Mucho se habló a lo largo del año pasado del déficit fiscal, esto es la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta, cuando la pandemia ya provocaba estragos en el nivel de actividad y en la realidad de las empresas y las familias. La decisión del Gobierno de pisar el gasto en ayudas directas en el tramo final ayudó a que los números hayan cerrado en niveles menos severos que lo proyectado, lo que les abre un dilema al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Economía, Martín Guzmán: ¿acelerar el sendero al equilibrio presupuestario, como pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las negociaciones en curso, o dejar esa tarea para más adelante, ampliando otra vez la cuenta de los subsidios?
Los riesgos de tomar un camino u otro son conocidos: por un lado, acecha el peligro en las elecciones de octubre y de ruidos dentro del Frente de Todos; por el otro, que los tipos de cambio paralelos vuelvan a calentarse e incrementen las expectativas de devaluación del oficial, llevando a los importadores a anticipar operaciones y a los exportadores, a pisarlas.
Según se anunció oficialmente, el déficit fiscal primario –antes del pago de deuda– cerró 2020 en 6,5% del producto bruto interno (PBI), por debajo del 8,3% presupuestado. Ese nivel abre, en teoría, la posibilidad de mejorar, como quieren el Fondo y el Mercado, la proyección de 4,5% establecida en el presupuesto 2021, de modo de cerrar el año en torno a un desequilibrio no mayor al 3,5%. El problema está dado por el tipo de recortes que eso requeriría.
“Esperábamos que el déficit primario terminara como terminó porque la dinámica del gasto de capital estaba muy inflada en el Presupuesto. Lo paradójico es que el Gobierno no haya podido capitalizar eso en una recuperación del precio de los bonos en un mundo donde la deuda de Brasil rinde 3%. Ocurre que el carácter de la política y la posición técnica del mercado juegan en contra”, dijo Federico Furiase, director de la consultora Eco Go y profesor en la Maestría de Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en diálogo con Letra P .
En efecto, el riesgo país sigue volando por encima de los 1.400 puntos básicos, lo que, de hecho, impide todo acceso al mercado de deuda.
De acuerdo con Furiase, el punto de partida de un déficit primario de 6,5% del PBI permite trazar dos escenarios para este año.
“Hay que trabajar con varios supuestos. Por empezar, una nominalidad mayor a la de 2020, (una inflación) en torno a 45%-50%, que ayudaría a licuar gasto previsional, que, dada la fórmula de indexación aprobada en el Congreso, es 60% del gasto corriente sin considerar el destinado a atender las emergencia por covid-19”, dijo.
“Además, una caída del ‘gasto covid’ desde el 3,4% del PBI a 1,5% y el mantenimiento de los subsidios como porcentaje del producto en 2,9%, para lo cual habría que mover tarifas algo por encima de la inflación. Asimismo, una recuperación en la relación recaudación-PBI, traccionada por el rebote del nivel de actividad. Con todo eso, la inercia fiscal nos dejaría este año más cerca de un déficit fiscal primario de 3,5% al 3,8% del PBI que del 4,5% del Presupuesto”, añadió.
Esa es la teoría, pero a esta hay que incorporarles las limitaciones que impone la realidad.
“Obviamente, en un año electoral, con un gobierno desgastado políticamente y demandas sociales crecientes, con salarios reales que vienen por el subsuelo y una segunda ola de covid-19 que ya es un hecho, la política podría perfectamente ‘llenar la pileta’ y hacer que el déficit primario se arrime al 4,5% del PBI que consta en el Presupuesto”.
Cabe recordar que no hay previsiones en el Presupuesto para el otorgamiento de asistencia por pandemia, pero es un hecho que, al continuar esta, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) volverán en alguna medida.
El rojo fiscal de 6,5% del producto “ha sido influido por las medidas de ingresos (-0,7% del PBI) y gastos (3,5% del PBI) que implementó el Estado Nacional de forma extraordinaria para hacer frente a la pandemia con el compromiso de contener a las familias, el empleo, la producción y la sostenibilidad de las administraciones provinciales”, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado. Resulta impensable que no haya, en un año electoral, nueva asistencia en momentos en que los contagios crecen y cuando se acaba de informar que, a pesar del esfuerzo fiscal realizado, la economía perdió 1,9 millones de puestos de trabajo entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo lapso de 2020.
Ahora bien, que la política “llene la pileta” implicaría “tirar demasiado de la cuerda del financiamiento monetario y tomar riesgos por el lado de la brecha cambiaria y la inflación”, estimó Furiase.
El camino es estrecho y, mientras los negociadores argentinos se apegan al déficit fiscal estipulado en el nuevo Presupuesto, los técnicos que reportan a Kristalina Georgieva esperan más.
“El ministro Guzmán tiene un desafío clave en 2021: dadas las restricciones políticas del año electoral, negociar un acuerdo con el Fondo que permita vender una historia financiera a un mercado que no quiere sumar bonos argentinos en su cartera. No va a ser nada fácil…”, cerró Furiase.
