Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires desde la creación de la cartera, cuando asumió el gobernador Axel Kicillof, Estela Díaz pertenece al riñón del feminismo y de la militancia sindical desde la CTA, a la que pertenece desde los inicios de la central obrera. Nacida en La Plata en 1963, vecina de Ringuelet, Díaz es pionera en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A horas de cumplirse un año de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, dialogó con Letra P.
-¿Qué balance hace de este primer año con aborto legal, seguro y gratuito en la provincia de Buenos Aires?
-Lo que ha sido importantísimo es el cambio para los equipos de salud. Desde la Campaña por el Derecho al Aborto y en todos los debates, sosteníamos que esta ley era muy importante para garantizar el acceso a las mujeres a este derecho fundamental, pero también iba a ser muy importante para cambiar el posicionamiento de los profesionales de la salud, porque la amenaza de la pena tenía un efecto del orden de lo simbólico; estaba ahí en el inconsciente y eso, en un sector que en la Argentina no es muy afín a motorizar los cambios y que, eventualmente, los acepta, es muy significativo.
-¿En qué se perciben esos cambios en el sector de la salud?
-Por un lado, está la fuerte voluntad política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se manifestó ni bien llegamos a la gestión con esa primera resolución que hicimos con el entonces ministro de Salud, Daniel Gollán, para que se aplicaran las ILE en toda su dimensión, o sea que ya hubo todo un trabajo previo en el año 2020 para trabajar con los equipos en relación al acceso a los abortos que eran legales en ese momento. Eso fue generando el crecimiento de dispositivos en la provincia que garantizan aborto y, además, un proceso de formación y de debate político cuando llegó la ley. Además, inmediatamente, hicimos otra resolución que complementa la anterior para la Interrupción Voluntaria y trabajamos por regiones sanitarias que forman a los equipos. Es impresionante el trabajo de los equipos, pensando sobre todo en que se hizo en el contexto de pandemia, al punto de que se llegó de 190 a más de 500. Es un salto cuantitativo muy grande en la atención primaria de la salud.
-Es decir que fue importante el trabajo previo…
-Sí, el que tuvo como eje la Campaña por el Derecho al Aborto, pero no sólo la Campaña, sino todo lo que se movilizó como bordes extendidos con un fuerte trabajo hacia el sector salud: las cátedras de derechos sexuales y reproductivos que empezaron como cátedras de posgrados, los talleres y las redes que se armaron después… La red de profesionales por el derecho a decidir trabajaba con el sistema de salud incluso en las condiciones de clandestinidad y de aborto ilegal. Eso fue produciendo una transformación previa para que después pudiera alojarse de una manera casi natural, diría, que ahora es legal. Además, tiene otra característica: un cambio generacional y una feminización del sector. Las jefaturas de Obstetricia y de Ginecología y las direcciones de los hospitales eran (ejercidas por) muchos varones. Por ejemplo, en La Plata, de 13 hospitales, 11 tienen directoras mujeres, algo inédito. Antes no llegaban ni a las jefaturas de servicio ni a las direcciones de los hospitales.
-En la provincia de Buenos Aires, desde la sanción de la ley, se hicieron 16.700 interrupciones de embarazo (95% voluntarias), más de la mitad del total de la Argentina en este último año (32.758). ¿Esto tiene que ver con la extensión del territorio o con la posibilidad de acceso a la práctica?
-Ambas cosas, porque, por la cantidad de población, tendríamos que estar haciendo entre el 35 y el 40%. Que sea la mitad tiene que ver con que no solo hay servicios en todo el territorio, sino que se ha trabajado mucho con las áreas de Género en los lugares donde hay resistencias del sector salud o dificultades para el acceso. Este 30 vamos a hacer una actividad y para el año próximo vamos a presentar una campaña de difusión que construimos junto al Ministerio de Salud. Para nosotras, en 2022 es importante tener una campaña sostenida de difusión de los derechos sexuales reproductivos en general, el acceso a anticonceptivos pero también al aborto, porque todavía en una provincia tan extensa como la nuestra, con poblaciones rurales, con lugares con escasa conectividad, necesitamos llegar con la ficha, con el folletito, con la campaña en la radio, en los medios de comunicación...
-Los relevamientos sobre la implementación de la IVE a nivel nacional muestran un acceso desigual en el territorio, más garantizado en los centros urbanos, por ejemplo. ¿Qué pasa en la provincia con municipios como San Miguel, histórico obstructor del derecho al aborto?
