Chiara Páez, Melina Romero, Ángeles Rawson, Daiana García. Detrás de las cifras de femicidios de mayo de 2015 estaban esos nombres y tantos otros Todas adolescentes, todas asesinadas por su condición de género. Esa sucesión de crímenes de odio generó la primera movilización Ni Una Menos el 3 de junio de ese año. El 19 de octubre de 2016, las mujeres volvieron a manifestarse masivamente en las calles luego del asesinato de Lucía Pérez, de 16 años, en Mar del Plata. A esa altura, nadie dudaba de que los feminismos eran capaces de marcar agenda en la política.
El femicidio de la joven de 18 años Úrsula Bahillo el 8 de febrero, en Rojas, provincia de Buenos Aires, se hizo visible por la represión policial que sufrieron sus amigas y amigos cuando fueron a manifestarse a la puerta de la comisaría del lugar en reclamo de justicia. Entonces se supo que su asesino es Matías Ezequiel Martínez, un policía de la Bonaerense, que había sido denunciado varias veces por Úrsula y por ex parejas. También se supo que las denuncias habían sido desoídas y que todo lo que podía fallar, había fallado. Las responsabilidades se reparten entre todos los poderes del Estado. El de Úrsula fue un femicidio anunciado.
Referentes del oficialismo como Ofelia Fernández, sectores de La Cámpora y de Nuevo Encuentro reclaman una reforma judicial feminista, una perspectiva que no estaba en los planes hasta ahora.
La actuación del juez de paz y de los fiscales del lugar está en la mira. De reacción rápida, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni montó su show mientras las funcionarias del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad provincial y del Ministerio nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad reconstruían el laberinto de desprotección que terminó con el femicidio de Úrsula. Se supo entonces que nadie –entre las personas responsables de actuar- había llamado al 144 para pedir asesoramiento en, por ejemplo, la evaluación del riesgo; que la recién creada área de Género de Rojas tiene una línea de ayuda que resulta ser el celular de la titular Carolina Olivera; que ya hubo otros casos de mujeres cuyas denuncias fueron pasadas por alto (inclusive tomó estado público el caso de una mujer que tuvo que huir del lugar, terminó viviendo en Rosario y gracias a eso puede contar la historia) y que, por acción u omisión, la cadena de responsabilidades es extensa y profusa.
El documento leído en el escenario el 3 de junio de 2015 ya daba cuenta de la necesidad de reformar la Justicia para dar crédito a la palabra de las mujeres que denuncian violencia. Ese año hubo varias y diversas respuestas, algunas oportunistas y otras oportunas.
A la demanda de un registro único de femicidios respondió la Corte Suprema de Justicia con uno que releva casos judiciales. A la demanda de patrocinio jurídico gratuito respondió el Congreso con una ley a fines de 2015: la convocatoria para su conformación ocurrió recién en 2018, en 2019 el cuerpo de abogadas (sólo mujeres), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, era de 12 para 13 jurisdicciones (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén, Catamarca, Santiago del Estero, La Plata, Resistencia, Corrientes, Paraná, Posadas y Formosa) y hoy llega a 35. También el Ministerio Público Fiscal, entonces encabezado por Alejandra Gils Carbó, creó la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) a cargo de Mariela Labozzetta, que interviene, con eficacia pero sólo a demanda, porque no tiene territorialidad.
