En una reunión con la cúpula de la principal central obrera, el Gobierno se sacudió el letargo en el que quedó sumido tras la derrota electoral y ensayó movimientos para intentar desactivar
la ofensiva peronista para conseguir que se declare la emergencia alimentaria. Si bien la inclusión de la CGT en la disputa por cómo paliar las consecuencias del agudización de la crisis económica surgió a partir de la carta abierta enviada por los sindicalista al presidente
Mauricio Macri, la reacción oficial también puede leerse como un gesto que busca debilitar la confluencia de sectores en el reclamo y canalizarlo a través del sector sindical, que cuenta con terminales políticas en el peronismo y opera bajo el ordenamiento del candidato presidencial
Alberto Fernández.
Con el Ministerio de Desarrollo Social como telón de fondo, un escenario atípico para la discusión gremial, la cúpula de la central obrera se reunió con Carolina Stanley, que finalmente estuvo acompañada por el ministro de Producción Dante Sica. Este hecho en si mismo grafica, por un lado, la gravedad de la crisis social y, al mismo tiempo, la necesidad del Gobierno de encontrar interlocutores institucionales que no halla en los movimientos sociales.
En la previa de la reunión, varios sindicalistas expresaron su preocupación por la gravedad del cuadro social que, según su mirada, ya se siente con fuerza incluso en los trabajadores formales. "La crisis no encuentra piso, estamos viviendo situaciones inéditas en las que nuestros afiliados tiene problemas para comer todo el mes", comentó espantado un sindicalista que también explicó que el comedor que abrió su gremio dos veces por semana no da abasto a la demanda.
En la reunión, en la que la representación sindical estuvo en manos de los secretarios general Héctor Daer y Carlos Acuña, Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (Estatales UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA), los gremialistas reclamaron un bono universal, para trabajadores privados y públicos, de cinco mil pesos que se pague antes de fin de mes, a imagen y semejanza del que se pagó a fin de año en dos cuotas de 2.500 pesos.
Los gremialistas exigieron que sea el Gobierno el que decrete la emergencia alimentaria, algo desestimado de plano por los funcionarios, y retomaron algunas de las demandas de los movimientos sociales que implican el refuerzo de los comedores populares y estatales, y que estos últimos se abran también los fines de semana.
“La emergencia alimentaria depende del Congreso y es en ese marco en el que se va a tratar. Hay distintos proyectos y va a ser ahí”, dijo Stanley una vez que concluyó la reunión.
La delegación oficial tomó nota de las demandas y se comprometió a dar una respuesta, pero contra ofertó la creación de una "tarjeta alimentaria" que percibirán los trabajadores que quedaron desocupados recientemente y que se complementaría con el seguro de desempleo.
Ni los sindicalistas ni los funcionarios nacionales brindaron precisiones sobre cuántos serías los trabajadores alcanzados por la tarjeta. Tampoco sobre el monto que percibirían ni la forma en la que se va a implementar, lo que refuerza la hipótesis de un movimiento político antes que una previa de anuncios vinculados a los reclamos.
Una vez concluida la reunión, el subsecretario de Abordaje Territorial, Fernando Reggio, convocó a los representantes de los movimientos sociales (CTEP, CCC, Barrios de Pie y el Frente Darío Santillán) para abordar directamente las demandas de ese sector.
Los militantes básicamente reclamaron que el bono anunciado por Macri hace dos semanas, que consta de un pago de mil pesos, sume otros dos mil en calidad de refuerzo, y que la mercadería y el dinero que el Ministerio de Desarrollo Social desembolsa a través de los movimientos para los comedores los comedores se duplique. El encuentro se tensionó por la insistente negativa del funcionario a elevar el 100% de los recursos y reiteró la oferta de subirlos un 40%, algo que los dirigentes sociales ya había rechazado en oportunidades anteriores. La reunión concluyó sin acuerdo y se pactó un nuevo encuentro para el jueves, el mismo día en el que la oposición buscará tratar en el Congreso el proyecto de ley para dictar la Emergencia Alimentaria.
