A poco de cumplir cien días como presidente de Ecuador, Guillermo Lasso enfrenta las movilizaciones más grandes en su contra ante el rechazo que genera su plan económico neoliberal, su implicación en un caso de cuentas offshore y una conjunción de nuevas exigencias sociales. Sus intentos por volver a aumentar el precio de los combustibles, proyecto que motivó el estallido de 2019, y el aumento de los crímenes violentos someten a una dura prueba a un gobierno débil que responde con mano dura y estado de excepción.
El país vive un panorama similar al de otros del continente: la salida de la pandemia revive antiguas protestas, puestas en stand by por el virus, que confluyen con nuevas demandas en un combo explosivo. Como ya hizo su antecesor, Lenín Moreno, Lasso busca sanear las cuentas públicas con un aumento de los combustibles para pagar los 6.500 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, también como ya se intentó, impulsa una serie de reformas impositivas y laborales regresivas. Como una escena que se repite, el plan es rechazado por las organizaciones campesinas y sindicales que el martes coparon las calles. Escenarios parecidos se ven en Chile, Perú, Cuba y Brasil. Ecuador no es la excepción.
En diálogo con Letra P, la asambleísta por la Revolución Ciudadana Mónica Palacios aseguró que Lasso “solo ha precarizado la vida” y que aplica “las mismas políticas de Moreno”, que generaron la actual crisis. “No ha emitido una sola política a favor de los ciudadanos. Solo piensa en él y en sus amigos”, agregó.
En los últimos días, el mandatario intentó acercar posiciones, pero ya fue tarde. Anunció el congelamiento del galón de nafta en 2,55 dólares y en 1,90 el de gasoil, pero la medida incluía un aumento del 2% y el 11,8%, respectivamente, por lo que no fue aceptada. Con un nuevo decreto suspendió la normativa de Moreno que ataba el precio del combustible a su cotización internacional, pero no lo derogó y además estableció que la decisión “podrá ser revisada según la situación económica”, por lo cual un nuevo aumento no está descartado.
Este escenario confluye con su plan legislativo, que llevó como nave insignia la ley "Creando Oportunidades", un tridente de reformas laborales, impositivas y de inversiones que ya fue rechazado por la Asamblea y por la calle. Es el caballito de batalla de Lasso, por el cual amenazó con activar la llamada “muerte cruzada”, es decir, el cierre del Congreso y la posibilidad de gobernar por decreto con aval judicial mientras se realizan nuevas elecciones. Ahora asegura que dividirá el proyecto y presentará tres iniciativas diferentes. Con esta jugada, intenta avanzar sobre aquellos espacios a los que Moreno no pudo acceder del todo por la resistencia social. En el recorrido enfrentará la misma hostilidad, pero aspira a obtener otro resultado.
En diálogo con Letra P desde uno de los puntos de las protestas, Romelio Gualán, dirigente nacional de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA), aseguró que “en tan poco tiempo el pueblo se ha revelado” porque Lasso “ha traicionado sus promesas de campaña” y, en vez de “solventar los problemas” de la población, “está intentando cumplir con el FMI”. “Estamos en resistencia para defender los bolsillos de la población porque el pueblo ya no soporta más esta situación”, agregó.
Con este escenario, el debilitado Lasso enfrenta tres frentes de conflicto. El primero es la calle, un espacio que no domina y que en el pasado ya terminó con presidentes antes de tiempo. El segundo, Hxla Asamblea Nacional, donde apenas controla 13 de los 137 escaños tras sufrir la ruptura de su coalición legislativa. El tercero es la Justicia, que lo investiga junto a su familia por los Pandora Papers como poseedor de 14 cuentas offshore antes de asumir. Según la legislación local, los funcionarios tienen prohibido participar de este tipo de esquemas y, si bien Lasso afirma haberse desprendido de las firmas antes de su asunción, los poderes judicial y legislativo lo investigan con recelo.
Su respuesta a los tres frentes es la misma: mano dura. A los sectores movilizados y a los congresistas opositores los acusó de “golpistas”, se negó dos veces a presentarse ante la comisión legislativa que lo investiga y se muestra intransigente ante la justicia. Además, desde el 18 de octubre, alegando una lucha contra el crimen y el narcotráfico, decretó el estado de excepción y desplegó a las Fuerzas Armadas en todo el país, a las que prometió el indulto, un beneficio que alcanzaría a quienes “hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor”. La combinación de alta conflictividad social, represión estatal e inflexibilidad gubernamental puede resultar altamente inflamable.
Además, enfrenta otros serios problemas sociales que, según el oficialismo, encuentran una vinculación internacional: la inseguridad y la violencia dentro de las cárceles, fenómenos atribuidos al narcotráfico. En ellas, grupos conectados a capos narcos de México y Colombia se disputan el poder y las rutas del comercio ilegal. Un motín en el penal más grande del país dejó un saldo de 119 muertos y el último fin de semana se reportaron siete nuevos muertos en una crisis a la que el gobierno aún no le encuentra solución.
A nivel general, según registros oficiales, la tasa de homicidios muestra un alza desde hace tres años: en 2019 se registraron 1.200; en 2020 1.372 y en lo que va de este año ya se contabilizaron 1.885. “Más del 70% de las muertes violentas en Guayas –la provincia más poblada– están relacionadas con el tráfico de drogas”, dijo Lasso para justificar el despliegue de las Fuerzas Armadas y el estado de excepción. “Esto es una guerra”, aseguró el gobernador local, Pablo Arosemena.
La presidencia de Lasso enfrenta un momento bisagra para un mandato que recién comienza. Su respuesta a las demandas sociales caracterizarán lo que le queda por delante. El jefe del Palacio de Carondelet define su futuro y el continente latinoamericano observa con atención: la actualidad de Ecuador puede ser un capítulo nacional de una película continental.
