La decisión del Ministerio de Transporte de avanzar con la modificación de los criterios para el reparto de los subsidios tarifarios puso a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en estado de ebullición y no se descarta que inicien 2022 con una masiva presentación de reclamos administrativos y judiciales para evitar el recorte de las compensaciones económicas que plantea la polémica medida.
Por medio de la resolución 509, que lleva la firma del massista Alexis Guerrera, la cartera de Transporte resolvió cambiar el esquema de asignación de subsidios que estaba vigente desde principios de 2021 y darle mayor preponderancia a la cantidad de personal empleado en lugar de los pasajeros transportados por cada empresa.
Hasta ahora, los distintos niveles de compensación tarifaria que recibe cada línea surgen de una fórmula compuesta en un 80% por la cantidad de personas transportadas, un 10% por las nóminas salariales y un 10% por los kilómetros recorridos.
En tanto, la nueva distribución de los subsidios a los colectivos de la región metropolitana contempla un combo integrado en un 50% por el plantel laboral, un 15% por el cupo de gasoil destinado a cada servicio y el 35% restante por los pasajeros transportados.
El cambio en el mecanismo de reparto de subsidios -que alteró los ánimos en la mayoría de las líneas que prestan servicios en el Gran Buenos Aires- fue diseñado por el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, Carlos Vittor. Exfuncionario municipal de Tigre, consultor del BID y ex titular de Contaduría General de la Provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal, Vittor es un hombre que responde directamente al timonel del Frente Renovador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Pese a la existencia de planteos judiciales en contra, las autoridades de Transporte decidieron seguir adelante con la reconfiguración de los subsidios a los colectivos del AMBA con el argumento de que resulta necesario “alcanzar una distribución equilibrada que posibilite garantizar la prestación del servicio público a los usuarios y evite trasladar los mayores costos incurridos por las empresas a los pasajeros”.
Como anticipó Letra P, la medida de Transporte había cosechado de antemano un fuerte rechazo de las líneas comunales e intermunicipales del AMBA que vieron detrás de la movida la mano de las grandes empresas y de algunos directivos de las cámaras representativas del sector.
Las líneas que cuestionan los cambios sostienen que al darle mayor incidencia a la dotación del personal empleado en el cálculo de las compensaciones tarifarios las que salen ganando son las empresas y los grupos que pisan fuerte dentro de la Capital Federal y los principales partidos del conurbano.
Ganadores y perjudicados
Tras analizar la letra chica de la resolución 509 publicada en el último Boletín Oficial de 2021, los técnicos que desentrañan los jeroglíficos normativos del sector confeccionaron un primer informe que puso de relieve las siguientes conclusiones.
-La mayor parte de los subsidios se asignará por la cantidad de personal declarado sin tener en cuenta si trabajan o no.
-Las compensaciones por pasajeros se distribuyen sin considerar la distancia recorrida: un boleto por un viaje de 3 kilómetros se reconoce igual que uno de 30 kilómetro.
-Las líneas que tienen mayor recaudación por boletos por haber invertido y renovado sus flotas van a ceder parte de sus ingresos a las líneas menos eficientes que llevan menos pasajeros y tienen vehículos más antiguos.
-El nuevo esquema tiende a beneficiar a los grupos concentrados que en los últimos años compraron líneas con problemas y poca demanda.
-Un análisis geográfico arroja que el cambio metodológico deja mejor parados a los colectivos que circulan por la Capital Federal donde cayó fuerte la demanda por pandemia y el teletrabajo en desmedro de las líneas del Conurbano que recuperaron y ampliaron la cantidad de pasajeros transportados.