03|1|2022

El decreto 173/19 aplaza la fecha de finalización de emisiones analógicas en la televisión abierta y convalida tres años de achicamiento institucional en la implementación de la televisión digital.

El Decreto 1148/2009 que desplegó la Televisión Digital Abierta (TDA) había previsto el apagón analógico para agosto de este año. Aunque anticipamos que, dada la parálisis del proceso de implementación de la TDA desde 2015, difícilmente este objetivo se concretara, la consumación oficial del pronóstico reafirma otras derivas: desde el punto de vista institucional, continúa la política de achique del Estado y de sus responsabilidades inherentes; en el plano tecnológico, reafirma la incertidumbre acerca del uso del espectro radioeléctrico y el estancamiento en la implementación de la televisión digital terrestre en el país; además, deja en manos del mercado la decisión de que una parte muy importante de la población continúe sin gozar de servicios audiovisuales de buena calidad.

 

Las reestructuraciones permanentes de los ministerios del gobierno de Cambiemos, con el objetivo de reducir el “gasto público” ordenado por el FMI, achican el Estado y limitan las responsabilidades que a sus instituciones les compete. Es lo que sucede, por ejemplo, con el Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital y el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales. La nueva normativa plantea que el Consejo Asesor pase a la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Cuando se creó en 2009, funcionaba en la órbita del Ministerio de Planificación, pero al asumir Mauricio Macri pasó a depender primero del ya extinto Ministerio de Comunicaciones y luego del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, en el seno de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ahora dependerá del “regulador convergente” de medios y telecomunicaciones (ENACOM) y, por lo tanto, Silvana Giudice presidirá ambas entidades.

 

 

 

En cuanto al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, aprobado en 2014 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, fue modificado por una consulta pública realizada en noviembre de 2018 por el actual gobierno. Tal como señala Fernando Krakowiak en Letra P, dicha intervención no modificó aspectos que son cruciales para la implementación de la TDA: en primer lugar, no hay todavía información sobre cuál es el espectro efectivamente disponible para la TDT, ni tampoco del usufructo que de él hacen otros servicios de comunicación. Se trata de un mandato de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que no cumplió la administración kirchnerista y que tampoco resuelve el gobierno de Macri.

 

Al no realizar dicho relevamiento o un nuevo plan nacional de frecuencias y localizaciones, Cambiemos continuó con la política de hechos consumados de la anterior gestión, por ejemplo, otorgando licencias limitadas en ancho de banda, como es el caso de Perfil TV Sociedad Anónima a quien, en octubre de 2016, Enacom le otorgó el canal digital 36.2 a través del decreto 2017/2016. El espectro es un bien finito, escaso, y siempre se alega su carencia al momento de otorgar canales radioeléctricos; sin embargo, al no existir un estudio y ponderación del mismo, estas afirmaciones se transforman en suposiciones.

 

 

 

El Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, aprobado por el kirchnerismo, fue modificado por el mismo gobierno a través de la resolución 1047/2014. Se redujo así la capacidad de transmisión de datos que puede disponer un radiodifusor en 6 MHz para favorecer así la multiplexación digital para que haya una mayor oferta de señales. Estas medidas entran en contradicción con las recomendaciones internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que recomienda 6 MHz para América. Esta reducción impuesta por el gobierno anterior fue mantenida por el actual y contradice la práctica de otros países de América o Europa; si no se modifica, impedirá que la TDA esté en condiciones para competir con otras tecnologías de mejor calidad como la fibra óptica o ciertas emisiones satelitales que poseen una máxima definición de imagen, impediría, por ejemplo, que los licenciatarios brinden televisión 4 K a través de la TDT, como sí están ofreciendo ya algunos países europeos.

 

Junto con la prórroga del apagón, el decreto 173/19 determina que sea el Enacom el encargado de elaborar las modificaciones al Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales en un plazo de 90 días, que luego deberá ser aprobado por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Un regulador que acumuló funciones pero sin ampliarse en su estructura, lo cual hace poco realizable el considerando que fundamenta dicho decreto: “las medidas que se adopten en dicho proceso deben responder a un análisis completo y transversal que vincule a la administración eficiente e inclusiva del espectro radioeléctrico con la protección de derechos de raigambre constitucional vinculados a los medios de comunicación audiovisual, tanto del sector público como del sector privado, atendiendo a las particularidades de cada uno de los servicios y áreas del país”.

 

La Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017  (SInCA), indica que el 54% de los argentinos posee un televisor SmartTV en el hogar, sucede que la posesión del aparato no garantiza acceder a una imagen de calidad HD, para ello es necesario que la señal que le llegue sea digital y de calidad y ella es provista por empresas de cable, satelitales o de internet si en ese hogar no llega la TDA. Por lo tanto, se debe seguir pagando muy caro el precio por acceder a una imagen de calidad, cuestión que debiera formar parte de los derechos ciudadanos.