En la Cámara de Diputados esperan que el presidente Alberto Fernández firme un nuevo decreto para ampliar el temario de sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo lunes y se extenderán hasta el 28 de febrero. Este miércoles, deslizó la señal el titular del cuerpo, Sergio Massa, cuando dijo que tiene previsto tratar el "20 de enero" la prórroga de la ley de biocombustibles, que no está dentro del temario que estableció el Presidente el 30 de noviembre, cuando firmó el decreto 964/20 junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, para extender el período de ordinarias hasta fin de año y convocar a extraordinarias.
Chin chin. El Presidente con el bloque de diputados y diputadas del FdT.
La prórroga a los beneficios para la industria de los biocombustibles ya fue aprobada por el Senado y puede perder estado parlamentario. Por esa razón, este miércoles, la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada pidió un apartamiento del reglamento para tratarlo y Massa le contestó que estaba previsto hacerlo en esa fecha. Cuando lo dijo, todos los jefes de bloque revisaron el temario de extraordinarias y comprobaron que hasta ahora no figura en ese listado.
Según confiaron distintas fuentes parlamentarias a Letra P, el oficialismo quiere sumar otros temas de interés al listado inicial de 25 proyectos, donde figuraban el aporte solidario a las grandes fortunas, la reducción de la coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el plan de los mil días y la nueva fórmula jubilatoria. El trámite de esos cinco texto fue iniciado o completado por ambas cámaras en diciembre. En el listado original quedó más de una decena de proyectos, pero la atención ahora está puesta en los que podría incluir el Ejecutivo.
"Sabemos que están preparando un nuevo decreto y la presidencia de la Cámara le pidió a cada jefe de bloque que aporte sugerencias sobre proyectos que consideren que deben ser incluídos", confió a Letra P el titular de una bancada opositora. La ampliación del temario fue parte del encuentro presencial y virtual que mantuvo el Presidente en Olivos con el bloque oficialista.
La mayor incógnita gira en torno a la supresión o postergación de las primarias. Un sector del oficialismo encabezado por el tucumano Pablo Yedlin, del Frente de Todos, presentó este mes una iniciativa para suspenderlas el año que viene por razones sanitarias y económicas. Lo hizo acompañado por legisladores de distintas provincias en representación de los gobernadores que encabezan un operativo clamor para dejar las PASO sin efecto. Sin embargo, dos días después, la radical Carla Carrizo presentó otro que busca prohibir su supresión y propone postergarlas a septiembre con la aplicación de la boleta única de papel.
En algunos despachos oficialistas y opositores se ilusionan con la inclusión de alguno de los dos textos en la ampliación del temario, pero hasta ahora el único proyecto en materia electoral que figura en el decreto del 30 de noviembre es la suspensión de la caducidad de la personería política de los partidos políticos hasta el 31 de diciembre de 2021, por la pandemia. Sin esa prórroga, distintas fuerzas políticas tendrían serios problemas para afrontar el calendario electoral que se avecina. El proyecto podría ser utilizado como una ventana para impulsar cambios en el sistema electoral.
En otros espacios consideran que el Ejecutivo evalúa meter la creación de una Comisión Bicameral para crear un nuevo código de defensa el consumidor, a partir de una iniciativa propuesta por el mendocino José Luis Ramón. Por ahora, cada uno de esos textos en danza es parte de las especulaciones palaciegas sobre el plan de trabajo definitivo que elegirá el Ejecutivo hasta marzo, cuando comenzará el periodo de sesiones ordinarias y los temas a tratar no son establecidos por el Presidente.
La lista original de proyectos elegidos el 30 de noviembre incluye el tratamiento de un proyecto que establece "medidas de incentivo tributario para fomentar la inversión en pesos, con modificaciones en el impuesto a las ganancias y a los bienes personales" y otro para crear un régimen de promoción de inversiones en la construcción de obras privadas nuevas. También figura la creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario, el financiamiento del sistema nacional de ciencia, la implementación de un "marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control" de agroquímicos.
La lista incluye la reforma judicial y la ley de etiquetado de alimentos, que ya fueron aprobadas por el Senado; la creación de un beneficio extraordinario para los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, una reforma a la ley de Defensa de la Competencia y el nuevo consenso fiscal firmado entre la Nación y las provincias, salvo la Ciudad de Buenos Aires.
