Como se esperaba, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, sobrevivió la semana pasada a la moción de vacancia impulsada por la oposición para destituirlo. El caso está lejos de ser atípico en la historia reciente de ese país, ya que cinco de sus últimos seis presidentes terminaron envueltos en escándalos judiciales, pero es el síntoma más reciente de una crisis sistémica y profunda que se extiende por la región en forma de protestas sociales, renovadas demandas y una polarización creciente. Sudamérica se enciende de nuevo.
2019 terminó de forma convulsionada. Protestas masivas, simultáneas pero surgidas a partir de demandas diferentes, amenazaron la estabilidad de Ecuador, convulsionaron a Chile y sacudieron a Colombia, mientras que un golpe de Estado terminó con la presidencia democrática de Evo Morales en Bolivia. Este año asomaba con una escueta confianza de que podrían encontrarse las respuestas necesarias a esas exigencias de la sociedad, pero la llegada del covid-19 impactó en el continente. Ahora, la temperatura de la primavera no mata al virus y revive llamas que nunca se apagaron.
En diálogo con Letra P, el doctor en Ciencia Política y profesor de Geopolítica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Julio Burdman aseguró que el “contexto de la pandemia está produciendo una nueva oleada de protestas de diferentes características” a partir de “sus efectos devastadores, las condiciones económicas desfavorables y el malestar social”. “Las protestas no son iguales, pero la pandemia da un marco económico regional más complicado que ayuda a explicar por qué hay más gente en las calles”, afirmó.
En Perú, la crisis fue, una vez más, por una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo. La oposición encontró en las dudas que existen alrededor de la contratación del cantante Richard Cisneros como disertante de “actividades motivacionales” del Ministerio de Cultura un motivo para destituir al presidente. No lo logró: necesitaba 87 votos y reunió 32. Esa pelea, sin embargo, es prepandémica y de larga data. El año pasado, Vizcarra disolvió el Congreso tras una profunda disputa con la oposición que amenazaba su gobernabilidad. La crisis ya había mostrado síntomas en enero, cuando el parlamento se renovó con una fuerte fragmentación y, con la crisis sanitaria, se agravó.
Una encuesta del diario El Comercio y la consultora IPSOS mostró que el 62% de la población no simpatiza con ninguna agrupación política de cara a las elecciones presidenciales de 2021. El problema previo a la llegada del covid-19 se agudiza por el fuerte impacto de este, con 952 muertos por millón de habitantes, una de las tasas más altas del mundo. La contienda, por ahora, se mantiene dentro de las márgenes institucionales y sin una fuerte participación callejera, pero el final es desconocido.
La Argentina no está exenta de este clima. A diferencia de Perú, el Congreso, si bien vivió jornadas de profundas disputas, no amenazó la gobernabilidad. Por otra parte, la inquietud muestra un carácter callejero más importante, especialmente de sectores opositores no acostumbrados a ocupar ese lugar ante un peronismo encuarentenado. “A quienes quieren venir a acompañarme, les pido que no olviden que estamos en pandemia”, les dijo el presidente Alberto Fernández a quienes prometían defenderlo de la Policía Bonaerense que rodeaba la quinta de Olivos y olvidaba el consenso democrático de los años 80.
“Lo nuevo es que pareciera haber una competencia por las protestas en las calles entre actores distintos”, sostuvo Burdman, quien agregó: “Ya no son solamente los sectores organizados que van a presentar demandas concretas. Las protestas se parecen a una suerte de fenómeno de opinión, en el que no hay una consigna ni una demanda clara”.
Las crisis también resuenan en los alrededores de la Argentina. En Chile, el fracaso del modelo de cuarentenas focalizadas generó un duro impacto sanitario y el reavivamiento del conflicto social de 2019, mientras se espera el plebiscito del 25 de octubre, que definirá si se cambia la constitución pinochetista.
En Bolivia, la convulsión iniciada con el golpe de Estado de noviembre se agravó en agosto con cortes de rutas y movilizaciones que exigían elecciones limpias y transparentes.
Paraguay, por su parte, volvió a vivir manifestaciones por las duras condiciones de vida bajo el lema “el hambre no está en cuarentena” y Colombia fue el último país en evidenciar el resurgimiento de las demandas. La muerte violenta del abogado de Javier Ordóñez a manos de la policía de Bogotá generó una ola de protestas con un saldo de al menos 14 muertos e hizo recordar al asesinato del estudiante Dylan Cruz, por otro policía, durante las manifestaciones de noviembre. Las causas de estas protestas no pasan necesariamente la pandemia e incluso son previas a ella, pero se agravan por el impacto económico y social de la misma.
El desarrollo de estas viejas-nuevas crisis y la falta de una solución sanitaria en el corto plazo hacen impredecibles sus consecuencias. Burdman aseguró que no serán las mismas en las distintas latitudes y que “se van a encontrar diferentes realidades en distintos países”. “El resultado de la pandemia y el económico son las dos principales varas de medida que hallarán los gobiernos. Del resultado de ellas, las consecuencias”, explicó.
El cambio de aire que presagiaba 2020 no apagó el incendio de 2019. Ahora, la región debe controlarlo antes de que solo deje cenizas.
A ese combo hay que agregarle otro factor: la desunión regional. La falta de instancias de diálogo y propuestas multilaterales imposibilitan la búsqueda de una respuesta mancomunada, algo que se agravará con el impacto del covid-19. La pandemia es un desafío para una región que no funciona como tal.
El cambio de aire que presagiaba 2020 no apagó el incendio de 2019. Durante unos meses logró contenerlo, pero el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad lo revivió. La región debe controlarlo antes de que solo deje cenizas. Tiene un antecedente para tener en cuenta y no fallar: en Brasil, el fuego arrasa hasta la selva amazónica.
