Un suicidio político

La muerte de Alan García abre el debate sobre la presunción de inocencia

¿Continuará el método de prisión sin sentencia firme contra dirigentes políticos en Perú?¿Que consecuencias tendrá la destrucción del sistema político peruano? ¿Y la región?

La decisión del dos veces presidente del Perú Alan García Pérez de suicidarse en el momento en que iban a detenerlo por presuntos delitos de corrupción en el marco del capítulo peruano del caso Odebrecht fue, sin duda, tomada por un hombre que ante todo era un líder político y sus consecuencias, premeditadas o no, serán políticas también. Entre ellas, asoma primero el debate acerca de la legalidad y legitimidad de las detenciones en Perú y en Latinoamérica de ex funcionarios públicos sin sentencia firme y, en segundo lugar, los efectos a mediano plazo del derrumbe del prestigio de la política en el país y la región.

 

En esa línea debe leerse la rápida reacción del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa en Twitter denunciando que el suicido de García habría sido un “asesinato” porque habría sido acusado injustamente. Aunque hacía rato que García había dejado de lado las simpatías “populistas” de su primer mandato (1985-1990) y en el segundo (2006-2011) se había volcado decididamente hacia el mercado, Correa, hábilmente, lo suma a la lista de ex presidentes latinoamericanos “injustamente perseguidos” que comparte con, entre otros, el detenido brasileño Inácio “Lula” da Silva y la multiprocesada Cristina Fernández de Kirchner.

 

Letra P ha mencionado reiteradamente que la lectura de “gobiernos de derecha persiguiendo judicialmente a líderes de izquierda” era, de mínima, incompleta y que la situación judicial de García -y de todos sus colegas ex presidentes peruanos, todos afines a políticas pro mercado y todos con causas por corrupción- era el mejor ejemplo de que, detrás de la ofensiva judicial contra la corrupción política en la región, había algo más que un conflicto ideológico.

 

En ese sentido, la hipótesis más sustentable es el público interés de Estados Unidos por desplazar a China del mercado de la obra pública en la región y, desprendido de ese interés, la lectura norteamericana de que la histórica corrupción reinante en Latinoamérica en ese rubro era más útil a las “flexibles” empresas mixtas chinas que a las “duras” empresas estadounidenses, obligadas a ser mas transparentes.

 

Desde la Justicia norteamericana se habría alentado –lobby mediante– la irrupción en la jurisprudencia regional de la figura del arrepentido y la detención sin sentencia firme.

En ese marco, desde la Justicia norteamericana se habría alentado –lobby mediante– la irrupción en la jurisprudencia regional de la figura del arrepentido y la detención sin sentencia firme.

 

Por supuesto, estas situaciones no son lineales y los intereses extranjeros y comerciales se cruzan y entrecruzan con los locales y políticos sin obviar el impredecible factor humano de odios y amores, como lo ejemplifica la decisión de García.

 

Volviendo justamente a él, será interesante entonces observar hasta donde logrará García post mortem colaborar con sus colegas ex presidentes en la revalorización de un concepto basal de la justicia hoy en crisis, como es la presunción de inocencia.

 

Cabe destacar que esta crisis afecta a la presunción de inocencia no solo en lo político judicial sino en cuestiones como la llamada “Justicia por mano propia” contra presuntos ladrones o las denuncias de abuso sexual y/o violencia de género que gozan, además, de un fuerte respaldo en los medios y en las redes sociales, inclusive, paradójicamente, de aquellos que la cuestionan en el orden político.

 

El segundo punto, mucho más complejo de abarcar, refiere a las consecuencias que tiene y tendrá el desprestigio en que, causas judiciales mediante, se han subsumido la dirigencia política latinoamericana y sus instituciones.

 

Insistiendo con la presunción de inocencia, no se trata aquí de señalar si son o no culpables, sino de las consecuencias sociales y políticas que tiene que gran parte de la población crea efectivamente que lo son.

 

Con su suicidio, García dio visibilidad al caso peruano. De sus ex presidentes vivos (1985 hasta hoy), Alberto Fujimori preso, Alejandro Toledo prófugo, Ollanta Humala en libertad condicional, Pedro Pablo Kucznski preso y García, muerto antes de que lo detuviesen. Solo el mandatario provisional Valentín Paniagua (2000-01) y Fernando Belaunde Terry (1980-85) murieron en libertad.

 

 

 

Sin llegar a ese extremo, el escenario puede extrapolarse a casi todos los países de la región y no hace falta ser un avezado analista para comprender que la elección de Jair Bolsonaro en Brasil es producto, en gran parte, de la convicción de millones de brasileros de que su dirigencia política post dictadura es profundamente corrupta.

 

Perú tiene la particularidad de que un desvencijado sistema político convive con un modelo económico que trajo crecimiento económico, aumento del consumo, estabilidad financiera, baja inflación, superávit fiscal, etcétera. Pero estos logros no fueron suficientes para quebrar el gran problema latinoamericano de la desigualdad y la pésima calidad de los servicios públicos.

 

En diálogo con Letra P, el analista político peruano Uriel Ben Schmuel explicaba justamente que parte de la elite peruana teme que la ofensiva judicial vigente y la consecuente destrucción del sistema político termine por abrirle la puerta a un candidato “antisistema” y/o “populista” como el coronel Antauro Humala, hermano del ex presidente -aunque profundamente distanciado personal e ideológicamente- y líder de un movimiento político con una difusa ideología que expresa el supremacismo racial incaico-peruano, el etnocacerismo.

 

Antauro está detenido por haberse levantado en armas contra el gobierno de Toledo en 2009, pero eso no impide que ya haya versiones de que podría candidatearse a la presidencia en las elecciones previstas para 2021.

 

“El sueño de Sendero Luminoso (la guerrilla maoísta que asoló Perú en los 80) de destruir al Estado peruano y sus instituciones parece estar está llevándolo adelante su propia elite”, reflexiono Schmuel y la reflexión bien cabe a varios países de la región.

 

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