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Un golpe coordinado de Triaca y las patronales impuso un aumento del 25%, lejos de la proyección inflacionaria, que supera el 30%. Descontento y desplante de las centrales obreras.
Por 08/08/2018 21:59

"Un diálogo de sordos que demostró que los acuerdos ya estaba cocinados". Ésa fue la descripción de uno de los principales dirigentes sindicales del país para graficar los cruces de baja intensidad que tuvieron lugar durante el plenario tripartito que abrió el Consejo del Salario.

La explicación de todo el arco sindical para el laudo oficial que unilateralmente dispuso un magro aumento al salario mínimo vital y móvil es unánime: existió un acuerdo previo entre los empresarios y el Gobierno para que las patronales exigieran una recomposición del 20%.

La propuesta empresaria habilitó a que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, lo llevara a 12.500 pesos (25% de incremento) en cuatro pasos que van a completarse en junio de 2019, lejos de los 19.600 pesos exigidos por el sector de trabajadores.

"Quedó en evidencia que los empresarios no iban a tirar para abajo su propuesta para que el aumento que puso sobre la mesa el Gobierno pareciera algo intermedio entre las demandas de los dos sectores", comentó otro dirigente de la CGT que justificó esta explicación en que el nuevo tope fijado por el Ejecutivo coincide exactamente con el nuevo techo que pretende imponer el Gobierno para la revisión de los acuerdos paritarios.

"Ni siquiera se acerca a las expectativas inflacionarias del mercado", se quejó otro dirigente que calificó como "descarado" que se proponga un 25% de aumento a los salarios más bajos cuando la proyección de la inflación ya supera el 31% anual.

 

 

El plenario fue "corto, expeditivo", confiaron fuentes gremiales y agregaron que transcurrió sin mayores sobresaltos pero, a la vez, volvió a exponer el creciente mal humor sindical con el Gobierno, que se expresó con la ausencia de sus máximos dirigentes en las comisiones de debate. Todos ellos decidieron retirarse después de la apertura de la jornada. 

Uno de los pocos momentos que tuvo sobresaltos fue cuando el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, cuestionó que desde la cartera laboral hubieran propuesta discutir las condiciones de empleabilidad cuando fue el Estado el que frenó designaciones en su planta laboral.

"Es una incongruencia que planteen esto cuando este mismo gobierno, a través del decreto 632/18, congeló los ingresos al Estado. Si vamos a discutir la situación del empleo, debatamos la iniciativa del diputado Abel Furlán (de la Unión Obrera Metalúrgica), que la semana pasada presentó un proyecto de ley para congelar los despidos en los ámbitos privado y público por 24 meses", disparó a dos bandas el dirigente docente. 

Daniel Funes de Rioja, uno de los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), salió al cruce desechando cualquier posibilidad de que se acompañe, o incluso se debata, cualquier iniciatva de ese tipo.

 

 

Más allá de las distancias que separan a las diferentes centrales obreras, tanto la CGT, que fue representada por dos de sus tres secretarios generales, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, como la CTA de Yasky y la maltrecha central que conduce Pablo Micheli coincidieron en rechazar no solo el aumento, sino el mecanismo por el cual se determina el monto y el porcentaje.

Exigiendo que se atienda la "alarmante situación social y de los trabajadores", los gremialistas se encolumnaron detrás del planteo de que la recomposición del salario básico debía surgir del aumento que expresó la canasta básica total medida por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) , que fijaron en 19.600 pesos.

El eje de la lectura de los sindicatos es que quienes perciben los salarios más bajos son quienes más sufren proporcionalmente el impacto del aumento del transporte y de las tarifas de los servicios públicos, justamente los sectores que encabezan los aumentos de los últimos meses.

"El estudio del Centro de Investigación y Formación de nuestra central expresa claramente que el salario mínimo vital y móvil experimentó una progresiva y sostenida pérdida del poder adquisitivo que no se recupera con la medición que hace el gobierno", señaló Yasky.

La CGT, por su parte, destacó que "el Salario Mínimo Vital y Móvil es un concepto social con un profundo sentido reparador e igualador de la sociedad, que no puede medirse y actualizarse teniendo en cuenta sólo las variables económicas del país".

"A la hora de establecerse el valor de los combustibles o las tarifas de los servicios públicos no se ponderaron los aumentos de los ingresos de los hogares ni el índice general de precios al consumidor sino se buscó alcanzar el valor real en la economía de los mismos con independencia de su impacto social. Esta misma lógica debiera estar presente a la hora de establecer el valor del Salario Mínimo", reclamó la principal central obrera del país, que, según sus dirigentes, no avizora el anuncio de medidas de fuerza en el corto plazo.

