13|10|2021

Aniversario adverso: la herida del golpe vuelve a sangrar en Bolivia

13 de octubre de 2021

13 de octubre de 2021

El gobierno de Luis Arce y la oposición llevan su hostilidad a la calle. Los proyectos de ley del oficialismo y el avance judicial cocinan un caldo peligroso.

A pocos días de celebrar su primer aniversario como presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora recibió como regalo anticipado una crisis social y política. Una serie de leyes impulsadas por el gobierno, las causas judiciales que avanzan contra los distintos sectores involucrados en el golpe de Estado de 2019 –próximo a cumplir dos años– y nuevos aires autonomistas que llegan desde Santa Cruz de la Sierra desembocaron en el primer paro cívico nacional opositor y en la movilización del oficialismo para denunciar un “intento de desestabilización”. Distintos enfrentamientos en las calles del país muestran nuevamente una peligrosa polarización.

 

Bajo la convocatoria del Nuevo Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia, amplios sectores opositores emprendieron el lunes una primera jornada de protestas para “evitar la consolidación de una dictadura o un retorno de dictadores”, algo que que al oficialismo le recordó la previa del golpe. Por un lado, porque partió, nuevamente, desde las tierras bajas de Santa Cruz, la locomotora económica del país y región rica e históricamente opositora al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales. Por el otro, porque hace dos años otro paro cívico, con sus similitudes y diferencias, acabó con el gobierno. A pesar de que en esta oportunidad no contó con la fuerza esperada, la jornada generó zozobra, por lo cual el oficialismo salió a las calles el martes para dar su respuesta.

 

“La conspiración antidemocrática no ha sido definitivamente derrotada”, dijo Arce Catacora en la previa de la movilización bautizada como el “Gran wiphalazo”, en referencia a la bandera de los pueblos originarios, que se realizó en su defensa. El problema de fondo es que, como una sombra que no logra quitarse de encima, Bolivia aún sufre las consecuencias de la interrupción democrática de 2019. Esto se ve agravado por el avance judicial que investiga aquellos sucesos y ya logró encarcelar a una de sus principales figuras, Jeanine Añez, la presidenta de facto. Esta semana, la temperatura aumentó días antes de que el actual gobernador de Santa Cruz e ideólogo de la caída del primer presidente indígena de la historia boliviana, Fernando Camacho, fuera convocado a declarar en La Paz, tierra hostil para el oriundo de la sierra. Finalmente, la cita fue cancelada luego de que aparecieran amenazas en las calles de la capital y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, revelara que existía la posibilidad de un atentado en su contra. Durante las últimas semanas, el escenario tomó temperatura y estos días se manifestó con fuerza.

 

Además de la “defensa de la democracia”, una de las consignas principales de la avanzada opositora es el rechazo al proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que impulsa el oficialismo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos. La norma, que la oposición considera anticonstitucional y un ataque a las libertades individuales, brinda facultades especiales a los organismos estatales de control financiero y, en uno de sus puntos más polémicos, prohíbe evocar el secreto profesional ante la solicitud de información. El Senado, luego de su aprobación en Diputados, detuvo su tratamiento con la promesa de someterla al debate público, pero por ahora no es suficiente para calmar las aguas.

 

Además, como un efecto adverso involuntario, la norma generó una confluencia opositora entre sectores que no necesariamente son contrarios al gobierno, pero encuentran en este punto un espacio de apoyo mutuo, como, por ejemplo, algunos sindicatos y organizaciones laborales y mineras o núcleos profesionales, así como el periodismo, que ve una vulneración al derecho a valerse de fuentes anónimas. Como ya le ocurrió en 2018, cuando tuvo que dar el brazo a torcer con su intento de renovar el Código Penal luego de un rechazo muy fuerte de las organizaciones médicas, la amplitud opositora vuelve a amenazar los planes de gobierno del MAS. Este escenario lo obliga a trabajar con cuidado en un espacio reducido ante una amenaza latente y explícita: retirada legislativa o escalada social. Arce Catacora deberá hacer gala del arte de gobernar.

 

Estas jornadas sirven como una pequeña muestra de una de las crisis que el presidente sabía que tarde o temprano iba a tener que enfrentar: la polarización y crispación social que data, por lo menos, desde aquel 21 de febrero de 2016, cuando el electorado rechazó una nueva candidatura de Evo Morales que, finalmente, se logró en un 2019 que quedará en la historia. El combo que recibió el MAS el año pasado, que partía de un importante golpe económico y sanitario a raíz de la pandemia de covid-19, del que todavía no logra salir, contiene también una sociedad polarizada, que se enfrentó en distintos cortes y bloqueos e incluyó severas amenazas de uno y otro lado. Asimismo, una división territorial muy marcada, con el oriente boliviano liderando una férrea y por momentos violenta oposición que rememora el peor separatismo de 2008 y un marco político con pocos puntos de acuerdo con la estela de 2019 todavía marcando los pasos de los distintos actores. El ultimátum dado por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, con un nuevo paro, pero esta vez de 48 horas, si el gobierno no da respuesta a sus demandas, solo anticipa un recrudecimiento preocupante de la tensión que el oficialismo deberá desanudar.

 

A poco de cumplir un año, el gobierno de Arce Catacora deberá atender su peor crisis. La polarización existente, los antecedentes del pasado cercano y las amenazas de cara al futuro lo obligarán a hacerlo con cuidado. La salida de este momento marcará el resto de su mandato.