Seis años después
En 2021 algunas cosas son distintas. La Ley Micaela (llamada así por Micaela García, una adolescente víctima de femicidio), que obliga al personal de todos los poderes del Estado a capacitarse en perspectiva de género, es un avance. Y, claro, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la gestión de Alberto Fernández, con presupuesto y la puesta en marcha del Plan Nacional contra las Violencias que figura como obligación del Estado en la ley 26.485, de abril de 2009. Hoy, entonces, hay programas, instituciones y herramientas. Sin embargo, en la actualidad, como entonces, cada 24 horas es asesinada una mujer por su condición de género. El problema de la violencia de género es estructural y no puede ser “resuelto” con respuestas efectistas e inmediatas. A la indignación y la bronca por el femicidio de Úrsula el Poder Ejecutivo respondió con una foto y un comunicado de prensa que anunciaba la creación, por un decreto presidencial que se conocerá en estos días, del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, cuyo objetivo será “desarrollar un ámbito de coordinación interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de ese tipo de delitos”. Según difundieron, este consejo estará integrado y coordinado por las máximas autoridades de los ministerios de Seguridad; Justicia y Derechos Humanos y de las Mujeres, Géneros y Diversidad y también formarán parte las autoridades de esas áreas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cada uno de los ministerios públicos fiscales de todos los distritos; y cada uno de los poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de este consejo, según trascendió, es articular con las provincias en la misma mesa, para que casos como el de Úrsula, en el que se vio claramente la descoordinación y el desconocimiento entre las fuerzas policiales, la Justicia y el Municipio no ocurran de nuevo. El sábado 13, además, se publicó en el Boletín Oficial, la creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) que reunirá la información disponible sobre casos de violencia por motivos de género, con la información aportada por todas las áreas del Estado de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Congreso también se hizo eco de la indignación y la demanda y un grupo de diputadas del Frente de Todos, encabezado por Carolina Gaillard (presidenta de la Comisión de Legislación Penal) presentó un proyecto que propone modificar el Código Penal incorporando un artículo por el cual un agresor podrá ir preso cuando incumpla con la restricción perimetral impuesta en una causa por violencia de género y aumenta la pena a autoridades o funcionarios que incumplan con sus deberes en el ejercicio de la función pública.
La abogada especialista en Derecho Penal, seguridad y políticas de género, Ileana Arduino, respondió a este proyecto punitivista con una serie de reflexiones que reflejan el pensamiento de numerosas feministas, inclusive compañeras de bancada e integrantes del Poder Ejecutivo: “Salvo mínimas excepciones, los procesos penales en Argentina duran promedio dos años, cuando el proceso importa. ¿Saben cuántas condenas por desobediencia hay en el país? Imposible saber; a ojo, poquísimas, porque no se producen datos. ¿Creen que aumentar penas será la solución y que entonces ahora va a haber? ¿En serio? Por otro lado, la mayoría de las provincias carece de mecanismos de control eficaces, si las penas, que quizás alguna vez se aplican, son mayores. ¿Qué van a resolver?, porque lo ideal es que no te hostiguen, ¿no? ¿En qué ayuda la amenaza penal? En ninguna provincia hay sistemas que distingan la evaluación de riesgo del riesgo letal, que es lo que haría alguna diferencia, y en muchísimos lugares las medidas son impracticables”. Como Arduino, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) sostiene que, más allá de las restricciones para los violentos, es imprescindible poner énfasis en las poíticas de “acompañamiento, sostén y seguimiento” por parte de los poderes ejecutivos municipales, provinciales y el nacional: “No hacen falta más propuestas efectistas, hay que ponerse a trabajar”.
La falta de red para quienes quieren salir del círculo de la violencia se vuelve una trampa: son las víctimas quienes tienen que denunciar una y otra vez los incumplimientos de las medidas restrictivas. “¿Sabrán que en la justicia civil nacional son las víctimas las que tienen que pedir que les renueven las medidas y las que se ocupan de notificar al agresor?”, les pregunta Arduino a las diputadas. Y cierra: “Hace unos años criticando a Macri por su banalización de estos temas dije en un artículo: 'Podemos afirmar que quien no tiene el menor interés en resolver un problema, apela a la demagogia punitiva'. Macri ya fue, el desinterés sigue. Ojalá el problema del punitivismo fuera solo Berni”.
Las responsabilidades están repartidas: la sociedad civil llevó el tema de las violencias a la agenda pública y, como dice Gherardi, “la responsabilidad de articular respuestas efectivas, concretas, adecuadas, es del Estado”.
