25|11|2022

Con el plan Gas.ar, el Gobierno apunta al corazón de la crisis cambiaria

01 de diciembre de 2020

01 de diciembre de 2020

El cepo, hijo de la pérdida de autoabastecimiento. El gran pecado K. Una política de Estado (de Cristina a Macri y ahora a Fernández). ¿Objetivos alcanzables?

El autoabastecimiento energético conseguido en 1988 se perdió en 2011, año final del primer mandato de Cristina Kirchner, cuando el ciclo que había comenzado Néstor Kirchner pagó por el que tal vez haya sido el mayor de sus errores: el mantenimiento simultáneo de una política de subsidios masivos al consumo de luz y gas y una gestión poco atenta a la inversión para la renovación de la producción y los stocks. No casualmente, en octubre de ese año se impuso el llamado “cepo” cambiario, hijo de una escasez de dólares directamente vinculada a las importaciones crecientes de gas natural y licuado que fue necesario realizar para que no se paralizara la actividad económica y la población no se muriera de frío en invierno. El hallazgo de Vaca Muerta, con la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo, fue la enésima bendición para una Argentina experta en dilapidar oportunidades de desarrollo. A no repetir ese pecado y a ahorrar divisas hoy escasas para, a mediano o largo plazo, superar una crisis cambiaria permanente apunta el plan Gas.ar lanzado el lunes por el presidente Alberto Fernández, que plantea ambiciosas metas para los próximos cuatro años. ¿Serán alcanzables?

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La pérdida del autoabastecimiento llevó en su momento a la hoy vicepresidenta a desandar parcialmente los errores anteriores. Los subsidios nunca se desarmaron, en especial los volcados a una clase media y a una media alta del área metropolitana que no los necesitaba ni los iba a agradecer en las urnas, pero se estatizó la mayoría de las acciones de YPF y se puso el marcha el proyecto Vaca Muerta a partir de una inversión inicial de Chevron que provocó severas críticas de la oposición de centroderecha del momento. Afortunadamente, esos cuestionamientos no fueron más que oportunismo y Mauricio Macri aceleró el rumbo, devenido ya en política de Estado. Más allá de disputas en torno a los subsidios entregados a las empresas productoras, acaso esa decisión haya sido la más plausible de su administración. Hoy, le toca el turno a Fernández.

 

El tema tiene implicancias económicas profundas. Desde la pérdida del autoabastecimiento en 2011, la Argentina pasó cinco de los nueve años siguientes con esquemas de control de cambios que apenas sirvieron para atajar pelotazos; en los que no lo hubo fue más por porfía que por haberse resuelto el problema, dada la intensificación de la fuga de capitales.

 

Según surge del decreto 892, de la resolución 317 y del anuncio presidencial del lunes, el plan Gas.ar apunta a generar entre 2021 y 2024 inversiones por 6.500 millones, una sustitución de importaciones de 9.300 millones de dólares, recaudación fiscal excedente por 3.600 millones de dólares y, a pesar de los subsidios involucrados, un ahorro presupuestario del orden de los 2.500 millones de dólares al cambio actual.

 

 

 

Este jueves, se conocerán las ofertas de las empresas que participarán de la licitación, así como qué volúmenes y precios de entrega propondrán. La adjudicación será el 15 de diciembre.

 

En la presentación acompañaron a Fernández el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, e Interior, Eduardo de Pedro, y el secretario de Energía, Darío Martínez. Asimismo, estuvieron presentes los gobernadores o vicegobernadores de todas las provincias involucradas en la actividad petrolera y gasífera,

 

Del lado empresario, se vio a Paolo Rocca, de Techint;  a Gustavo Mariani y Marcelo Mindlin (Pampa Energía), a Alejandro y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), a Eric Dunning (Chevron), a Hugo Eurnekian (CGC), a Marcelo Asís (Shell), a Germán Macchi (Plus Petrol), a Dominique Marion (Total Austral), a Carlos Ormachea (Tecpetrol), a Daniel De Nigris (Exxon Mobile), a Pablo Vera Pinto (Oil Gas) y a Guillermo Nielsen y Sergio Affronti (YPF). El nivel de la convocatoria, que consolida alguna reconciliación política de calado y la sumatoria al esquema de empresarios muy ligados a la gestión anterior, resultó elocuente del interés que despertó.

 

Antes del parate forzado, la explotación de Vaca Muerta había generado entre 2012 y 2019 inversiones por 32.000 millones de dólares y un ahorro de divisas –creciente año a año– de 11.547 millones por sustitución de importaciones, de acuerdo con datos de la provincia de Neuquén. Para el año en curso, se esperaba un ahorro de divisas de 4.769 millones de dólares, que se debía elevar a casi 6.000 millones en 2023, pero la pandemia, la caída en picada de los precios internacionales y los aprietos fiscales que impuso el gasto de emergencia congelaron la actividad.

 

Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) y profesor en la UBA, le dijo a Letra P que “el nivel de subsidios que implique el plan dependerá del resultado de la subasta. Sin embargo, hay que entender que ese esfuerzo fiscal redundará en beneficios cuando llegue el invierno”.

 

El especialista explicó que los precios, en especial del gas, no ayudan ahora como sí lo hacían en 2010-2012, cuando Estados Unidos vivió su gran auge de las explotaciones no convencionales. “No está mal que el Estado (argentino) subsidie para facilitar el negocio”, señaló, a la vez que sustituye importaciones y propicia la contratación de empresas locales proveedoras de servicios, en muchos casos pequeñas y medianas.

 

De acuerdo con Bronstein, “la llamada ‘curva de aprendizaje’ de las empresas permite hoy reducir notablemente los costos de extracción en Vaca Muerta. Si el punto de equilibrio en cuanto a precio era en 2012 de siete a ocho dólares por millón de BTU, un valor similar al recogido en la resolución 46 de 2017, hoy oscila entre tres y cuatro dólares”. De hecho, el umbral para el subsidio pasó en las negociaciones recientes de 3,90 dólares a 3,70, indicó. Se trata, según el experto, de un valor similar al actual del importado, que incluso se eleva a cuatro dólares si se consideran los procesos de regasificación del gas licuado.

 

Ahora bien, ¿los mencionados objetivos del plan Gas.ar son alcanzables? Para Bronstein, sí.

 

“Las proyecciones son razonables. En el próximo invierno se va a seguir importando, pero probablemente la mitad de lo que habría que comprar sin este plan, lo que evitaría tener que traer de vuelta algún barco regasificador”, aseveró.