“La edad jubilatoria y el cálculo de movilidad no se tocan”. Con esa frase, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Santín, despejó los ascendentes rumores de quita de algunos derechos adquiridos por los jubilados y negó que evalúen una transferencia del organismo a la Nación, tal como había surgido desde distintas voces de la oposición y algunos sectores del sindicalismo. Aun así reconoció que sí buscarán reformas estructurales y que llevarán esa discusión en tándem con la Legislatura.
Lo hizo en una exposición en la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presidida por el opositor dialoguista Fabio Britos, y en modalidad mixta frente a integrantes de Juntos por el Cambio, lo que sentó otro hecho político en épocas de pandemia: un representante del gobierno respondiendo preguntas de la oposición en un tema sensible como la crítica situación previsional bonaerense.
“No estamos pensando en entregar la caja ni pasarla a la ANSES, las autoridades no están analizando pasar los sistema provinciales a los nacionales. El fantasma de la armonización no existe, es algo que se replica y se replica pero de nuestro lado ni siquiera hemos imaginado el traspaso de la caja”, aclaró Santín, no sin aprovechar el tiempo para apuntar contra algunas de las políticas del gobierno anterior que, aseguró, fueron claves en la decisión de avanzar con cambios en el organismo.
Es que para el titular del IPS, la gestión de María Eugenia Vidal contribuyó al déficit financiero actual de la caja de los jubilados. ¿Cómo? Según explicó en su extensa intervención, a través del congelamiento de ingreso de nuevos trabajadores y trabajadoras, del impulso de jubilaciones de oficio y contratación de manera masiva de nuevos empleados bajo el régimen de monotributo. En definitiva, un desequilibrio creciente desde 2010 y acelerado desde 2017 entre el sector activo y pasivo, contexto que para el gobierno puede explicarse tomando como ejemplo a uno de los rubros más importantes de la provincia: los docentes, que, según los datos oficiales proporcionados, perdieron 21 por ciento de su planta en los últimos cuatro años, al tiempo que se jubilaron cerca del 35 por ciento del total. En síntesis, cuando comenzó el gobierno macrista había unos 415.000 maestros y maestras, cifra que descendió en la actualidad a unos 312.000.
VERSIÓN OPOSITORA. Uno de los primeros diputados en especular con la posibilidad de la transferencia del IPS al ámbito de la Nación fue Daniel Lipovetzky, de Juntos por el Cambio, quien solicitó “conocer los alcances” del convenio bilateral que firmó Axel Kicillof el pasado 14 de abril con el por entonces titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, para recibir $6.000 millones para financiar el déficit de la entidad provincial. A partir de allí, se sumaron nuevas voces que se referían a estos cambios. En la última sesión, su par radical Diego Rovella presentó un proyecto que no prosperó.
Incluso el propio presidente de la Comisión de Previsión Social, Fabio Britos, se había hecho eco de los rumores días atrás. “Queremos que quede muy claro que estamos convencidos de que el IPS tiene que quedar en el ámbito de la provincia y no se puede hablar de una armonización con la ANSES, que no encarna los sentimientos ni intereses de los bonaerenses. Hay que establecer políticas para que deje de ser deficitario y por eso queremos escuchar primero la voz oficial”, había asegurado a Diputados Bonaerenses.
Ahora, y en diálogo con Letra P, aseguró que se sintió conforme con las explicaciones de Santín y que el próximo paso será la elaboración de un proyecto de ley para reformar el sistema. “Es necesario corregir algunas herramientas pero también quedó claro que cualquier modificación no será para que los trabajadores pierdan derechos”, amplió.
VERSIÓN OFICIALISTA La diputada del Frente de Todos Susana González ironizó durante las horas previas a la intervención de Santín que había sectores de la oposición “preocupados por el IPS” pero que habían dejado al organismo “con resultados económicos negativos”. Fiel a su estilo confrontativo, la dirigente que responde al intendente Mario Secco (Ensenada) aseguró que el macrismo busca “confundir a los trabajadores del Estado con una supuesta armonización” para sacar rédito político. “Ver la caradurez de quienes con la liquidación total de las letras del tesoro entregaron el patrimonio del IPS y quienes impulsaron contratos monotributistas para contribuir al desfinanciamiento del organismo es irrisorio”, agregó González.
En tanto, Santín dijo que buscarán “consensos para avanzar en una reforma estructural del sistema” que incluirá pasar a planta permanente a los trabajadores y trabajadoras monotributistas de acá a fin de año, a la vez que evaluarán la manera en la que los becarios y residentes que aportan a IOMA pero no al IPS también se sumen.
