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El bloque exigió al gobierno seguridad para la legisladora, quien denunció que fue intimada por el asesino de su hijo vía redes desde la cárcel, y control del uso de telefonía en los presidios.

Redacción 05/04/2020 20:12

Los diputados del bloque Juntos por el Cambio en la legislatura bonaerense repudiaron lo sucedido a su compañera de bancada Carolina Piparo, quien denunció que fue amenazada por las redes sociales por Carlos Moreno, uno de los condenados por haberla baleado en el 2010 durante una salidera bancaria en La Plata, hecho en el que perdió la vida su hijo por nacer. Mediante un comunicado, los legisladores exigieron al Gobierno provincial las garantías necesarias para la diputada y su familia.

Píparo (43) denunció en su cuenta de Twitter que Moreno la hostigó vía Facebook y publicó capturas de pantalla de los mensajes que le envió el condenado por balearla en una salidera bancaria cuando estaba embarazada y en la que murió su bebé Isidro.

“Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes ¿Qué pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?”, cuestionó la actual diputada provincial de Juntos por el Cambio.

 

 

De acuerdo a las imágenes exhibidas por la víctima, el detenido le escribió: “De mí tampoco te olvides, Carlos Moreno. El mismo que te disparó Carolina Píparo, basura de mujer” y “acá, mejor que nunca en la Unidad 34 put..”.

“El bloque de diputados de Juntos por el Cambio expresa su enérgico repudio a las amenazas e intimidaciones sufridas por la dipuada Carolina Piparo, a partir de mensajes enviados a través de redes sociales por el autor del disparo que en una salidera bancaria en el año 2010 asesinara a su hijo Isidro”, expresa el comunicado del bloque de Juntos por el Cambio que lidera Maximiliano Abad.

Allí, los legisladores dicen además que tomaron “rápida intervención” y elevaron la situación a las máximas autoridades políticas de la Provincia “para asegurar que tanto Carolina como su familia tengan todas las garantías de protección y seguridad”. E instaron “a las autoridades competentes a impedir que el uso de redes y telefonía móvil en los penales bonaerenses se convierta en una herramienta a favor del delito”.

Tras la denuncia de Piparo, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que de inmediato se llevó adelante una requisa en la Unidad 34 Melchor Romero donde está alojado el interno y se secuestró un teléfono móvil que no estaba registrado a su nombre, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal 8 de La Plata, en turno.

 

 

El SPB detalló que el protocolo de uso regulado de celulares se implementó la semana pasada por orden de la Justicia y la reglamentación elaborada por el propio servicio dio cumplimiento estricto a lo resuelto por el Poder Judicial.

La reglamentación establece la prohibición de utilizar teléfonos móviles sin el debido registro y en ese caso solo permite la comunicación por la red social WhatsApp.

“Precisamente el protocolo que se firma con los internos a partir de la autorización judicial es para evitar llamados desde celulares ingresados clandestinamente”, añadió el comunicado.

Píparo fue baleada el 29 de julio de 2010 cuando con su madre, María Ema Cometta, retiró dinero de la sucursal del Banco Santander Río de 7 y 42, en La Plata, y se dirigió a su casa, en las calles 21 y 36 de la capital provincial.

 

 

Allí, dos hombres en moto la atacaron y la golpearon para intentar robarle el dinero y uno efectuó un disparo que impactó en el mentón de Píparo y le perforó un pulmón.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital de Gonnet donde fue sometida a una cesárea de urgencia de la que nació su hijo Isidro, aunque murió una semana después.

En el 2013, el Tribunal que juzgó el caso impuso prisión perpetua a Moreno (27), a quien Carolina identificó como el tirador; a Luciano López (27), conductor de la moto que la siguió; a Carlos Jordán Juárez (52) y a “Pimienta” Silva, encargados de “marcarla” adentro y afuera del banco; y a Juan Manuel Calvimonte (32), por reclutar a todos los integrantes.

Sin embargo, luego el Tribunal de Casación provincial le bajó la pena a Silva a 23 años de prisión, tras lo cual, el condenado solicitó en 2018 que le otorguen el arresto domiciliario por problemas de salud.