Con la firma de un gobernador peronista y dos oficialistas, el Gobierno comenzó a transitar este lunes la cuenta regresiva, que concluirá el viernes, para presentar en el Senado una “ampliación y adecuación” del Consenso Fiscal 2017, donde se establecen nuevas pautas tributarias entre la Nación y las provincias. A diferencia de la puesta en escena del 16 de noviembre de 2017, que incluyó una foto con 21 mandatarios provinciales y tres vicegobernadores, en esta oportunidad la gestión de las firmas se realiza a cuentagotas y con bajo perfil, al calor de la compleja negociación del Presupuesto 2019, que debe cumplir con una drástica reducción del déficit fiscal al 0,5% del PBI, en base a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pocas horas después de la visita al Congreso del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para presentar el Presupuesto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió al gobernador misionero Hugo Passalaqua (Frente de la Concordia), al correntino Gustavo Valdés (UCR) y al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (PRO), en una ronda de firmas que este martes incluirá a otros tres caciques peronistas y un representante de los partidos provinciales, es decir, al sanjuanino Sergio Uñac (PJ), al entrerriano Gustavo Bordet (PJ), al cordobés Juan Schiaretti (PJ) y Omar Gutierrez (Movimiento Popular Neuquino).
Cuando se concreten las rúbricas previstas para este martes, la lista de gobernadores que firmaron sólo llegará diez, incluyendo al salteño Juan Manuel Urtubey, al jujeño Gerardo Morales, y al chaqueño Domingo Peppo, que ya estamparon su trazo personal en los últimos diez días, cuando fueron a recibir “la compensación de deuda que tenían esas tres provincias con el Tesoro Nacional a cambio del bono del Consenso Fiscal”.
Ante las consultas de Letra P, uno de los funcionarios que participa de las negociaciones con las provincias reconoció que para los últimos tres días de la semana el Ejecutivo espera la firma de otros ocho mandatarios, para que el texto ingrese al Senado con el aval de 18 provincias, aunque “quedará abierto a la adhesión de las que no lo suscriban” hasta el viernes.
Esa lista corta tiene dos ausencias aseguradas: el pampeano Carlos Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saa, pero podría incluir al santafesino Miguel Lifschitz, dentro de una nómina de gobernadores que se extendería a otros tres díscolos. Entre ellos, la catamarqueña Lucía Corpacci.
El socialista santafesino todavía aguarda una oferta definitiva de la Nación para cancelar los 54.000 millones de pesos que le debe a su provincia, por la detracción del 15% de la coparticipación federal que le aplicaba la ANSeS desde 1992. La Corte la consideró “inconstitucional” y ordenó restituir el monto acumulado.
“Podríamos decir que estamos en el área chica, a un paso de patear al arco, pero preferimos la cautela”, sostuvo un funcionario de la Casa Rosada para mostrarse esperanzado sobre un desenlace positivo de esa negociación y la firma de Lifschitz en el nuevo texto de ampliación del Consenso Fiscal.
¿UN NUEVO CONSENSO FISCAL? El nuevo texto que el Gobierno busca firmar a “cuenta gotas” es bautizado como “una adenda” del Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017, que luego fue ratificado por el Congreso y las legislaturas provinciales involucradas. Sin embargo, tal como anticipó Letra P, el texto en danza no es presentado como una “adenda” sino como una nueva versión de acuerdo tributario, bautizado como “Consenso Fiscal 2018”.
“La versión del año pasado es realmente extensa y en este caso sólo planteamos la necesidad de ampliar y adecuarlo para permitir la consolidación fiscal y reducir inequidades del sistema”, atajó uno de los redactores del texto para justificar el cambio de nombre sobre una pieza legal que acompañará las negociaciones legislativas que lleva adelante el Gobierno sobre las dos Cámaras del Congreso. Tal como anticipó Letra P, el nuevo texto de “Consenso Fiscal”, busca plasmar las negociaciones pre-legislativas que el Gobierno mantuvo con las provincias durante tres meses, pero no incluye algunos cambios reclamados por las provincias, como frenar la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos. Tampoco dice nada sobre las compensaciones que reclaman los distritos respecto a la anulación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo).
Entre los fundamentos del “Consenso Fiscal 2018”, aparece una mención a la corrida cambiaria de mayo, que los técnicos del Gobierno prefirieron relatar como “nuevas circunstancias en el contexto internacional, con una mayor volatilidad en los mercados financieros, que hicieron necesario adoptar medidas para acelerar la consolidación fiscal”. Luego de esa elíptica definición de la crisis en marcha, el Gobierno destaca la implementación de retenciones fijas a las exportaciones y la transferencia a las órbitas bonaerense y porteña del financiamiento de los subsidios energéticos y de transporte, de la tarifa social del agua, a través de AySA, y del traspaso jurisdiccional de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, además de la nueva “definición de la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales”.
LETRA CHICA. Uno de los puntos ordenadores de la negociación entre la Nación y las provincias fue aplicar el ajuste impuesto por el FMI, pero a cambio de “generar nuevos recursos”, en una alquimia fiscal que combinaba “ampliar la base imponible” de gravámenes coparticipables y postergar la reducción de los impuestos provinciales. En esa línea, el texto aplica esa máxima a medias. Respecto al Impuesto a las Ganancias, deroga desde el 1 de enero de 2019 todo tipo de exenciones y hace foco en la anulación de ese beneficio a “actividades de ahorro, crédito, financieras, de seguros y reaseguros de entidades cooperativas y mutuales”.
Respecto a la Ley de Responsabilidad Fiscal (25.917), aparece la posibilidad de “incrementar el límite de gasto público corriente primario neto para el ejercicio fiscal 2019 de aquellas jurisdicciones cuyo gasto en 2018 hubiere variado menos que el Indice de Precios al Consumidor”. También permite que en los gastos del año próximo sean deducidos “mayores egresos de las provincias como consecuencia de la transferencia de gastos por parte del gobierno nacional”. La fórmula reviste cierta relevancia, porque les permitirá deducir a cada gobernador parte de los costos que implique la absorción de subsidios al transporte y el financiamiento de la tarifa social eléctrica, aunque igualmente serán pagadas por las arcas provinciales.
A pesar de la insistencia para postergar la eliminación progresiva de Ingresos Brutos (que configura el principal tributo provincial), el texto no menciona ningún cambio sobre ese cronograma. En su lugar, suspende para el año próximo los topes máximos del Impuesto a los Sellos, que estaban previstos en 0,75% desde el 1° de enero de 2019, hasta una eliminación total a partir de 2020. Con ese giro, las provincias que aprueben el “Consenso Fiscal 2018” podrán postergar esa reducción.
Del mismo modo, el texto también frena para 2019 y 2020 el compromiso asumido por la Nación para “no crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales”. La mención no es menor, porque responde a una dura disputa dentro del Gobierno sobre la posibilidad de aumentar del 0,25% al 1% el gravamen a los beneficiarios del blanqueo, un tema que es duramente resistido por el ala más dura de Cambiemos, encabezada por el presidente Mauricio Macri. "Esto abre el debate sobre Bienes Personales, pero todo va a salir de la negociación parlamentaria", evaluó una fuente del oficialismo, en referencia a una discusión interna del Gobierno que todavía no fue saldada, y que ahora quedará librada a la correlación de fuerzas dentro del Congreso.
