08|1|2022

Honduras elige presidente entre la incertidumbre, la impunidad y la expectativa

28 de noviembre de 2021

28 de noviembre de 2021

Derecha e izquierda chocan en un mano a mano sin ballotage. El recuerdo del golpe de Estado de 2009 y el temor a otro estallido social, condimentos extras.

En el contexto de una profunda crisis social, económica y política de larga data, 5.182.436 personas estarán habilitadas para participar este domingo de las elecciones generales de Honduras, que, además de elegir al sucesor del actual presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), y diferentes cargos legislativos, determinarán el futuro nacional entre dos modelos antagónicos. Por un lado, el del oscuro y autoritario oficialismo; por el otro, el de una oposición que promete encauzar al país al marco legal luego del golpe de Estado de 2009 y sus consecuencias todavía latentes y perdurables.

 

En la superficie política, la ciudadanía elegirá, además del cambio presidencial, a tres vicepresidencias, a quienes ocuparán los 128 asientos del Congreso y 20 bancas del Parlamento Centroamericano y las jefaturas de 298 alcaldías. En el fondo, lo que está en juego es más determinante y estructural. Aunque en el país centroamericano no hay ballotage -porque se gana con mayoría simple- y, a pesar de que habrá un total de 12 candidaturas, lo de este domingo se parecerá bastante a un mano a mano definitorio. Por un lado, el oficialista Partido Nacional, que conlleva en su pasado reciente el haber participado del derrocamiento hace 12 años al expresidente Manuel Zelaya y haber ganado la reelección de JOH con fraude en 2017, bajo la candidatura del actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura. Por el otro, la candidata progresista de Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, esposa de Zelaya.

 

La jornada estará atravesada por aquella mañana del 28 de junio de 2009, cuando el Ejército deportó hacia Costa Rica a Zelaya, quien todavía tenía el pijama puesto. Desde entonces, el Partido Nacional interrumpió su modelo progresista, que se alineaba con la ola que cubría la región, e impuso un modelo neoliberal extractivista autoritario bajo el faro de los Estados Unidos, con una corrupción endémica y lazos con el narcotráfico. Desde entonces, se sucedieron en el poder Roberto Micheletti, entre 2009 y 2010; Porfirio Lobo Sosa, entre 2010 y 2014, y JOH, desde 2014 hasta la actualidad. Un repaso por sus prontuarios ejemplifican sus gobiernos. Primero, un hijo de Lobo Sosa está preso en Estados Unidos por narcotráfico y recientemente el gobierno le prohibió el ingreso a su territorio al resto de la familia por las causas de corrupción que pesan en su contra. Segundo, el hermano de JOH, Juan Antonio, también está preso en el país del norte luego de haber sido condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas. El abuso fue tal durante este período, que el antiguo y más importante socio le soltó una parte de la mano.

 

Del otro lado aparece Castro con el objetivo de aglutinar el voto opositor bajo las banderas progresistas del pasado y las promesas de legalizar el aborto en ciertas causales -hoy está completamente prohibido- e instalar una comisión internacional de lucha contra la corrupción coordinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este camino, dio un paso importante cuando el opositor que conquistó el segundo puesto hace cuatro años y se volvía a presentar este domingo, Salvador Nasralla, declinó su candidatura y le anunció su apoyo. Durante la campaña, Castro habló de construir un “socialismo democrático” y un “gobierno de reconciliación, de perdón”. El candidato oficialista, Asfura, apeló a estos dichos y polarizó con sus propios lemas de “Patria sí, comunismo no” y “Votar por Asfura es votar por la vida”.

 

Con este contexto y el antecedente de la crisis de 2017, cuando JOH apeló a un dudoso fallo judicial que lo habilitó a una reelección inconstitucional en unas elecciones que ganó luego de que el sistema del recuento de votos quedara fuera de servicio por algunos días, el temor a un nuevo estallido social está latente. La última encuesta del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) le adjudica la victoria a Castro con el 38% contra el 21% de Asfura y otros sondeos avizoran el mismo resultado, pero la polarización y el carácter estructural de la jornada hacen temer el desconocimiento del veredicto de las urnas por cualquiera de las fuerzas, con sus consecuentes protestas. Además, la campaña ha registrado casi 30 asesinatos políticos. Ante este escenario, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo estar “profundamente preocupada” y el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, instó a los partidos a que se “comprometan a respetar” los resultados.

 

La jornada será seguida de cerca por el continente y especialmente por Estados Unidos, que tiene una serie de intereses estratégicos en el futuro hondureño. El primero y más importante es que Tegucigalpa reconoce a Taiwán como un país independiente, por lo cual no mantiene relaciones formales con China. Esto podría cambiar con una presidencia de Castro, que promete revertir esta relación, y generar un avance de Pekín cerca de sus fronteras. El segundo está vinculado a la retórica demócrata del presidente Joe Biden de defender la “democracia”. ¿Qué hará ante las potenciales protestas surgidas a raíz de un posible fraude? ¿Le soltará la mano completa a una figura autoritaria? El último interés es el migratorio: entre octubre de 2020 y septiembre de este año, en la frontera sur de Estados Unidos fueron detenidas 320 mil personas oriundas de Honduras, el 3% de su población total. La política migratoria en Washington siempre está presente y un empeoramiento de la actualidad hondureña profundizaría una crisis a la que Biden, todavía, no le encuentra solución.