“No me vengan con lo de la devaluación, no es serio. ¿Están hablando en serio? ¿Trabajan con dólar blue ustedes?” La frase fue la respuesta de un alto funcionario nacional a un fabricante de alimentos que lo llamó por teléfono para pedirle revisar el congelamiento de precios con el argumento de un dólar más caro. Así de desordenado está el lobby para intentar relajar el corsé de Precios Máximos, el programa del Gobierno para contener a aumentos en plena pandemia y que será ampliado un mes más, cuando el 20 de mayo venza la segunda etapa.
La profesionalización de la presión para zafar de la regulación es todo un hecho político que pone al Gobierno a las puertas de un desafío mayor que el de arreglar la deuda con los bonistas privados: ante la negativa oficial de aumentar, se armó un esquema de trampas legales para aplicar incrementos de hecho. Una doble bomba de tiempo inflacionaria, con tensión alcista en tiempos de virus y con una disparada contenida luego de meses de rigidez.
La secretaria de Comercio no quiere aumentos.
En la época de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, cuando iniciaban los años del garrote poco efectivo, las alimenticias Quickfood y Mastellone crearon un mecanismo que hoy el común de las empresas les aplican al gobierno de Alberto Fernández: los cambios en las condiciones comerciales que son, en realidad, aumentos encubiertos de precios. La movida consistió, entonces, en dar de baja los beneficios y descuentos que la empresa les hacía a las cadenas de supermercados para vender más. Hoy, alimenticias grande como Danone y Molinos bajaron estos incentivos, que eran rebajas de 10% a los comercios. Esas subas no se trasladan a góndola, pero son aumentos unilaterales de los proveedores.
Augusto Costa, ahora mano derecha de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, sufrió en carne propia otra de las picardías que se aplican hoy para aumentar en tiempos de congelamiento: Hellman´s, Pantene y Quilmes crearon los “productos transformados” cuando él era secretario de Comercio. En el caso del champú, si el vitamina A estaba en Cuidados, creaban uno igual con vitamina A y B, para cobrarlo más caro. Costa reaccionó rápido e intervino la producción de esos bienes a medida, obligando a cumplir con la norma. Esto último hoy ocurre con las fabricas de galletitas, por ejemplo.
Mientras el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Comercio que comanda Paula Español controlan el precio, los pícaros también toman otra medida que muestra su descontento con la decisión oficial: entregan cuotificado a todos aquellos comercios que no quieren pagar con aumento. En abril y mayo, hubo listas de precios con aumentos que fueron rechazadas por los supermercados de marcas como las antes mencionadas y hasta Queruclor y Clorox. Los aceiteros, en tanto, quieren una suba del 5%.
Danone, una de las fábricas que cortó beneficios.
El problema es político. Hace dos semanas, y ante esta dinámica creciente, Matías Kulfas reunió en un encuentro virtual por Zoom a los popes de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), como Coto, Carrefour, WalMart, La Anónima y Jumbo, con los productores de alimentos de la coordinadora Copal; también estuvieron los referentes de la Cámara de Perfumería y Cosmética (CAPA). Se sugirió, sin decirlo, que ese fuera el ring, con el Gobierno de árbitro, para dirimir las tensiones por los envíos de listas de precios con subas. Pero el tema aumentos sobrevoló casi sin importancia y las razones que se plantearon como causales de subas fueron extrañas: ninguna refirió al aumento de costos por el tipo de cambio.
El titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, apuntó que “tenemos problemas de acceso al financiamiento”. Otros de sus pares mencionaron el costo laboral y otros factores. El Gobierno les aseguró que “todos esos temas se pueden resolver, los podemos charlar, pero no a través del traspaso de ese costo a los productos”. Allí, ofrecieron agilizar créditos y ver ministerio por ministerio tanto las deficiencias como la logística. En el Ejecutivo saben que están entre la espada y la pared: algunos apuntan que un sector de la cartera productiva quiere negociar una actualización de precios, mientras la Secretaría de Comercio se endurece.
Como con la cuarentena, el de los precios es un escenario dinámico. Poco a poco, las ansias de aumentar pasan de los proveedores a los mayoristas, y a los supermercados del interior. Pronto, el lobby no será de uno sino de muchos.
