Los fiscales santafesinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery colocarán en manos de los senadores provinciales un fierro caliente que promete poner a prueba un complejo armado de lealtades y enemistades, y tensionar el ordenamiento político e institucional santafesino. Se trata del pedido de desafuero ante la Cámara Alta del senador justicialista Armando Traferri, para que los habilite para imputarlo en la causa de juego ilegal y coimas que ha generado un alboroto en la política local.
Traferri prestó este viernes declaración voluntaria frente a los fiscales y ratificó el escrito en el que rechazó la declaración del exfiscal Gustavo Ponce Asahad mediante la cual lo encumbró en la estructura de coimas por la cual está preso. Ante la negativa del senador de dejar de lado sus fueros para habilitar una imputativa, los fiscales decidieron ir al Senado a pedirlo personalmente. Este viernes la política crujió, pero se mantuvo hermética y precavida.
“Vamos a proponerle a la Cámara de Senadores, las explicaciones fundadas del caso por las cuales solicitaremos el desafuero, porque lógicamente tenemos elementos para imputarle al senador un hecho delictivo”, sostuvo el fiscal Schiappa Pietra.
Ese es el punto que empieza a asomarse como determinante: el calibre de las pruebas. Según las primeras impresiones que pudo recoger Letra P en el ambiente legislativo, hay predisposición a no avalar semejante suceso institucional que significa un desafuero si las pruebas no son completamente contundentes. Como en el boxeo, para sacarle el título al campeón hay que tumbarlo.
Sin embargo, por el recorrido de los fiscales y su manifiesta decisión ante la prensa de avanzar, se puede inferir que poseen pruebas convincentes. Pero asoma la pregunta sobre qué tipo de delito se le va a imputar. Una orientación hacia el lavado de activos de comprobación fiscal y económica, tal como se ha comentado durante el frenético viernes, daría otro tenor a la acusación.
Nadie se apura por el momento y quizás no lo hagan luego. Pero, incluso habilitando la instancia, la situación no es sencilla. Para que un senador pueda ser sometido a un proceso penal, el cuerpo al que pertenece debe acordar quitarle los fueros por dos tercios de los votos presentes. El Senado santafesino tiene 19 miembros, de los cuales doce son justicialistas y siete radicales, aunque hacia el interior de ambos partidos hay diferencias marcadas.
El bloque del PJ está dividido por los liderados por el propio Armando Traferri, llamados díscolos debido a sus diferencias con el gobernador Perotti; y los leales al gobernador conformados por unos cinco legisladores. Algunas voluntades han sido aleatorias entre los bandos. Un hecho lo ejemplifica: en la semana, los alineados con Traferri emitieron un comunicado de apoyo "unánime" al senador, pero los leales se despegaron de eso y aclararon en otro texto que no habían acordado manifestarse de esa forma.
Todos miden su posicionamiento en la arena política y las consecuencias en el caso. Los radicales también, porque son determinantes para alcanzar o no los 13 senadores requeridos para que avance el proceso.
Aquella tensión entre Traferri, el gobernador y el ministro Sain está sobre la mesa. “La interna está on fire como nunca”, sostuvo un dirigente a este medio. Por primera vez, Perotti parece tener las riendas en la mano, pero para que los fiscales ajusten el nudo, el bloque afín deberá sumar en el poroteo. Vale recordar que en las leyes contra Sain sobre gastos reservados e incompatibilidad de cargos que motorizaron los senadores díscolos en un juego de pinzas con el Frente Progresista en diputados, los leales se abstuvieron y recibieron las críticas del ministro.
El tema se está nacionalizando en los medios y ya no hay más mitad de río, tal como dijeron hace unos días desde el gobierno provincial a Letra P. Quedar sin definiciones y que la cuestión se diluya perjudicaría a Perotti, quien en la semana trazó la línea que pretende en su mandato: “Corrupción o decencia”.
