día que no me sensibilice o no me indigne, dejaré la función pública”

23 de febrero de 2021

23 de febrero de 2021

Las respuestas después del femicidio de Úrsula Bahillo. Críticas a la actuación de la Justicia. 

Abogada penalista, la secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad fue secretaria de Seguridad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde resultó electa concejal por el Frente de Todos en las últimas elecciones. Pidió licencia en la banca porque decidió aceptar un cargo en el Ejecutivo. Desde allí participó activamente en la confección y puesta en marcha del Plan nacional de Acción 2020-2022 contra las Violencias por motivos de Género que se presentó el 3 de julio del año pasado con la presencia del presidente Alberto Fernández. Josefina Kelly cree que el camino iniciado hace poco más de un año por el Ministerio de Géneros es el correcto y está convencida de la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género.  

 

-Frente a casos como el femicidio de Úrsula Bahillo, se le plantean demandas al Ministerio de Géneros. ¿Qué respuestas tiene?

 

-La demanda al ministerio es absolutamente legítima en cuanto a la creación y a la puesta en marcha de políticas públicas, tanto de la prevención como asistencia, fortalecimiento de acceso a la justicia, protección y, lo que decimos siempre, las políticas de igualdad, que claramente son de las mayores políticas de prevención de las violencias: achicar las brechas de desigualdad. Sabemos que los femicidios ocurren, que hace 20 años la tasa de femicidios se mantiene, que hace un año tenemos Ministerio, pero no podemos dejar de hablar del caso Úrsula y su punto de inflexión, y es la administración de justicia. Úrsula había denunciado en reiteradas oportunidades y cuando hablamos de una reforma judicial integral, sabemos que es necesario que tenga perspectiva de género. ¿Y por qué perspectiva de género? Porque en el Poder Judicial falta una escucha atenta y empática a la persona que va a denunciar o a la persona que está atravesando una causa de familia o una investigación penal. Sabemos que las respuestas tienen que ser enmarcadas en los instrumentos de derechos humanos de los cuales el Estado argentino forma parte y sabemos que es necesario contar con indicadores de riesgo para que las medidas de protección que se tomen sean acordes a las necesidades de cada caso. Y en este las mediciones de riesgo claramente no fueron efectivas. Es necesario que haya un seguimiento de las medidas de protección que se toman, que los casos de violencia de género sean contextualizados y que, realmente, tanto en el fuero de familia, por supuesto, pero también en el fuero penal, es fundamental que los casos en contexto de violencia de género sean investigados como tales.

 

-¿Y en relación con el ministerio en general, qué demandaría usted si estuviera del otro lado?

 

-El ministerio se debe a los movimientos feministas, a los feminismos. Cuando arrancamos el Plan Nacional, lo hicimos a través de foros con las distintas jurisdicciones para la construcción de esas políticas públicas. Se eligieron las universidades públicas porque sabíamos que eran espacios de debate, y ahí participó toda la sociedad civil. Una crea políticas públicas nacionales, pero eso después se tiene que implementar en cada una de las provincias y por eso era necesario escuchar las particularidades y los contextos territoriales, también para pensar esas políticas. Así que, en cuanto a demandas al ministerio, nuestra hoja de ruta es el Plan Nacional, en el que hay un montón de acciones, hubo un año de implementación de programas que ya están funcionando -como la Campaña Nacional de Prevención o el Programa Acompañar- y hay muchas acciones fijadas para este año.

 

-Casos como el de Úrsula, ¿le hacen replantearse cosas o está convencida de que van por el camino correcto?

 

-Siempre una se replantea. Primero parto de que los femicidios son un fenómeno complejo, hay un problema estructural que necesitamos trabajar muy fuerte como sociedad. Para nosotras es clave detectar tempranamente distintas situaciones y tipos de violencia y esto lo estamos trabajando tanto con los gobiernos provinciales y locales como con las promotoras que están en el territorio. Estoy convencida del Plan Nacional que presentamos, que incluye muchos programas para el abordaje de las violencias, pero también la realidad es que una no se para frente a una planificación normativa si no entiende que todo el tiempo, desde el Estado, hay que generar y generar herramientas para temas tan complejos. El día que no me sensibilice, o no me indigne o no me preocupe por generar ese tipo de herramientas, tengo que dejar la función pública. Pero sí voy a rescatar el plan que tenemos, estoy convencida de lo que nosotras entendemos por el abordaje integral de las violencias y el Programa Acompañar es un ejemplo clave en eso porque implica apoyo económico durante seis meses de un salario mínimo vital y móvil y también la firma de convenios con las provincias y con los municipios para el abordaje psicosocial y jurídico de los casos de violencia. Cuando hablamos del trabajo multiagencial, de generar una articulación es porque es necesario dar respuestas integrales, aunar los esfuerzos de los poderes ejecutivos provinciales, municipales y nacional para que las respuestas sean acordes.

 

-Hace pocos días salió la resolución de creación del Sistema integrado de casos de violencia por motivos de género y también se anunció el  Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. ¿Es necesario crear un nuevo espacio para trabajar sobre los femicidios?

 

-Sí, porque el objetivo es trabajar articuladamente a través de un consejo con las provincias, con los municipios, con los distintos actores que tienen competencia en la materia y en el que se puedan poner pisos mínimos en común de un calendario de trabajo. En el caso del Sistema Único de denuncias, va a permitir que toda la Argentina tenga un sistema unificado de denuncias por violencias por motivos de género, para que trabajemos con indicadores de riesgo, que es un piso mínimo. Pero también nos va a permitir registrar los casos que se intervienen desde áreas de la mujer hasta hospitales públicos. Lo que nos permite tener es, por un lado, números reales de casos de violencia de género, pero, por otro lado, hacer un monitoreo de las intervenciones.

 

Reforma judicial 

-Una de las propuestas surgidas inmediatamente después del femicidio de Úrsula fue un proyecto de ley de diputadas del Frente de Todos para que un agresor sea detenido en casos de incumplimiento de una restricción perimetral en una causa por violencia de género y también agrava las sanciones a los funcionarios públicos por omisiones o dilaciones en la asistencia y protección de las víctimas. ¿Cómo evalúa este tipo de repuesta?

 

-La respuesta punitiva nunca es la respuesta a los casos de violencia de género. Claramente hay determinadas cuestiones transversales en la administración de justicia que no se están cumpliendo, pero para mí la respuesta nunca tiene que ser punitivista.

 

«En el Poder Judicial falta una escucha atenta y empática a la persona que va a denunciar o a la persona que está atravesando una causa de familia o una investigación penal»

-Habló de una de reforma judicial con perspectiva de género. Hay un proyecto de reforma judicial del Poder Ejecutivo que está en el Congreso y que tiene muy poca perspectiva de género.

 

-La reforma que hoy está en el Congreso es un proyecto. Luego de la presentación, el Presidente recibió a distintos expertos que le elevaron un informe con otras propuestas. Cuando hablamos de reforma integral estamos hablando también de incluir otras aristas que hacen a la integralidad de la administración de justicia.