La semana judicial no comenzó de la mejor manera para la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: la justicia en lo contencioso administrativo de La Plata abrió el plenario de prueba en la solicitud de medida cautelar que interpuso una organización judicial con el objetivo de frenar y revisar la designación de Francisco Pont Verges como juez de Casación penal bonaerense, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.
Tal como este medio informó en ediciones anteriores, la agrupación Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) presentó una declaración de certezas para establecer si Pont Verges cumple con los requisitos constitucionales para asumir como juez, ya que sobre el aspirante “pesan graves denuncias por violación a los derechos humanos”.
La demanda presentada recayó en el juzgado Contencioso y Administrativo 4 de la capital bonaerense a cargo de la jueza María Ventura Martínez, una magistrada que se ha destacado por tener una mirada de ampliación de derechos a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Luego de analizar la presentación, la magistrada ofició “a la Fiscalía de Estado, al Poder Ejecutivo, al Senado y a la Procuración bonaerense para que envíen informes sobre el expediente de Pont Vergés”, confirmaron fuentes judiciales a este medio. Las reparticiones tienen un plazo de cinco días (a partir de la recepción del oficio) para contestar el documento judicial.
La acusación tiene una doble vía: reclamar a la Justicia devolver el pliego al Poder Ejecutivo para que la Gobernadora lo rectifique, luego de las denuncias por violación a los derechos humanos presentadas contra el funcionario número dos en la Procuración bonaerense, conducida por el vidalista Julio Marcelo Conte Grand
También se solicitó a la Justicia que -ante la posibilidad de que la mandataria ratifique el pliego- determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez.
La demanda argumenta que los hechos y denuncias siguientes a la postulación del actual secretario de Política Criminal de la Procuración violan el artículo 175 de la Constitución provincial y 28 de la Ley 11.868, cuyo texto obliga a quienes sean propuestos como magistrados tener solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
Tal como informó Letra P, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión provincial por la Memoria (CPM) denunciaron ante el presidente del Senado bonaerense, Daniel Salvador, que Pont Vergés persiguió al actual Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano. El funcionario propuesto por Vidal y de extrema confianza de Conte Grand inició un sumario administrativo y una denuncia penal contra Coriolano, quien investigaba al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por torturas y falta de asistencia médica a una mujer trans.
En paralelo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, ordenó una serie de medidas tendiente a que todos los involucrados en el caso –el SPB, la Procuración–se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura. Y pidió al procurador Conte Grand detalles respecto de las denuncias iniciadas contra el Servicio Penitenciario por las torturas.
En la demanda, AJUS LPBE especifica que la denuncia contra Pont Vergés se presentó luego de que Vidal enviara su pliego al Senado. Por ello, los abogados de la ONG reclaman a la justicia que el pliego “retorne a la mandataria, quien a la luz de los nuevos hechos deberá desistir del trámite o insistir con su tratamiento”. Si la gobernadora opta por el último camino, la demanda pide que el Tribunal “dé certeza respecto del cumplimiento del Dr. Francisco Pont Vergés de las condiciones de habilidad que establece la Constitución y legislación provincial para ocupar el cargo de Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires”.
En el documento judicial, los impulsores de la medida cautelar señalaron -desde una mirada técnica- que, “en definitiva, dirigimos la acción a fin de obtener una declaración de certeza sobre una situación jurídica regida por el derecho administrativo, peticionando a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires la ratificación del pliego; y eventualmente una declaración de certeza sobre una situación jurídica regida por el derecho administrativo como resultan ser los requisitos constitucionales y legales para ocupar un cargo de Juez de Casación Penal Bonaerense”.
El pliego de Pont Vergés está a consideración en el Senado bonaerense junto a los expedientes de otros 41 nuevos funcionarios judiciales, cuya aprobación por mayoría simple de la alianza Cambiemos y con la negativa del conjunto de la oposición podría avanzar en la próxima sesión.