El aumento de los impuestos inmobiliario y automotor en Río Negro, en una franja que va del 50 al 100 por ciento, alteró el humor social en la provincia y encendió la disputa política en clave electoral, con críticas al gobierno de Arabela Carreras por el impacto en el bolsillo de los contribuyentes en medio de la compleja coyuntura económica y, también, por la gestión de fondos nacionales.
El rechazo al "impuestazo" aunó a vecinos convocados por medio de las redes sociales. La respuesta fueron las marchas en los centros urbanos de la provincia y una presentación contra los incrementos con más de 13 mil firmas en la Defensoría del Pueblo. Sobre esa efervescencia social, se montaron los partidos de la oposición, que plantearon la "mala administración de los recursos" por parte de la provincia y acusaron a la gobernación de "darle la espalda a la gente".
Para calmar los ánimos, el equipo económico rionegrino retrocedió parcialmente y estableció un tope del 36% de aumento para el impuesto automotor, que en algunas facturas había llegado al 100%. Además, anticipó que se afinará el análisis de la situación de cada usuario en particular. Sin embargo, en paralelo, el bloque legislativo oficialista apuntó a la Casa Rosada y descargó responsabilidades al señalar que la modificación tarifaria es consecuencia de las medidas del gobierno nacional que "generan inflación".
Ante el impacto, legisladores y legisladoras del peronismo fueron los primeros que se manifestaron. Para el bloque del Frente de Todos, que reaccionó apenas se viralizaron las boletas con las cifras del aumento, es urgente que se congele la tasa inmobiliaria, que sufrió una suba de hasta 50%.
A través de un proyecto, en el que se propone limitar el aumento inmobiliario, la bancada que conduce la barilochense María Eugenia Martini catalogó de “desmedida” la suba. “Se registran entre un 50 al 100 por ciento respecto del valor que los contribuyentes pagaban en el año 2020”, advirtieron.
“Como hemos señalado en cada una de las oportunidades que se ha tratado el presupuesto de la provincia, esta situación evidencia una mala administración de los recursos. No sólo los tributarios provinciales sino también los recursos de origen nacional que se han destinado al pago de gastos superfluos como publicidad, creación de nuevos organismos, entre otros, en desmedro de reclamos realmente importantes como lo son los de los empleados de la salud”, expresaron los parlamentarios del FDT.
Este tema, que parecía controlado, se transformó en un problema para Carreras. Según pudo constatar Letra P con fuentes del gobierno rionegrino, la sucesora de Alberto Weretilneck prioriza alternativas que disipen los reclamos y ordenó a su entorno bajarle el nivel a la polémica con los sectores organizados que marcharon. En un principio, desde el gabinete ligaban a las protestas al macrismo provincial, pero lo que sucedió en diferentes localidades condicionó esa teoría.
“La situación sigue siendo delicada, en un contexto general muy difícil. Los vecinos están muy enojados, las nuevas boletas con la bonificación no los conforman. Pude ver algunas boletas que me enviaron en las que el descuento es realmente irrisorio. Los topes deben ser reales, no un simple anuncio. Además, deben comunicarse bien. Y también hace falta una respuesta general al tema del Inmobiliario, donde lo único que dijo el gobierno es que lo va a ver ´caso por caso´”, respondió el diputado Juan Martín (PRO) a Letra P.
Martín anticipó que sus asesores ya redactan un proyecto para quitarle al Ejecutivo "la facultad discrecional de fijar las valuaciones, que es el mecanismo que usan para determinar estos impuestazos".
Desde el Ejecutivo, argumentan que los aumentos fueron sustentados por diferentes aspectos. En Patentes, por la variable de precios oficializada por la Asociación de Concesionarios Oficiales de Argentina (ACARA). En cuanto al Inmobiliario, se basaron en observaciones de la provincia que actualizaron valores fiscales. El análisis se generó vía fotografías aéreas en diferentes zonas rurales, subrurales y urbanas. Si se compara, según la denuncia de usuarios, en algunos casos el aumento llega al 100 por ciento, con un promedio del 50 por ciento. Según se detalló, el aumento está ligado a las valuaciones.
Mientras el gobierno de Carreras buscaba atemperar el impacto de las subas, el bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN) que conduce Facundo López justificó la medida ante la “inflación y la devaluación” propiciada por las políticas del gobierno nacional. Esta declaración, luego de que el presidente Alberto Fernández girara fondos para controlar la paz social, enardeció al PJ. "Son unos sinvergüenzas", retrucó el legislador José Luis Berros, que responde a la línea de los hermanos Soria.
Carreras firmó en noviembre último un convenio de asistencia crediticia con la Nación por 2.600 millones de pesos. "Se lo advertimos, anticipamos las consecuencias y no nos equivocamos. Siempre le dan la espalda a la gente", añadió Berros. La pelea promete continuar con las elecciones en el horizonte.
Para los usuarios, la única alternativa fue tomar la calle. Este miércoles, con General Roca como epicentro, se realizaron caravanas hasta las sedes de la Agencia de Recaudación Tributaria, con pegatinas y banderazos.
La movilización surgió a través del grupo de Facebook “No al impuestazo en Río Negro”. Su creador, el vecino roquense Alejandro Pellegrini, fue uno de los protagonistas de la jornada en las inmediaciones de la sede de la Agencia de Recaudación provincial. Según comunicó, trabaja en la recolección de firmas para frenar el aumento. “Queremos que quienes nos representan nos escuchen y que retrotraigan los costos de los impuestos a los valores de diciembre”, advirtió.
Viral fue el descargo de un camionero de Villa Regina. Visiblemente consternado, habló con el encargado de la sede de rentas y advirtió que es imposible hacerse cargo del aumento. "Seré un futuro deudor", anticipó con la voz entrecortada.