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El dirigente de los profesionales de Vialidad habla de un "desembarco" de cuadros sin formación. Advierte que el 65% de las rutas nacionales está en mal estado.

Por 11/09/2020 15:19

Los profesionales de Vialidad Nacional habían arrancado el año con la esperanza de que la administración de Alberto Fernández iba a revitalizar el organismo con más recursos económicos y una conducción a cargo de gente experta en el tema. Pero, lejos de conseguir esos objetivos, la repartición se vio afectada por un “desembarco político” que, según el vice titular de la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (APPSVN), José Rizzo, ha implicado la designación en altos cargos de más de 60 personas que no tienen experiencia ni antecedentes profesionales en la materia. En diálogo con Letra P, el dirigente analizó la situación heredada de la gestión macrista y advirtió que el 65% de las rutas nacionales está en mal estado.

 

BIO. Ingeniero Civil y en Construcciones (UTN). Ingresó a Vialidad en 1969 como cadete y ascendió hasta subgerente de Obras y Concesiones. Secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior.

 

-¿Cómo califica la gestión macrista en Vialidad?

-Mala. Los grandes proyectos macristas estaban muy alejados de la realidad de nuestro país. Ejemplo de ellos son la creación de la empresa Corredores Viales SA, los PPP, la renegociación de los accesos Norte y Oeste y el cierre de las Escuelas Técnicas Viales. Con respecto a la red troncal, la deficiente gestión en esos cuatro años ha dejado a las rutas nacionales en franco deterioro. Con relación al personal de la repartición; la agresión, la acusación generalizada de corruptos o de cómplices, la ofensa constante, el despido sin sumario previo y la precarización laboral han sido la constante.

-El presidente Alberto Fernández prometió científicos y no ceos y gente capacitada en las distintas áreas y empresas estatales. ¿Qué ha pasado en Vialidad?

-En Vialidad no tenemos un gobierno de científicos ni uno de ceos. La conducción quedó en manos de dirigentes políticos sin antecedentes profesionales ni títulos universitarios específicos. En algunos casos, los que desembarcaron en diciembre tampoco tienen estudios secundarios completos. Hoy, Vialidad es un club de amigos. Desde el comienzo de la gestión que encabeza Gustavo Arrieta se han realizado más de 60 designaciones políticas en los altos puestos de la repartición. Se trata, mayoritariamente, de exintendentes y exlegisladores bonaerenses que perdieron las elecciones en sus jurisdicciones y, como premio, les han dado cargos muy importantes con sueldos elevadísimos.

-¿Qué consecuencias puede tener eso?

-Pueden ser nefastas. Hay que tomar decisiones muy importantes porque está en juego el funcionamiento del país, la circulación de las exportaciones hacia los puertos de carga, el abastecimiento de mercaderías desde los puntos de producción hasta los grandes centros urbanos y el desplazamiento de la ciudadanía. La planificación, el estudio, el proyecto, el diseño y la construcción de las rutas de la red troncal nacional no puede quedar en manos inexpertas.

 

 

-¿Las obras que anuncia el Gobierno son nuevas o continuación de las que estaban paralizadas?

-No son obras nuevas. Son todas renegociaciones de obras adjudicadas en gestiones pasadas, macristas o, incluso, anteriores. Vialidad Nacional no puede licitar obras nuevas porque no tiene pliegos aprobados. El sistema CONTRAT.AR no puede aplicarse en Vialidad Nacional porque no cubre todas las necesidades y las acciones que se generan durante el desarrollo de una obra. La repartición está virtualmente paralizada y este mismo gobierno va a sufrir las consecuencias en 2021 y 2022. Hoy, un 65% de las rutas nacionales está en mal estado y no cumple con los estándares admisibles para su utilización.

-¿Cómo afectó la pandemia y las prohibiciones sanitarias el funcionamiento de Vialidad Nacional?

-Pese a debemos ser considerados trabajadores esenciales, el funcionamiento de Vialidad es mínimo. Compartimos el criterio del Gobierno de generar protocolos de funcionamiento para cada actividad, pero no podemos quedarnos encerrados en nuestras casas cuando el país nos necesita tanto.

-¿Qué está pasando con las Escuelas Técnicas Viales que había cerrado el macrismo?

-Estamos haciendo gestiones con el Gobierno para su reapertura. Son una necesidad para Vialidad, porque nos provee de técnicos y especialistas en cuestiones viales que también son requeridos por los organismos provinciales y municipales e incluso por las empresas del sector. Estamos esperanzados en iniciar el año lectivo 2021, para lo que deberían abrirse las inscripciones en el transcurso del presente año.

 

 

-¿Cuál es la posición de la Asociación con respecto a la empresa estatal Corredores Viales, creada por el exministro Dietrich y potenciada por el actual titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis?

-Se ha opuesto a la creación de una sociedad anónima desde la promulgación del decreto de creación, en 2017. Pero no fue un reclamo en soledad, porque el Frente de Gremios Viales compartió todas las medidas de acción directa que se tomaron y culminaron con una gran marcha vial nacional. También el Poder Legislativo se pronunció en contra del decreto presidencial con diversos proyectos de ley para derogarlo. Incluso el exdiputado nacional Sergio Ziliotto, hoy gobernador de La Pampa, presentó un amparo para requerir la derogación del decreto. El Estado nacional no puede tener dos dependencias, una Vialidad y otra una sociedad anónima, con las mismas acciones y funciones, porque se diluyen las responsabilidades y nadie es único responsable del quehacer vial. Su creación es el paso previo al desguace de Vialidad. Por otro lado, Corredores Viales SA no se rige por ley de Obras Públicas ni por el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional. Es el instrumento perfecto para generar actos de corrupción.

-¿Qué debería hacer el Gobierno con las concesiones de los PPP viales?

-Rescindir los contratos. Hay en el Gobierno dos visiones sobre el tema, una más dura y otra más blanda, pero las dos consideran que se deben rescindir. A posteriori, hay utilizar los avances en proyectos que hayan tenido las empresas contratistas, readecuarlos a la realidad del país y transferir las rutas y autopistas que se concesionaron a Vialidad Nacional.