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Entre los magistrados, hay tres sospechados y denunciados por persecución y hostigamiento. Los vínculos con Conte Grand. El caso de los pliegos pisados.

Por 11/09/2020 15:56

Los pliegos de magistrados aprobados en soledad por Juntos por el Cambio en una controvertida sesión nocturna en el Senado bonaerense contienen al menos tres polémicos postulantes, sobre quienes pesan graves denuncias por presuntas irregularidades. Como informó Letra P, Cambiemos hizo valer su mayoría y desconoció el pedido del gobernador Axel Kicillof de revisar los pliegos. El oficialismo, incluida la presidenta del cuerpo Verónica Magario, se retiró del recinto. Así, se profundizó la grieta política en la provincia de Buenos Aires.

En total, eran 42 los pliegos enviados por la exgobernadora María Eugenia Vidal antes de dejar el poder, pero uno no pasó el filtro: la persona está detenida en el marco de una causa por narcotráfico.
 


Los tres postulantes sospechados tienen algo en común: comparten su espacio laboral en la Procuración General que encabeza el vidalista Marcelo Conte Grand.

  • Juan Pablo D’Onofrio tiene su pliego para cubrir el cargo de Agente Fiscal de Lomas de Zamora. Actualmente, es secretario general de la Fiscalía General de ese departamento judicial. Fue quien impulsó junto a Conte Grand la destitución del Fiscal General de Lomas de Zamora, quien en varias oportunidades había denunciado al procurador por persecución y hostigamiento.
  • Francisco Pont Vergés tiene su pliego para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Casación. Actualmente, es Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General. Pesan sobre él denuncias del CELS, la CPM y AJUS por persecución a la defensa pública y por intromisión en el marco de una investigación por torturas a una persona trans en una cárcel provincial.
  • Karina Iuzzolino es fiscal general adjunta en Morón. Está denunciada en control interno de Procuración General por varias diversas irregularidades. Acusada de persecución intrajudicial, fue la funcionaria que autorizó el ingreso al Sistema Informático de Federico Nieva Woodgate, acusado por delitos de lesa humanidad.


Lo dicho: también tenía el visto bueno de Vidal el pliego de Maximiliano Iván Jarish, para cubrir el cargo de agente fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro. Fue el único pliego rechazado. Actualmente es secretario de una fiscalía, pero no está cumpliendo funciones: permanece detenido por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Está sospechado de integrar, junto con policías y otros funcionarios judiciales, una red de narcotráfico.

 

 

MÉTODO. El nombramiento de magistrados (jueces y juezas, fiscales y fiscalas, defensores y defensoras, asesores y asesoras tutelares) es un acto institucional de relevancia y delicado. Se trata de agentes de la judicatura que atienden y resuelven conflictos de derechos y, en algunos casos, restricciones de libertades. Además, son cargos que tienen una excepcionalidad: son vitalicios.

Estos funcionarios son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, de modo que para cumplir mandato constitucional ambos poderes deben lograr un entendimiento.

Como contó en exclusiva Letra P, antes de abandonar el cargo, Vidal intentó construir su escudería judicial. La mitad de los pliegos fue enviada al Senado el jueves 8 de agosto de 2019, días antes de que la exgobernadora perdiera las PASO. También fue apurado el trámite en el Consejo de la Magistratura; dos de los pliegos enviados son especialmente sensibles por tratarse de vacancias en el Tribunal de Casación Penal, la instancia máxima en asuntos penales de la Provincia.

 


Federico Nieva Woodgate y Conte Grand.

 

Las vacantes se habían generado en julio de 2015 y los exámenes para ocupar el cargo se tomaron el 13 de septiembre de 2016, pero el Consejo elevó su propuesta a la exgobernadora casi tres años después, el 16 de julio de 2019, a menos de un mes de las primarias.

Fuentes del ejecutivo provincial recordaron que el actual Procurador está denunciado por espionaje ilegal y persecución a magistrados y dirigentes políticos opositores. Y que, “en 2019, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados incluyó a Conte Grand en el ‘contexto de injerencia en el Poder Judicial’, vinculándolo con la destitución del juez Luis Arias y con la campaña mediática contra el Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral Federal en lo criminal de La Plata, quien finalmente renunció”.

LOS PASOS. La aprobación de los pliegos no implica necesariamente que los designados tomen posesión de sus cargos. Falta un paso. Que el gobernador firme los decretos y les tome juramento de ley, algo poco probable a la luz de la batalla abierta. Ante esta posibilidad, los aspirantes pueden presentar amparos por la vía Contencioso Administrativa.

 


Francisco Pont Vergés.

 

No sería la primera vez que el Ejecutivo pisa nombramientos o no despacha pliegos al Senado para su aprobación. Existen más de 50 nombramientos congelados para las salas descentralizados de Casación, la máxima instancia Penal de la provincia, paso previo para poder acceder con planteos a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA). Se trata de un caso paradigmático de morosidad administrativa sin precedentes, ya que, durante el último tramo de la gestión de Daniel Scioli, toda la etapa Vidal y la gestión de Kicillof, el Ejecutivo provincial mantiene cajoneados los pliegos de 53 magistrados que fueron preseleccionados por el Consejo de la Magistratura para integrar el nuevo Tribunal de Casación descentralizado.

ESPERA ETERNA. Como informó Letra P, desde 2011 existe un proyecto para descentralizar Casación. Se tomaron los exámenes para jueces, fiscales y defensores; se confeccionaron las ternas y el trámite se estancó, sin mayores precisiones sobre las causas. El mecanismo fue puesto en práctica mediante la sanción de una ley en 2011 y ratificado en 2017 por el gobierno de Vidal.

 

 

Según contempla el marco legal vigente, el sistema debe instalarse en las localidades de Mar del Plata, Mercedes y San Martín. En cada una de ellas está prevista la apertura de dos salas integradas por dos magistrados cada una (ante un caso de empate en una votación, se debe recurrir a un juez de la otra sala). A ellos hay que sumarles los fiscales y los defensores oficiales de esa instancia.

Pese a que se han cumplido todos los requisitos administrativos, legales y constitucionales, el gobierno provincial aun no pone en marcha una iniciativa votada transversalmente y por unanimidad por todo el arco político provincial.

Por imperio constitucional, los pliegos que salen del Consejo de la Magistratura no tienen vencimientos y las ternas son vinculantes para el Ejecutivo. Para el caso de las descentralizadas, podrían convocar a los funcionarios designados y ampliar la cantidad de salas con sede en la capital provincial, redistribuir los expedientes y lograr mayor agilidad en el despacho de resoluciones para bajar la tasa de morosidad judicial en la justicia provincial.