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La ineficacia de Bielsa, la pelea por una caja pesada y el fantasma Schoklender

Lenta en la ejecución de su plan, la ministra de Hábitat era blanco de intenso fuego amigo. Arroyo se lleva la mitad de su presupuesto y, también, una mochila.

Por 28/09/2020 18:17

Con el traspaso de la caja y el área encargada de la urbanización de los barrios populares a la órbita de Desarrollo Social, el presidente Alberto Fernández logró frenar transitoriamente los embates internos que pedían la cabeza de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, pero, lejos de aquietar las aguas, la transferencia de las obras de integración de villas y asentamientos precarios a la cartera de Daniel Arroyo podría generarle al Gobierno, en el mediano plazo, un nuevo dolor de cabeza por el uso de los fondos en juego sin una debida planificación.

Con la pérdida de los programas de integración urbana, Bielsa ve nuevamente horadado el ministerio que había sido creado con la promesa de ser una de las herramientas clave para la reactivación económica y la mejora de la calidad de vida de la población de bajos recursos.

Desde que estalló el conflicto por las tomas de tierras, Bielsa comenzó a ser el blanco de fuertes críticas de los sectores kirchneristas y del líder de la CTEP, Juan Grabois, que cuestionaron su falta de acción y la subejecución de las partidas presupuestarias asignadas para afrontar la crisis habitacional.

 

 

Los principales reproches apuntaron a la demora registrada en los programas del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), que estaban a cargo de dos mujeres del espacio de Grabois: Fernanda Miño y Fernanda García Monticelli. Según denunciaron las dos funcionarias, Bielsa tenía pisada la mayor parte de los fondos destinados a ese plan y solo iba liberando a cuentagotas. 

El programa global abarca a un total de 4.400 barrios precarizados y, de las casi 400 obras que se esperaba poner en marcha este año, están en ejecución menos de 30.

La disputa por el control de las obras de urbanización está atada al manejo de una caja nada despreciable que en 2021 podría superar los 53.000 millones de pesos. Esa suma equivale a casi el 50% del presupuesto total que tiene asignado el ministerio de Bielsa para el próximo año.

Actualmente, los fondos pautados para los programas de Renabap salen del 9% de lo que recauda el Estado por el impuesto PAIS a la compra de dólares. En esta cuenta, ya hay acumulados 8.000 millones de pesos. A eso se añadirá el 15% de lo que embolse el Gobierno por el nuevo “aporte/gravámen” a la riqueza que está por aprobar el Congreso, que implicará un refuerzo presupuestar de 45.000 millones de pesos.

 

 

Si bien reconocen que existe una baja cantidad de obras en curso, en el entorno de Bielsa sostienen que la tardanza no se debe a la falta de voluntad, sino a que la mayoría de las cooperativas de los movimientos sociales anotadas para los trabajos está floja de papeles y no cumple con los requisitos mínimos que exigen las normas vigentes para su contratación.

Para los funcionarios que responden a la ministra santafesina, esta cuestión es clave y no debería ser dejada de lado por Arroyo, que ahora tiene la responsabilidad política y legal del programa.

Advierten que, si se flexibilizan las exigencias y los controles, tal como plantean los movimientos sociales, es muy probable que en el mediano plazo el Gobierno se vea envuelto en serios problemas por el uso de fondos públicos sin la debida fiscalización y las rendiciones de cuenta correspondientes, tal como sucedió durante la gestión kirchnerista con las construcciones de viviendas otorgadas a Milagros Sala y a “Sueños Compartidos”, el programa de las Madres de Plaza de Mayo y la empresa de Sergio Schoklender, que terminó en los tribunales y va a camino a juicio oral.