Herencia+pandemia, desafío colosal para la (exhausta) teta del Estado

Otras consultoras calculan algo más, pero siempre, en lo que va del año, con un gasto extra en torno al 3% del PBI. El mercado espera que el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) anual oscile entre el 8 y el 9%.

Fuente: Ecolatina.

A eso, Reija sumó “unos dos puntos adicionales en facilidades de crédito subsidiado. En suma, estamos hablando de un esfuerzo fiscal de 5,1 puntos del PBI”.

Su cálculo coincide con lo que recoge el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el dossier "Respuestas de políticas al covid-19", actualizado al 24 de julio. En el caso de nuestro país, el Fondo registra medidas que totalizaron alrededor del 5% del PBI, enfocadas en proveer “mayor gasto en salud, lo que incluye mejoras en el diagnóstico del virus, compras de equipamiento y construcción de clínicas y hospitales; apoyo para los trabajadores y grupos vulnerables; auxilio a los sectores más afectados (…); préstamos subsidiados para la construcción, apoyo a la demanda y gasto en empleados públicos, mantenimiento (sin aumentos) del costo de los servicios públicos, garantías bancarias para préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas; control de precios de alimentos y medicamentos y limitaciones a la oferta, por ejemplo exportadora, de artículos esenciales”.

Como se sabe, los planes estrella de la estrategia de emergencia fueron el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que incluyó el pago de hasta 50% de los salarios en el sector privado en función de ciertos topes, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a los más vulnerables. De acuerdo con el balance fiscal de junio, ambos concentraron 99.750 millones de pesos del incremento interanual del gasto, que totalizó 175.296 millones, 204% más que en el mismo mes de 2019. 

Fuente: Informe de Panorama Productivo, julio de 2020. Ministerio de Desarrollo Productivo

En su fase 4, el ATP, que alcanza a 2,4 millones de trabajadores, afinará la puntería para concentrarse en los sectores más afectados por la emergencia. El IFE, en tanto, que involucra erogaciones algo mayores, es considerado en el Gobierno una herramienta clave, que permitió alcanzar a 8,9 millones de argentinos –20% de la población del país y 57% de los hogares– e impedir un salto de seis puntos porcentuales de la pobreza. En términos de PBI, ha insumido hasta ahora 1%.

En relación con la foto general, ¿cómo se debe evaluar el esfuerzo fiscal argentino?

Siempre según el FMI, el paquete de emergencia de Brasil se cifra hasta fines de julio en 11,8% del PBI, aunque el impacto en las cuentas públicas es de 7,3%. ¿Qué significa esto? Que, al revés de la Argentina, tiene acceso al mercado de crédito, lo que le permite financiar parte de la asistencia con un recurso diferente a la impresión de moneda.

En tanto, la asistencia extra en Perú representa por el momento un 7% del PBI, en Chile 4,7% y en Colombia, un país comparable con la Argentina en población y producto, 2,8%, aunque parte de eso –1,3%– provendrá de la toma de créditos. En todos los casos mencionados, al igual que en la Argentina, el rojo fiscal de 2020 excederá ampliamente esas cifras parciales.

Argentina es, en tiempos normales, uno de los países con mayor cobertura de su sistema de seguridad social, que alcanza al 97% de los adultos mayores y que incluye una política como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

 

Si se sale de la región y se pone la mira en algunas de las economías más desarrolladas, se encuentran valores muy diferentes, dados por la espalda fiscal de las mismas y su irrestricto acceso al crédito. Así, siempre de acuerdo con el dossier del Fondo, en Estados Unidos el gasto de emergencia supone hasta el momento 14% del producto, a lo que se sumarían cinco puntos más si prosperasen las discusiones en curso en el Congreso entre republicanos y demócratas. En China, en tanto, el gasto de emergencia totalizó 4,1% del PBI; en Alemania, 9% por ahora, cifra que se estiraría a 14% mediante la emisión de deuda, y en Japón, 21,1%.

Parámetros generales aparte, la comparación que corresponde realizar es con los países de la región. En ese sentido, es necesario señalar que la Argentina es, en tiempos normales, uno de los países con mayor cobertura de su sistema de seguridad social, que alcanza al 97% de los adultos mayores y que incluye una política como la Asignación Universal por Hijo (AUH) que solo puede parangonarse con el plan Bolsa Familia de Brasil, rebautizado Renta Brasil por un Jair Bolsonaro que intenta “racionalizarlo” justamente por consideraciones fiscales. De ese modo, Argentina parte de un umbral de gasto social mayor que la gran mayoría de sus vecinos, una cuenta permanente que corresponde mencionar cuando se habla de una asistencia de emergencia en favor de poblaciones vulnerables.

En esa línea, la suma de AUH, jubilaciones y pensiones, en tiempos normales, representa 8% del PBI. En comparación con el Presupuesto, según datos del Ministerio de Economía, la seguridad social da cuenta de nada menos que el 61,9% del total.

Fuente: Ministerio de Economía.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Argentina es el país de la región con mayor gasto social como porcentaje del PBI, prácticamente a la par de Brasil. Colombia, Uruguay y Chile invierten en ese ítem la mitad que los dos primeros.

El problema es que la Argentina llegó mal pisada a la emergencia, sin margen fiscal y en momentos en que el ministro Martín Guzmán intenta renegociar la deuda, esto es, sin acceso al crédito externo.

“El tema central es que la fuente de financiación de los recursos utilizados es, básicamente, emisión monetaria, y esto constituye el nudo central del problema a resolver después de la pandemia”, dijo Gustavo Reija. 

“Generar las condiciones para un incremento en la demanda de dinero, en un contexto de reactivación, será uno de los principales desafíos para las autoridades económicas a futuro”, añadió. En eso –que los argentinos no pasen a rechazar su propia moneda y a deshacerse rápidamente de ella– radica que la fenomenal emisión de estos últimos meses no derive en una espiralización de la inflación.

“A pesar de lo significativo que resulta para Argentina el impacto fiscal del gasto en la emergencia, no se destaca a nivel internacional”, señaló el economista.

No ha habido desbordes, como alarman algunos, y tampoco avaricia, como reclaman otros. Las políticas fiscales en un país de crisis superpuestas como la Argentina implican, en lo inmediato, poco más que hacer lo que se puede, sobre todo mientras se renegocia la deuda pública y se trata de convencer a los acreedores de que en el futuro habrá ahorro para pagarles. Contener todo lo posible, pero sin hipotecar un futuro que, ya antes de la emergencia, era pura incertidumbre.