Llegó el día para comenzar a resolver el futuro de la represa Portezuelo del Viento: este viernes por la tarde se reunirán los gobernadores que comparten la cuenca del Río Colorado, cauce afectado por la megaobra hidroeléctrica que tanta polémica desata entre los gobiernos de Mendoza y La Pampa. Según el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la idea del gobierno nacional es lograr un “consenso” entre todas las jurisdicciones que se dividen en dos posturas: que la represa avance tal cual está el proyecto o que se paralice y avance un estudio de impacto ambiental aguas abajo.
El encuentro se dará con un condimento extra, garantizado por el gobernador Rodolfo Suárez. Según la propuesta que le llevó a principios de semana a De Pedro, en una reunión especial, Mendoza pretende que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) audite el llenado y el manejo del agua. También propone un fondo de garantía por si no acata las normas propuestas.
Si bien La Pampa, a través del gobernador Sergio Ziliotto, ratifica el estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, llega a la reunión a escuchar la propuesta con el respaldo de Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras, luego de firmar un acta en la localidad ribereña de Casa de Piedra, ratificó que sin un nuevo análisis de impacto no dará su respaldo.
Omar Gutiérrez (Neuquén) y Axel Kicillof (Buenos Aires) se mantuvieron al margen de cualquier polémica, siendo el neuquino el que reclamó el estudio cuando inauguró las sesiones ordinarias. Igual, Gutiérrez trató de bajarle el tono a cualquier manifestación contraria a la represa por la histórica tradición de construcciones de ese estilo en su provincia. Kicillof, con una agenda dedicada a la lucha contra la pandemia, no dejó trascender ninguna postura aunque se da por hecho que apoyaría lo que plantea la mayoría. “Se hablará después de la reunión”, ratificaron a Letra P fuentes del área de recursos hídricos bonaerenses.
ACUERDO. Sobre el cierre del jueves, De Pedro envió un comunicado en cadena para las provincias integrantes del Coirco. En un mensaje salomónico, a pesar de que el presidente Alberto Fernández ratificó que no financiaría una obra sin respaldo unánime, avaló la idea de consensuar entre Mendoza y el resto de las jurisdicciones. “La intención del gobierno nacional es garantizar el ámbito de diálogo para que alcancen un acuerdo. Entendemos que son las propias provincias las que tienen que consensuar lo que tiene que ver con sus recursos compartidos”, anticipó De Pedro.
La decisión de convocar al Consejo de Gobierno, el espacio que reúne a los cinco jefes provinciales, fue reclamada por Ziliotto, Carreras, Gutiérrez y Kicillof. El objetivo –ratificó el comunicado de la Casa Rosada– es analizar el impacto ambiental de Portezuelo.
Según la normativa de Coirco, el Consejo de Gobierno tiene una sola forma de funcionar: por una conformidad total. Si una de las provincias difiere, directamente avanza hacia un laudo presidencial con dos antecedentes cercanos: el de Mauricio Macri y la palabra de Fernández, en Santa Rosa, en la gira patagónica que finalizó en Villa La Angostura.
