17|4|2021

El aborto es la primera causa de mortalidad materna en la Argentina. Este no es un problema jurídico ni religioso, es un problema de salud pública. 

En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Como en 2018, la iniciativa volvió a aprobarse en ese cuerpo legislativo, pero con la diferencia que mientras aquella vez estuvo muy cerca de hacerlo en el Senado, ahora estamos convencidas que los senadores la harán ley. Muchísimas mujeres esperamos que finalmente el aborto pueda ser legal en la Argentina. Que sea legal significará que aquellas mujeres que deciden no continuar con su embarazo tendrán la posibilidad de salir de la clandestinidad y abortar en un lugar seguro, sin necesidad de esconderse ni sentir que está haciendo algo ilegal. 

 

Fue conmovedor ver la algarabía en las calles alrededor del Congreso festejando por esta aprobación. Fue un logro de los colectivos de mujeres que vienen bregando desde hace años para cambiar un status quo que no respeta el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo y que sumerge en la peor de las soledades y desprotección a las mujeres sin recursos económicos para hacer frente a una decisión dolorosa y por la que nadie quiere pasar.

 

Como en la mayoría de las problemáticas, el aborto también tiene consecuencias diferentes dependiendo de la clase social en la que se produce. En el trabajo social, que desarrollo junto a mis compañeras y compañeros de Barrios de Pie, pude constatar la dramática situación que viven en particular y sobre este tema, muchas mujeres en los barrios populares. Totalmente desamparadas - en muchos casos siendo apenas adolescentes-, por el motivo que fuera, cuando deciden abortar, terminan haciéndolo en las peores condiciones de salubridad y en muchos casos perdiendo su propia vida. Condiciones a las que se ven obligadas por su condición social y su falta de recursos.

 

Pero sobretodo, condiciones alimentadas por la falta de una ley que permita legalizar al aborto y de este modo hacer segura su práctica en una institución hospitalaria pública y gratuita. En la que, además, estas mujeres podrán contar con una formación sobre su propia sexualidad, de la que en la mayoría de los casos carecen debido a las deficiencias de un sistema educativo que, por diferentes presiones externas, no les brinda aún la información básica para desarrollarse con plena libertad. 

 

Por otro lado, el aborto es la primera causa de mortalidad materna en nuestro país. Este no es un problema jurídico ni religioso, es un problema de salud pública. Por lo tanto, el Estado debe hacerse responsable. Así lo está haciendo el presidente Alberto Fernández, quien cumpliendo con una de sus promesas electorales, está llevando el proyecto IVE a ambas cámaras para que se debata y se transforme finalmente en ley. 

 

Como con otras deudas de la democracia, especialmente aquellas que sufren los más vulnerables de nuestra sociedad, solo un gobierno popular puede ponerle fin. En un país en el que se realizan alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año y en el que mueren unas 100 mujeres en el mismo período como consecuencia de complicaciones derivadas de dichas prácticas, se hace indispensable contar con la aprobación de la ley para terminar de una vez con esta problemática y hacer justicia. Que sea LEY.