“Saber que venían los compañeros de Berisso hacía que todos los demás obreros se sintieran respaldados por una especie de ser omnipotente, capaz de enfrentarse con los desafíos más tremendos sin claudicar un metro. Esa misma magnitud sobrenatural que tenían los obreros berissenses en la mente de los trabajadores del resto del país adquiría el aspecto de un monstruo antropófago en la de sus adversarios… Para ellos la masa que vendría avanzando hacia Plaza de Mayo era verdaderamente un ‘aluvión zoológico’, una manada de potros salvajes en estampida, una erupción volcánica que arrasaría con todo lo que encontrase a su paso…”. Así describe Jorge Pastor Asuaje, en el libro en que se basa su película “El día que cambió la historia”, la histórica apoteosis obrera del 17 de octubre de 1945, donde los trabajadores unidos en una masa de más de medio millón de hombres cambiaron el curso de la historia argentina. Cabe recordar también que un día como hoy, hace 70 años, los derechos del trabajador eran consagrados en la nueva Constitución Nacional.
Sin embargo, el empoderamiento del movimiento obrero, génesis del peronismo, no significó su evolución hacia la “dictadura del proletariado”. Por el contrario, a partir de su concepción filosófica de la “comunidad organizada”, Perón propuso el pacto social como su política de gobierno, para superar el clásico conflicto entre capital y trabajo. La tercera posición del justicialismo, como modelo alternativo al capitalismo y al comunismo, coincidente con la Doctrina Social de la Iglesia, se adelantó cincuenta años a las propuestas de la tercera vía formuladas a fines del siglo XX. El Pacto Social estuvo presente en el Consejo Nacional de Posguerra de 1944, en los dos Planes Quinquenales, en el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional de 1973, y en el Diálogo Argentino convocado por el Presidente Duhalde en 2002, con el apoyo de Raúl Alfonsín y el protagonismo central de la Iglesia.
El Consejo Económico Social de Tandil.
En el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que Perón presenta en 1974 como su testamento político, afirma que “El ciudadano como tal se expresa a través de los partidos políticos, … pero también el hombre se expresa a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etc, y como tal tiene que participar en otro tipo de recinto…”. Con tal fin, propone la creación de un Consejo para el Proyecto Nacional, no solo ya para un acuerdo económico y social de corto plazo, sino para construir un proyecto consensuado de Nación. Su inmediata desaparición física, la siguiente instauración de la dictadura cívico-militar, la derrota electoral del peronismo en 1983, y la evolución del país hacia el neoliberalismo en la década del 90, dejó en el olvido la posibilidad de avanzar hacia un modelo de democracia participativa a nivel nacional. Y en 1994 se perdió la oportunidad de darle categoría constitucional a un Consejo Económico y Social, órgano central de las democracias modernas. Hoy, vuelve a ser el eje de la propuesta política del justicialismo.
En base al mismo ideario filosófico de la comunidad organizada, al asumir en 1987 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero afirmaba que “la riqueza y la diversidad representativa de una sociedad no se agota en los partidos políticos, sino que requiere de la participación de las entidades y organizaciones del pueblo, que necesitan ser reconocidas en una estructura de poder como uno de los engranajes básicos de la democracia moderna”. Considerando que la sociedad debe buscar a través del diálogo, los caminos para su perfeccionamiento y su desarrollo integral, incorporó como herramienta de su gobierno a la planificación, pero señalando que la misma no debe ser ni el puño compulsivo del Estado ni la mano invisible del mercado, “sino la mano guiada por una planificación indicativa, que tampoco puede quedar simplemente asignada a las decisiones de la burocracia, sino que tiene que discutirse con los agentes de la producción y del trabajo, o sea una planificación concertada”. La gestión provincial de Antonio Cafiero fue un modelo de avanzada en la idea de una democracia deliberativa, donde lo esencial no es solo la libertad de elegir los gobernantes, sino de opinar, de manifestarse pacíficamente, de participar en las decisiones que nos afectan, entendiendo a la democracia como un modo de vida, y no solo como una forma de gobierno.
"Y en 1994 se perdió la oportunidad de darle categoría constitucional a un Consejo Económico y Social, órgano central de las democracias modernas".
