“La ocupación fue una sobreactuación porque además de irregular e injustificada, fue inmotivada. Fue premeditada.” Así retrató el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, su visión de la toma de la sede del ministerio por parte de trabajadores del Astillero Río Santiago, en su declaración ante Marcelo Romero, el fiscal preferido de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien tiene a su cargo la
investigación de un universo indeterminado de posibles delitos cometidos durante las tensas pero pacíficas horas de protesta.
Tal como informó Letra P la semana pasada, el fiscal fue hasta el despacho del Ministro para tomarle declaración testimonial. Acompañado de dos instructoras judiciales de su equipo, el fiscal interrogó al ministro.
Lacunza apuntó contra los dirigentes gremiales Francisco Banegas y Oscar de Isasi. El primero es el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Ensenada, quien representa a la mayoría de los empleados del Astillero. El segundo es el secretario general de la ATE provincia de Buenos Aires, gremio mayoritario en la representación de trabajadores de la administración pública bonaerense, según los últimos registros oficiales del ministerio de Trabajo.
La toma comenzó el martes 18 de septiembre último por la mañana. Lacunza detalló que ese día “me encontraba en el ministerio reunido con la Gobernadora tratando la problemática de Astillero (…) esa reunión” con los trabajadores de Astillero “se había pospuesto por una indisposición de la señora Gobernadora y el Ministro de Trabajo, de modo tal que el encuentro con representantes del Astillero se pospuso un día. En ningún momento se interrumpió el diálogo. De hecho, la semana previa a los hechos se celebraron dos reuniones en dependencias oficiales y nunca se interrumpió el diálogo”, sostuvo Lacunza, según confirmaron fuentes judiciales.
twitter_tweet
El titular de Economía recordó que el 8 de septiembre por la mañana “mantuve comunicación con el señor Banegas para coordinar la reunión que se llevaría a cabo en horas de la tarde. Es por esto que esta ocupación, además de injustificada me sorprendió sumamente en virtud de la conversación previa con el señor Banegas”.
En otro pasaje de su versión, Lacunza detalló que cuando llegó la columna de manifestantes en el edificio “había una guardia mínima”. “Se trató de evacuar el edificio, permaneciendo personal de alto rango que procuraba no mantener contacto” con los manifestantes “por la hostilidad con la que se conducían”, detalló el funcionario de Vidal.
Según expresó, dos trabajadores de Economía “sufrieron picos de presión y crisis nerviosa por la maniobra desplegada.” En otro tramo de su exposición el ministro aseguró que estuvo en contacto telefónico con Banegas y De Isasi “a fin de arribar a un acuerdo y continuar, como se hizo desde el inicio con el diálogo”. El funcionario consideró que “la ocupación fue una sobreactuación porque además de irregular e injustificada, fue inmotivada. Fue premeditada.”
twitter_tweet
Por la protesta se interrumpió la actividad en la cartea “con múltiples perjuicios” entre los que mencionó daños edilicios y aportó fotos de la post protesta que fueron sumadas al expediente como parte de su declaración.
En uno de los tramos finales, Lacunza consideró que “de comprobarse delitos, que se haga justicia” y aclaró que “el diálogo se mantiene abierto como siempre ha sucedido, sin violentar la institucionalidad”.
twitter_tweet
El universo de posibles delitos a investigar es vasto. Algunas de las figuras posibles son vandalismo, intimidación pública, coacción agravada, privación ilegal de la libertad y ataques al sistema informático del edificio público.