El diputado del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, pidió que en la primera sesión mixta de la Cámara de Diputados sea incluido el proyecto que presentó en el comienzo de la cuarentena para implementar un régimen de emergencia para el sector turístico y "minimizar en la mayor medida de lo posible, los efectos económicos, sociales y laborales que la pandemia del nuevo coronavirus causa en los operadores turísticos", e incluye una serie de exenciones de pagos de servicios de telefonía, internet y servicios de educación y salud privada para consumidores en general y a "las micro, pequeñas y medianas empresas".
El texto establece la emergencia por tres meses y plantea una serie de beneficios fiscales para el sector. Entre ellas, la reducción temporaria de contribuciones patronales, prorrogar el vencimiento del pago de los impuestos "existentes o a crearse que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las actividades afectadas, cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del régimen de emergencia".
También incluye la "extensión de planes de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras", suspende las ejecuciones fiscales y judiciales, otorga líneas de crédito "en condiciones diferenciales, instituyendo un régimen de bonificación de tasas de interés, y contemplando amplios plazos de amortización, y períodos de gracia según el retorno de la inversión".
Otro de sus puntos propone "subsidios para las tarifas vigentes de servicios públicos", elimina "retenciones y percepciones impositivas" y compensa "impuestos a través del criterio de libre disponibilidad". Por otra parte estipula la suspensión del "pago de las cargas impositivas y jubilatorias a los sujetos inscriptos al monotributo de las categorías A, B, C y D".
El proyecto también establece beneficios para las firmas que se encuadren en la ley de marco regulatorio de la pequeña y mediana empresa y también a los consumidores. Para ambos establece la fijación de servicios mínimos de telefonía e internet, frena los cortes de los servicios, mientras que en materia de salud y educación privada suspende el pago de incrementos y de los servicios en los casos en que no se estén brindando.
También prohíbe el "cobro, retención o percepción del Impuesto al Valor Agregado sobre intereses de préstamos u operaciones bancarias y financieras gravadas" y de intereses compensatorios, moratorios o punitorios" que superen "al 25%, en cualquier operación financiera para consumo o de crédito para el consumo".
En sus fundamentos, Ramón considera que es "necesaria una protección de los consumidores en su aspecto económico y de comunicación y vivienda", porque "el aislamiento implica un uso más intenso de los servicios públicos domiciliarios y convierte a los servicios de comunicación en particularmente esenciales, siendo indispensable el acceso a los mismos a precios subsidiados o máximos, haciendo totalmente inaceptable el corte de los mismos", porque "permitirlos, implica un riesgo cierto para la salud de toda la población".