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Fiscal vidalista, contra Pablo Moyano: pidió elevar la causa a juicio oral

El hijo del líder camionero está procesado como jefe de una asociación ilícita en el club Independiente.

Por 20/10/2020 14:24

La alegría por la masiva movilización del Día de la Lealtad se empañó para Pablo Moyano, referente del gremio de Camioneros: dos días después de la masiva movilización de ese gremio, el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera (ligado al procurador bonaerense vidalista Julio Marcelo Conte Grand), solicitó que el hijo del líder camionero sea sometido a juicio oral y público por ser "jefe" de una asociación ilícita en el Club Independiente.

Scalera saltó a la escena nacional en junio de 2017, cuando impulsó una redada judicial que terminó con Jorge Castillo, “El Rey” de la feria "La Salada", varios meses en la cárcel. Ahora, apunta a otro animal político de gran porte. Tras el megaoperativo en Lomas de Zamora, el funcionario judicial reveló: "Hay un fuerte apoyo institucional con el doctor (Julio) Conte Grand en la Procuración y hay un fuerte respaldo en profundizar todo este tipo de investigaciones pendientes para llegar hasta la matriz; la idea es ir a la matriz que generan todo este tipo de hechos".

 


El fiscal Sebastián Scalera y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich

 

Ante el avance de la investigación, la defensa (a cargo del exjuez federal Daniel Llermanos) apuntó al fiscal como un integrante de una banda “paraestatal” destinada al espionaje ilegal, tal como informó Letra P el pasado 20 de julio. En ese laberinto judicial apunta al fiscal Scalera, uno de los magistrados con línea directa en la Procuración General bonaerense que dirige Conte Grand. Entienden que junto al falso abogado Marcelo D’Alessio produjeron hechos “procesales” que “fascinaron a periodistas estrechamente vinculados al Poder Ejecutivo por intermedio de la AFI y del Ministerio de Seguridad” que estaba encabezado por Patricia Bullrich.

BASE PROBATORIA. En un expediente donde maridan fútbol, barras y política, la asociación ilícita, según la fiscalía, está conformada por una facción de la barrabrava y parte de la dirigencia del Club Atlético Independiente.

Se trata de un segundo tramo de la causa donde solo remite a Pablo Moyano, ya que está en etapa de debate oral y público varios acusados como Pablo "Bebote" Álvarez, el exlíder de la barra brava de Independiente, también es considerado "jefe" de la asociación ilícita.

 

 

Para pedir el juicio, el fiscal valoró los dichos de Álvarez como "arrepentido" (una figura de dudosa legalidad impulsada por el macrismo), quien involucró a los Moyano así como a otros integrantes de la barra brava, escuchas telefónicas, el análisis de varios teléfonos secuestrados y varias declaraciones testimoniales, entre otras.

Según la hipótesis de la acusación, la asociación ilícita tuvo su inicio para desplazar al entonces presidente de Independiente Javier Cantero, para garantizar el arribo de los Moyano a la dirigencia: para ello recurrieron a "aprietes" que –según Scalera- fueron "subvencionados" por Pablo Moyano, Noray Nakis y Héctor Maldonado, tesorero del gremio de choferes de camiones. Por ello, el plan común era garantizar la llegada de los Moyano y reposicionar a la barra brava en el club de Avellaneda.

 

 

Con los Moyano en el poder, según el fiscal, la barra recibió cuotas sociales pagas, bonos de ingreso a espectáculos deportivos, el financiamiento de viajes dentro y fuera del país y la entrega de dinero en efectivo.

Damián Lagarone, integrante de la barra, días antes de los partidos en que el equipo jugaba de local se dirigía en persona a la empresa Integradores S.A, y entregaba un pendrive a Juan Pablo Canosa o Ignacio Malvestiti, hijos de los principales socios y directivos de la empresa, el cual tenía un extenso listado con más de mil nombres de socios del Club Atlético Independiente, con el fin de que la empresa cargara en sus respectivos carnets los bonos necesarios para que estas personas pudieran ingresar al estadio, según la investigación. Y -siempre según la causa- se imprimían los comprobantes de pago de las cuotas sociales de cada uno de los que integraban la lista y las entradas que eran repartidas entre la barra.

Ahora la jueza de Garantías Brenda Madrid, previo traslado por quince días a la defensa de Pablo Moyano, resolverá sobre la elevación a juicio.