La democracia representativa se encuentra en crisis en todo el mundo, dando lugar a grandes movilizaciones populares, como nuestro “que se vayan todos”, porque los ciudadanos perciben que la democracia “no los representa”, y a veces buscan atajos violentos para hacer valer sus derechos. El origen de esta crisis está en la misma concepción individualista de la democracia política liberal, que se identifica con la noción de la participación del individuo, del ciudadano, de conformidad a su ideología. El paradigma de la democracia representativa propone como única forma de participación ciudadana el voto, que solo expresa el derecho “político” del ciudadano, y reproduce en la política el modelo económico de mercado, cuya base ética es el “individualismo posesivo” (Adela Cortina). Por lo tanto, se traduce en la “competencia” por el poder, en la continua confrontación, en lugar de la cooperación y/o la concertación entre las diversas fuerzas políticas. El Estado, aún en democracia, sigue siendo burocrático-autoritario, “gendarme” o protector, en lugar de un Estado rector, promotor, regulador, articulador y coordinador de intereses sociales. Las organizaciones públicas son burocráticas, piramidales, en lugar de horizontales, a fin de constituir redes institucionales autónomas pero coordinadas entre sí para prestar servicios accesibles y oportunos a toda la población. El viejo paradigma se caracteriza por la centralización, en lugar de la descentralización.
El Consejo Económico y Social de España.
El fundamento ético de la democracia social, deliberativa o participativa, es el “reconocimiento moral del otro”, por lo que reconoce la diversidad social y cultural de los ciudadanos, y el derecho a la representación de los derechos “sociales” de los grupos, y de los derechos “culturales”, por ejemplo, por razones de género, diversidad religiosa, sexual o étnica. Propone una participación ciudadana no solo política sino también social, de los movimientos sociales y culturales y las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a sus respectivos intereses y demandas, en órganos de consulta y concertación. Supone pluralismo, o sea la aceptación de la coexistencia de grupos autónomos con intereses diferentes y a veces contrapuestos, y que la articulación de los mismos depende de su reconocimiento y participación. Se opone a la noción clásica de “gobierno” basada en la autoridad tradicional del Estado centralizado que asume el rol de representar el interés general a través de una estructura vertical y delegativa, que degrada muchas veces en clientelismo y corrupción.
Desde el punto de vista político, la gobernabilidad democrática requiere del diálogo social y formas de decisión colectivas que incluyan a todos los afectados mediante la participación, la deliberación, la negociación y la regulación de los conflictos entre actores con diferentes intereses, una toma de decisiones basadas en la amplia inclusión de actores afectados por las mismas. Por eso la dirigencia política no puede hacerlo nunca sin la participación de los actores sociales reales de la vida económica y social, ya que para alcanzar acuerdos es necesario a partir del diálogo identificar valores, intereses y necesidades comunes, y también poner sobre la mesa los inevitables conflictos de intereses, sin negar las diferencias, sino abordarlas, procesarlas y solucionarlas. Esto significa que la participación social es también un proceso político, por cuanto significa ejercicio y distribución del poder dentro de una sociedad. Contribuye a fortalecer y profundizar la democracia real, al transferir a la base social gran parte del poder concentrado en los órganos burocráticos del Estado y/o en la concentración económica.
El Acuerdo Social debe construirse en el marco de un proceso de planificación estratégica concertada que contemple ciertos principios éticos irrenunciables para una sociedad democrática: la libertad, el bienestar y la justicia social. Como dice el Papa Francisco, es necesario recrear una cultura del encuentro, lo que en materia política se traduce en la evolución hacia una cultura de diálogo social, de la deliberación, en la búsqueda del acuerdo, del sentimiento de ser parte de un proyecto colectivo solidario, y no en el debate, en la confrontación, en la competencia por el poder.
"La participación de los grupos organizados de la sociedad civil a nivel del Estado en las decisiones públicas es la base ética y política del Acuerdo Social."
En una democracia moderna, el Acuerdo Social debe definirse como una política de Estado, que haga de la concertación una herramienta central de la gestión política de cualquier gobierno, y de la participación ciudadana, no solo política sino también social, su principal elemento de control y de realimentación con la realidad. Esto significa una concepción estratégica de transformación del Estado, desde un modelo burocrático de poder hegemónico instalado a partir de un triunfo electoral más o menos mayoritario, a un Estado promotor y articulador de todos los intereses sociales. A diferencia de la clásica “reforma del Estado”, que siempre fue sinónimo de ajuste, Cafiero propuso la “transformación” hacia un Estado verdaderamente democrático, institucionalizando formas de democracia participativa en las distintas áreas del Estado provincial.
En síntesis, el fundamento político del Acuerdo Social es la necesidad de enriquecer la democracia representativa con la democracia social participativa. Es hora de superar la necesidad de que los ciudadanos deban manifestarse en las calles para hacer valer sus derechos, como tuvieron que hacerlo los obreros aquel 17 de octubre de 1945. La participación de los grupos organizados de la sociedad civil a nivel del Estado en las decisiones públicas es la base ética y política del Acuerdo Social. La democracia debe evolucionar, del actual paradigma político basado en la confrontación para alcanzar la concentración del poder, hacia un nuevo paradigma basado en el diálogo y la concertación, para lograr una mayor distribución del poder dentro de la sociedad. La verdadera democracia, o sea “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” es aquella donde todos los ciudadanos, y los grupos sociales, se sienten representados en el poder, participan, deliberan y acuerdan en la búsqueda del bien común.
