De acuerdo con los resultados de la última encuesta que llevó a cabo la organización nacional Inquilinos Agrupados, el 30% de quienes alquilan no podrán pagar el alquiler en el mes de agosto. Pero el dato que más preocupa a la organización es que la mitad de ese porcentaje respondió que debe dos meses de renta o más.
El decreto establece, desde el 29 de marzo, la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre de este año.
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“Para nosotros es importante que el decreto 320 se extienda, pero lo más importante es que sea anunciado lo antes posible. La ministra se comprometió a darnos una respuesta sobre esto y la verdad es que aún no la obtuvimos. Tenemos mucha incertidumbre y preocupación, sobre todo por el rol que están teniendo las inmobiliarias y los propietarios: muy violento hacia los que están endeudados”, relató Muñoz.
El vocero de los inquilinos explicó que las herramientas usadas para hostigar al sector que representa son los desalojos ilegales, la presión para que quien alquila deba irse y amenazar con la ejecución de la garantía.
“En octubre se vienen un montón de juicios de embargos de garantías y desalojos. Por eso, pedimos que el gobierno anuncie cuanto antes si va a extender o no el decreto, además de un plan de desendeudamiento sobre el sector. Porque, de lo contrario, se está pateando para adelante el problema”, subrayó Muñoz.
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Nueva Ley de Alquileres, ¿se cumple? Una de las preguntas realizadas a las 3000 personas participantes de la encuesta de Inquilinos Agrupados es si creen que tanto inmobiliarias como propietarios cumplen con la Ley de Alquileres y si creen que hay control sobre las inmobiliarias. Casi el total de los inquilinos respondió que no cumplen con el decreto y tampoco con la nueva Ley de Alquileres. Además, acuerdan sobre el hecho de que no hay controles.
Muñoz señaló también que los martilleros continúan exigiendo sellado cuando ya no se paga más en la provincia de Buenos Aires; además del pago en efectivo siendo que el decreto plantea que debe hacerse por CBU. Reclamo este de vieja data ya que el representante de los inquilinos viene librando duras batallas, sobre todo en los medios, con los responsables de los colegios de martilleros, quienes siempre se mostraron reticentes a la modificación de la legislación.
El año pasado, la Legislatura intentó tratar el tema de estos cargos “extra” al alquiler, pero hubo una fuerte oposición del presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia, Juan Carlos Donsanto, quien consideró que implicaba “la pérdida del 50% de los honorarios” de los martilleros.
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Por su parte, el vicepresidente del Colegio bonaerense, José María Sacco, criticó la nueva Ley de Alquileres que ya comenzó a regir a nivel nacional, al afirmar que surgen tanto en locatarios como locadores dudas e incertidumbre sobre precios y modos de acatar la normativa: “Tengo mis dudas sobre esta ley que, dicen, tanto favorece a los inquilinos. Está tan bien hecha que las dos partes tienen miedo, tanto el inquilino como el locador”, ironizó el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la Provincia.
“Lo que hacen las inmobiliarias es un golpe de mercado en términos económicos y una ilegalidad absoluta. Le plantean al inquilino si quiere firmar con la vieja ley o con la nueva, como si hubiese dos posibilidades. Entonces, muchos nos consultan para saber si eso puede hacerse. Nosotros le decimos que no existe tal cosa: hay una sola ley -la vigente- y si firmás con la vieja es ilegal. Pero el mercado propone que si firmás con la nueva ley es un precio; mientras que hacerlo con la anterior es otro. Así, te obligan a firmar con una fecha previa a la entrada en vigencia de la ley”, grafica Muñoz.
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Para Inquilinos Agrupados, la solución al problema viene de la mano de un rol activo por parte del Estado, en relación a los controles y al cumplimiento tanto de la ley como del decreto 320. Es en este sentido que también observan que, a más de un mes de su entrada en vigencia, aún no se reglamentó lo que creen que es el punto central: el registro de los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“No solo se trata de que paguen impuestos, es lo de menos, registrar los contratos es sacar de la oscuridad el alquiler de viviendas en Argentina. Hoy nadie sabe quiénes son esos propietarios o cuántas propiedades poseen”, advierte.
En Inquilinos Agrupados están convencidos de que en términos públicos un sector trabaja para instalar “que la ley de alquileres sube los precios y que perjudica a los inquilinos”, mientras que, en la práctica, “incumplen con la norma y ejercen presión para que aumenten los precios”.
“Es un mercado organizado para aumentar el precio de los alquileres, para desprestigiar la ley y, sobre todo, para desarticular la organización del sector y la pelea para que haya más regulaciones”, afirmo Gervasio Muñoz.