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A pedir del gobierno de facto de Bolivia: la pandemia permite eludir la elección

El COVID-19 desborda hospitales y aparecen muertos en las calles. Áñez, que busca ser electa pero no hace pie, desconoció un pacto para votar en septiembre.

El retorno de Bolivia a la senda institucional, luego del golpe de Estado del año pasado, todavía parece más un anhelo que una realidad. En medio de una crisis sanitaria que ya provoca una saturación de los hospitales y hace que se descubran muertos en la calle, el gobierno de facto de Jeanine Áñez desconoce un llamado a realizar elecciones el 6 de septiembre y busca mantenerse en el poder. La oposición exige una vuelta al marco constitucional y la Argentina observa con preocupación la posibilidad de que se agrave una crisis a la vez política y de salud al otro lado de su frontera noroeste.

 

Los comicios estaban previstos para el 3 de mayo último, pero debido a la pandemia el gobierno decidió suspenderlos. Después de haber llegado a un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que contó con el acompañamiento de la Unión Europea (UE) y la ONU, las distintas fuerzas políticas, entre ellas el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, aprobaron una ley para votar el 6 de septiembre. Cuando el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que el gobierno respetaría lo acordado, el camino parecía allanarse, pero finalmente Áñez decidió no promulgar dicha norma y la fecha electoral sigue siendo una incógnita.  

 

Aunque una de las premisas de las relaciones internacionales es que terceros países no deben entrometerse en las elecciones de otro Estado, la Argentina, aunque no quiera, se verá involucrada en el futuro boliviano. Principalmente porque le brinda asilo a Morales, quien tendrá un papel importante durante la campaña, pero, además, porque para Buenos Aires es importante que la crisis sanitaria se resuelva de un modo favorable, que le evite un foco de contagio en ese tramo de la frontera, algo que ya sufre con Brasil y Chile, para pensar en una vuelta a la normalidad. Además, el Palacio San Martín espera la emergencia de una administración reconocida por todos los sectores políticos para restablecer relaciones bilaterales que están stand by desde el golpe de Estado.

 

Bolivia se enfrenta a la situación de tener que llevar a cabo unas elecciones trascendentales para el retorno democrático en el medio de una pandemia que todavía no llegó a su pico, pero que, aun así, ya deja 18 mil enfermos y más de 600 muertos. Áñez se amparó en esta disyuntiva y le envió una carta a la presidenta del Senado, la masista Eva Copa, en la que le ordenó entregarle “el estudio médico y científico en el cual se basa la decisión del MAS para impulsar las elecciones”. Asimismo le exigió “asumir públicamente la responsabilidad” de las posibles consecuencias sanitarias de la convocatoria a las urnas.

 

 

 

En una confluencia impensada, distintos dirigentes hasta hace poco aliados de Áñez y opuestos entre sí, como los candidatos a presidente Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, se sumaron hace unos días al MAS y denunciaron que el gobierno busca “perpetuarse” y “prorrogarse” en el poder. De esta manera Áñez profundiza la crisis política porque desoye el acuerdo logrado con el apoyo del TSE, cuyo presidente, Salvador Romero, fue colocado en su puesto por la propia presidenta.

 

En diálogo con Letra P, el politólogo y docente de la Universidad Católica Boliviana Marcelo Arequipa aseguró que “hay un intento antidemocrático de prorrogarse en el poder” y remarcó que la convocatoria la realiza el órgano electoral y no un partido político. 

 

 

 

“Áñez va en contra de un órgano institucional (como el TSE) que está funcionando y que es muy necesario para salir de esta crisis política. Se trata del único organismo estatal que tiene legitimidad y el que tiene la llave de la resolución de este problema”, agregó.

 

“El cálculo político-electoral de Áñez no está en el punto en que quisiera y eso la lleva a  minar la fecha del 6 de septiembre”. (Marcelo Arequipa). 

 

La oposición realiza dos críticas. Por un lado, denuncia que, a más de siete meses de haber asumido, Áñez todavía no convoca a elecciones e incumple el principal objetivo de su gestión. Por el otro lado, asegura que su argumento de proteger la salud no se condice con su accionar a lo largo de la pandemia porque desde que el país abandonó hace dos semanas la cuarentena rígida e ingresó en un sistema flexible los casos se duplicaron, los hospitales ya no dan abasto y hay personas que fallecen en la vía pública. 

 

Marcelo Arequipa señaló que el tratamiento de la pandemia ha sido “muy deficiente” y recordó que a lo largo de este año se han nombrado tres ministros de salud. 

 

Asimismo, manifestó que la decisión de postergar las elecciones se debe a que el país está “ante el dilema de la presidenta candidata”. “Por un lado, Áñez tiene que demostrar que intenta controlar la enfermedad y, por el otro, está su cálculo electoral para ganar”, explicó. Como si fuera poco, será candidata a pesar de haber prometido que no lo haría, algo que la oposición también le critica.

 

 

 

Estos últimos días, los números no le han sido favorables al gobierno. Un combo negativo compuesto por un escándalo de corrupción en la compra de respiradores, una denuncia de que la hija de Áñez, Carolina, utilizó el avión oficial con fines personales y la crítica situación sanitaria han golpeado la imagen de la presidenta y su entorno. “Su cálculo político-electoral no está en el punto que quisieran y eso los motiva a minar la fecha del 6 de septiembre”, analizó Arequipa. 

 

Asimismo Áñez acude a otros elementos para mantenerse en el poder. Por un lado, apela a la polarización al culpar a Evo Morales por la propagación del virus a partir de las manifestaciones que se registran por una crisis social que comienza a preocupar. Por el otro, intenta proscribir al MAS a raíz del supuesto fraude del año pasado y apela a la persecución judicial de dirigentes opositores, como la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y la ex jefa de Gabinete de Morales, Patricia Hermosa, quienes se encuentran con prisión domiciliaria y en la cárcel, respectivamente, por polémicas causas judiciales. 

 

 

 

Días atrás, The New York Times señaló, en lo que definió como "un minucioso examen de los datos de la elección boliviana", que "el análisis inicial de la OEA que planteó dudas sobre fraude electoral —y ayudó a derrocar a un presidente— fue defectuoso". El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reaccionó con dureza y denunció una "campaña de desinformación".

 

 

 

Más allá de esas controversias, el retorno a la senda institucional a partir de un acuerdo político nacional que evite la perpetuación buscada por Áñez es necesario para superar la crisis sanitaria y la crisis social en Bolivia. Una crisis latente justo a las puertas de la Argentina. 

 

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