Costa Rica se encuentra paralizada por una huelga de trabajadores estatales que lleva más de diez días y que, pese a los intentos de mediación de la Iglesia Católica, no se ha podido frenar. La protesta es por un proyecto de reforma fiscal promovido por el flamante presidente –lleva cuatro meses en el cargo– Carlos Alvarado, que busca reducir el déficit fiscal (en 2017 fue del 6,2%) atento a las demandas del mercado en ese sentido.
Para ello, Alvarado, que pertenece al centro-izquierdista Partido de Acción Constitucional, promueve la transformación y extensión del IVA a artículos de la canasta básica antes exentos, el recorte de bonos salariales a estatales, un aumento impositivo a las rentas y otras medidas. Esta iniciativa goza en el Congreso del respaldo de partidos de la oposición de centro-derecha, que incluso han logrado insertar a algunos de sus dirigentes en el manejo de las áreas económicas del gobierno, y de la élite económica del país, preocupada además por como la huelga perjudica las principales actividades económicas costarricenses, como el turismo.
Pero el proyecto es repudiado por el evangélico Partido de Restauración Nacional (PRN) cuyo líder, Fabricio Alvarado, disputó la segunda vuelta en abril pasado, pequeñas organizaciones de izquierda y la Unión Sindical y Social Nacional que agrupa a los gremios en conflicto, entre ellos el poderoso y combativo sindicato de maestros, puntal de la protesta y la huelga, que incluye cortes de ruta y que esta siendo analizada por la Justicia sobre su legalidad.
El problema es que el déficit fiscal podría alcanzar el 7,2% del PBI al final de este año, mientras que el gasto destinado al pago de la deuda pública será del 53,5% para el próximo año. Ambos factores constituyen serias amenazas a la economía del país y se ven con preocupación desde entes financieros internacionales, siempre predispuestos a “calificar” las economías en desarrollo.
Periodistas locales consideran estas protestas como unas de las más grandes en casi dos décadas por su duración y por sus consecuencias: paralización parcial de servicios públicos, bloqueos de carreteras y vías principales del país, pérdidas económicas significativas, violencia y altercados entre manifestantes y la policía.
Los principales reclamos de los manifestantes respecto al proyecto de ley son la mencionada intención de gravar la canasta básica, la exoneración de impuestos para la educación privada y para algunos sectores empresariales -como empresas bajo régimen de zona franca, cooperativas de ahorro y crédito-, y la eliminación de unos bonos para empleados del sector público.
“Este proyecto se negoció únicamente con los sectores económicos grandes y afecta a los sectores medios y pobres del país, mientras exime a los poderosos”, dijo Luis Chavarría, líder sindical, quien manifestó su rechazo absoluto al plan, al tiempo que aseguró que ponerle “parches” al proyecto, o sea aceptar solo modificarlo, es insuficiente.
“Es un proyecto que empobrece más a la población costarricense”, reiteró Chavarría; mientras, el Gobierno insiste en que el 80% de los efectos del plan recae sobre el 20% más rico de la población.
Por lo pronto, a diferencia del argentino Mauricio Macri –que sufrirá el martes un paro general- Alvarado suspendió su viaje a la apertura de la Asamblea anual de la ONU en función de este conflicto que pone el eje en una cuestión común a la región: el déficit fiscal y las medidas impopulares que los gobiernos, empujados por el Mercado, impulsan para bajarlo.
Estas medidas, terminan socavando el respaldo de gobiernos que, en el marco de la democracia que rige casi absolutamente en nuestro continente, están obligados a someterse periódicamente a elecciones en las que la evaluación de la gestión juega un papel determinante.
Por la magnitud del país en cuestión, el caso brasileño es impresionante. La expresidente Dilma Rousseff, desmarcándose de sus promesas de campaña, encaró un ajuste en las cuentas fiscales destinado a bajar el déficit y, en teoría, consecuentemente, recuperar los índices de crecimiento. El Mercado evaluó como insuficiente la gestión de Rousseff en ese sentido y fomentó el proceso de desestabilización que culminó con el juicio político y la destitución de la mandataria petista.
Su sucesor, Michel Temer, accedió a implementar las reformas pedidas por el mercado, pero estas no han traído por el momento los resultados esperados, aunque sí llevaron a que aquel sea el presidente más impopular de la historia reciente del Brasil. No solo eso, los candidatos auspiciados por el bloque de gobierno no llegan a los dos dígitos en las encuestas y por ahora todo indica que el próximo presidente sería el petista Fernando Haddad o el ultraderechista Jair Bolsonaro. Ninguno de ellos es afín al oficialismo.
La pregunta que se impone es: ¿hasta donde son compatibles las demandas del mercado con la democracia? Este interrogante no solo se impone en nuestra región sino también en Europa y en Estados Unidos. En la primera, la opción por el ajuste como herramienta de gestión ha llevado a países como Francia, Italia, Alemania y otros a crisis políticas que a la par que deterioran la imagen de los partidos oficialistas, han favorecido la aparición de extremismos ultranacionalistas. En el segundo, en tanto, Donald Trump implementó medidas económicas heterodoxas que gozan de respaldo popular pero que los analistas promercado creen que en el mediano plazo derivarán en una crisis económica.
¿Cuál es el país donde el Mercado obtiene sus mejores resultados y que defiende el libre comercio en todos los foros internacionales, contrariando a los Estados Unidos de Trump? Pues China, que combina en dosis semejantes capitalismo libremercadista con el histórico control político del comunismo. ¿Es entonces el autoritarismo el sistema que mejor se acopla con el Mercado? La respuesta es peligrosa para una región con instituciones débiles y una baja calidad de participación popular y democrática.
