La resolución del Ministerio de Salud nacional que suspendió por tiempo indeterminado la dosis de los 11 años de la vacuna contra la meningitis, fue oficialmente judicializada con un amparo presentado por abogados de la ONG Ajus LPBE, que recayó en el juzgado federal de La Plata a cargo del magistrado pro tarifazo, Adolfo Gabino Ziulu, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.
El titular del Juzgado Federal 2 de La Plata hizo lugar a la presentación y ordenó a la ahora secretaría de Salud que explique en el expediente las razones de tal decisión, que se conoció tras el regreso de Argentina al FMI y al plan de ajuste solicitado por el organismo internacional para el desembolso de ayuda financiera.
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La quita de la vacuna contra el meningococo fue explicada oficialmente por autoridades sanitarias como estrategia "para priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida hasta contar con la disponibilidad necesaria". Esto es a causa de "dificultades en la adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación", según informó la cartera sanitaria en un comunicado, a fines de agosto pasado.
El avance del amparo llamó la atención en el fuero Federal de La Plata, ya que el juez a cargo es el mismo que autorizó los tarifazos en provincia de Buenos Aires. También el mismo magistrado quiere quedarse con la causa en la que se investiga a los aportantes de campaña truchos de Cambiemos. Se sospecha que es para aliviar la situación procesal de la gobernadora María Eugenia Vidal y su jefe de Gabinete, Federico Salvai, quienes están en la mira del juez Ernesto Kreplak.
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El expediente “vacunas” está en su etapa inicial, pero puede ser la llave que destrabe el regreso de la vacuna al calendario federal de vacunas, lo que sería otra derrota judicial de Cambiemos en términos del achique presupuestario en políticas de salud pública.
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La demanda entablada en esta contienda apunta al “Poder Ejecuto Nacional – Ministerio de Salud de la Nación (o a quien asuma su función dependiente del Estado Nacional”, según se desprende del documento judicial al que accedió Letra P.
Como parte de la presentación también se abrió inscribió el amparo en Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de Nación”.