

El ministro Martín Guzmán dio detalles importantes de la oferta a acreedores, pero ocultó lo esencial. Sabemos que se incluirá una reducción en la carga de intereses del 62% (37.900 millones de dólares), un alivio en el stock de capital del 5,4% (3.600 millones de dólares) y un período de gracia de tres años, hasta 2023. Pero lo esencial, esto es, la estructura de bonos que se ofrecerán en la reestructuración y sus plazos de amortización, no fue anunciado todavía. Sin estos datos, no es posible calcular la variable clave para los acreedores: el Valor Presente Neto (NdR: establece cuál sería el valor actual de un determinado flujo de dinero comprometido después de descontar el costo de oportunidad de recibir los pagos a lo largo del tiempo) de los nuevos bonos incluidos en el menú de la oferta.
El nivel del VPN es lo que definirá la aceptación o el rechazo. En el primer caso, se facilitaría la apertura de fuentes de financiamiento no solo para el Gobierno nacional, sino, también, para provincias y empresas; en el segundo, el país entraría en default, con las graves consecuencias que ello traería para la recuperación posterior a la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus.
Un Valor Presente Neto de los nuevos bonos que supere la barrera de los 40 dólares le permitiría al Gobierno acercarse a un acuerdo. En la medida en que se ubicase por debajo de ese valor, las chances de un entendimiento se alejarían rápidamente.
La oferta es más amigable de lo que se esperaba y contará con un amplio respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que es necesario pero no definitorio para la aceptación de los acreedores.
En este escenario, el pago de los 500 millones de dólares que vencen el 22 próximo queda sujeto a un acuerdo, ya que no tendría sentido pagar sin él.
Se abre, entonces, un escenario en el cual comienzan a correr los tiempos definitivos. Si el 22 aún no hubiera un entendimiento y no se pagara, comenzaría a correr un período de 30 días como deadline definitivo para un temido default.