-Nuestra meta fundamental era llegar con la atención primaria de la salud. ¿Cuál es la cuestión con la atención primaria de la salud? Que la responsabilidad es municipal, entonces allí hay que construir acuerdos y que haya voluntad política. Vos nombrás San Miguel y yo te puedo nombrar la ciudad de La Plata, dónde sólo se garantiza el acceso a ILE y a IVE en dos centros de salud y por la voluntad de los profesionales de esos centros, cuando tenemos una ciudad con 47 centros de salud. En el caso de San Miguel es un posicionamiento absolutamente antiderechos. Ese no es el caso de La Plata, pero sí hay un posicionamiento muy macrista respecto de la concepción del Estado y de la salud. Entonces, hay un abandono en general de la atención primaria de la salud y eso afecta la salud sexual y reproductiva. Ahí trabajamos sobre todo con la Región Sanitaria y funciona mucho la red, la consejería, la articulación con el socorrismo, con las colectivas feministas.
-¿Cómo funcionan esas redes?
-Es una característica que encontramos en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. A partir de la marea verde de 2018, se formaron espacios de feministas, en general de jóvenes, pero a veces de jóvenes que se encontraron con aquellas mayores a quienes antes no escuchaban y ahora hay pibas que ayudan a articular en los lugares donde hay dificultades para llegar. Esto posibilita que, si en esa localidad no se llegó, se la lleva la localidad cercana. Nos queda como problema en diez o 15 municipios, de los 135 de la provincia.
-Después de la sanción de la ley y pandemia mediante, con un feminismo sin posibilidades de tomar las calles y con muchas feministas en puestos de gestión, ¿cómo ve los próximos años en términos de demandas aglutinantes?
-Deberíamos tener una agenda más económica: la deuda de las mujeres, el trabajo de las mujeres, la política de los temas de cuidado como trabajo que no se reconoce... Con las más jóvenes –ahora son feministas a los 8, 9 o diez años-, la educación sexual integral es una gran deuda todavía a pesar de lo que se avanzó y es algo que las pibas demandan muy fuertemente.
-¿Cuál es su mirada sobre el debate posterior a las PASO en el que algunos le echaron la culpa de la derrota oficialista a las feministas y a la legalización del aborto?
-Fue una crítica bastante oportunista. Algunos se enancaron en una lectura de suma cero, porque decir “ah, porque les dimos derechos, no nos ocupamos del hambre o de la pobreza”, es una lectura falsa, un dilema falso. Es al revés: más derechos, más inclusión. Pero hay otra cuestión de fondo que nos pasa todo el tiempo, por ejemplo, en las críticas al presupuesto o en las críticas cuando ocurre un femicidio: aparece la pregunta de entonces para qué hay un ministerio. Esto tiene que ver, por un lado, con que nosotras siempre estamos pagando el precio de las recién llegadas, como dice la feminista paraguaya Line Bareiro. Parecería que siempre estamos llegando, entonces todo el tiempo tenemos que estar explicando por qué importa lo que hacemos. Cuando la gente se enferma o se muere por un tema de salud, a nadie se le ocurre pensar que los ministerios de Salud no tienen sentido. Si se siguen cometiendo delitos, ¿alguien se pregunta sobre la necesidad o no del Ministerio de Seguridad? Hay que pensar, justamente, que los ministerios vienen a abordar una problemática estructural de la sociedad, no solo la violencia por razones de género, si no las desigualdades estructurales por razones de género, que además son mundiales, no son un fenómenos de la Argentina. Si tengo una concepción de que el Estado tiene un papel redistribuidor en la sociedad, de reparación, de colocar derechos allí donde no hay, de garantizar políticas para problemáticas que requieren de esa atención, ahora por primera vez se colocan en la dimensión que tiene la problemática de género.
-En las mesas chicas, no son ni recién llegadas. ¿Hay una deuda de la política con las mujeres en ese sentido?
-Vamos a tener que balancear mucho la legislación de paridad. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como está en debate la reelección de los intendentes, en todas las secciones electorales encabezaron varones, algo que no venía pasando. Uno de los desafíos más grandes que tengo, que no es algo que pase por una decisión del Ministerio -que sí tiene que generar las herramientas- es colaborar con las compañeras que son líderes políticas en su territorio. Que de 135 municipios tengamos seis intendentas mujeres tiene que ser un llamado de atención, es un dato de la realidad de cómo el poder territorial, que es un poder tan concreto, que incide tanto en muchas de las decisiones de la gestión de los principales lugares de la decisión, sea todavía tan masculino. Después de los cambios en el gabinete, estamos con diez intendentas mujeres. Vamos a ver qué pasa en la próxima elección con las listas de concejales. Ahí hay algo del orden de la lógica política más tradicional que todavía no logramos conmover.