El pacto Gobierno-empresas que planchó el salario mínimo en $12.500

Un golpe coordinado de Triaca y las patronales impuso un aumento del 25%, lejos de la proyección inflacionaria, que supera el 30%. Descontento y desplante de las centrales obreras. 

"Un diálogo de sordos que demostró que los acuerdos ya estaba cocinados". Ésa fue la descripción de uno de los principales dirigentes sindicales del país para graficar los cruces de baja intensidad que tuvieron lugar durante el plenario tripartito que abrió el Consejo del Salario.

La explicación de todo el arco sindical para el laudo oficial que unilateralmente dispuso un magro aumento al salario mínimo vital y móvil es unánime: existió un acuerdo previo entre los empresarios y el Gobierno para que las patronales exigieran una recomposición del 20%.

La propuesta empresaria habilitó a que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, lo llevara a 12.500 pesos (25% de incremento) en cuatro pasos que van a completarse en junio de 2019, lejos de los 19.600 pesos exigidos por el sector de trabajadores.

"Quedó en evidencia que los empresarios no iban a tirar para abajo su propuesta para que el aumento que puso sobre la mesa el Gobierno pareciera algo intermedio entre las demandas de los dos sectores", comentó otro dirigente de la CGT que justificó esta explicación en que el nuevo tope fijado por el Ejecutivo coincide exactamente con el nuevo techo que pretende imponer el Gobierno para la revisión de los acuerdos paritarios.

"Ni siquiera se acerca a las expectativas inflacionarias del mercado", se quejó otro dirigente que calificó como "descarado" que se proponga un 25% de aumento a los salarios más bajos cuando la proyección de la inflación ya supera el 31% anual.

 

 

El plenario fue "corto, expeditivo", confiaron fuentes gremiales y agregaron que transcurrió sin mayores sobresaltos pero, a la vez, volvió a exponer el creciente mal humor sindical con el Gobierno, que se expresó con la ausencia de sus máximos dirigentes en las comisiones de debate. Todos ellos decidieron retirarse después de la apertura de la jornada. 

Uno de los pocos momentos que tuvo sobresaltos fue cuando el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, cuestionó que desde la cartera laboral hubieran propuesta discutir las condiciones de empleabilidad cuando fue el Estado el que frenó designaciones en su planta laboral.

"Es una incongruencia que planteen esto cuando este mismo gobierno, a través del decreto 632/18, congeló los ingresos al Estado. Si vamos a discutir la situación del empleo, debatamos la iniciativa del diputado Abel Furlán (de la Unión Obrera Metalúrgica), que la semana pasada presentó un proyecto de ley para congelar los despidos en los ámbitos privado y público por 24 meses", disparó a dos bandas el dirigente docente. 

Daniel Funes de Rioja, uno de los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), salió al cruce desechando cualquier posibilidad de que se acompañe, o incluso se debata, cualquier iniciatva de ese tipo.

 

 

Más allá de las distancias que separan a las diferentes centrales obreras, tanto la CGT, que fue representada por dos de sus tres secretarios generales, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, como la CTA de Yasky y la maltrecha central que conduce Pablo Micheli coincidieron en rechazar no solo el aumento, sino el mecanismo por el cual se determina el monto y el porcentaje.

Exigiendo que se atienda la "alarmante situación social y de los trabajadores", los gremialistas se encolumnaron detrás del planteo de que la recomposición del salario básico debía surgir del aumento que expresó la canasta básica total medida por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) , que fijaron en 19.600 pesos.

El eje de la lectura de los sindicatos es que quienes perciben los salarios más bajos son quienes más sufren proporcionalmente el impacto del aumento del transporte y de las tarifas de los servicios públicos, justamente los sectores que encabezan los aumentos de los últimos meses.

"El estudio del Centro de Investigación y Formación de nuestra central expresa claramente que el salario mínimo vital y móvil experimentó una progresiva y sostenida pérdida del poder adquisitivo que no se recupera con la medición que hace el gobierno", señaló Yasky.

La CGT, por su parte, destacó que "el Salario Mínimo Vital y Móvil es un concepto social con un profundo sentido reparador e igualador de la sociedad, que no puede medirse y actualizarse teniendo en cuenta sólo las variables económicas del país".

"A la hora de establecerse el valor de los combustibles o las tarifas de los servicios públicos no se ponderaron los aumentos de los ingresos de los hogares ni el índice general de precios al consumidor sino se buscó alcanzar el valor real en la economía de los mismos con independencia de su impacto social. Esta misma lógica debiera estar presente a la hora de establecer el valor del Salario Mínimo", reclamó la principal central obrera del país, que, según sus dirigentes, no avizora el anuncio de medidas de fuerza en el corto plazo.