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Acepta cambios en el Código Electoral para tener los 40 votos que le permitirán plegar su reelección a la de Macri. Aportes de campaña, bancarización de aportes y Boleta Electrónica, las condiciones.
Por 24/08/2018 14:22

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tantea y apuesta a un acuerdo con el peronismo, el kirchnerismo y el socialismo de Roy Cortina para aprobar la creación de un Código Electoral para la Ciudad de Buenos Aires y garantizarse la facultad de fijar la fecha de las elecciones del año próximo, cuando buscará la reelección.

El proyecto del Código Electoral se debate hace meses en la Legislatura porteña y el bloque oficialista Vamos Juntos apunta a votarlo en septiembre, con el vital apoyo opositor para lograr los 40 votos necesarios. Los números están hace tiempo porque los legisladores oficialistas abrieron el grifo para los reclamos y las modificaciones de la oposición, pero hay un punto innegociable: Rodríguez Larreta no va a ceder la potestad de definir cuándo se hará la votación. Esa cuestión nubla la posibilidad de un acompañamiento del bloque SUMA+, que integran representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) porteña y Martín Lousteau, adheridos recientemente al frente Cambiemos en su versión local.

 

 

El único aspecto que entraría en vigencia cuando el proyecto obtuviese luz verde es el que garantiza que la lapicera del alcalde le ponga fecha a los comicios locales y pueda unificar el calendario con el nacional. Esa ésa una pretensión del presidente Mauricio Macri, quien también buscará la reelección en 2019. El resto de los artículos tendrían efecto recién a partir del 1 de enero de 2020.

El Presidente le pidió la unificación a Rodríguez Larreta. Sin embargo, buena parte de la plana mayor de Cambiemos mira de reojo las intenciones de los gobernadores peronistas. Si las provincias del PJ adelantan las elecciones, bien podría la Ciudad mostrar un triunfo en las PASO de abril y las generales de julio para apalancar la reelección del líder del PRO.

 

 

Al margen de beneficiarse con la probable unificación, las bancadas de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y el Partido Socialista apoyarán la iniciativa porque Vamos Juntos habilitó sus modificaciones. La negociación entre el oficialismo y la oposición corre por un andarivel que va desde la Legislatura porteña al Ministerio de Gobierno, donde originalmente nació la iniciativa de manos del ministro Bruno Screnci Silva y el subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Hernán Charosky

Por el oficialismo parlamentario el tema lo llevan los diputados Diego Marías y Natalia Fidel, presidentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Reforma Política, respectivamente. El primero avanza en la negociación con la oposición desde que ingresó el expediente, mientras que la legisladora sigue la reforma desde que el oficialismo emprendió las charlas Dialogando BA, impulsadas por la cartera de Gobierno para aglutinar opiniones de especialistas en la previa al debate en la Legislatura.

LOS PUNTOS EN DISPUTA. El expediente original del Gobierno porteño contempla la creación de un tribunal electoral ad hoc integrado por el presidente de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y dos camaristas designados por sorteo. Tanto el Bloque Peronista, que conduce María Rosa Muiños, como el kirchnerista, que preside Carlos Tomada, reclamaron que se funde un Tribunal Electoral que entienda en materia electoral de manera permanente y no únicamente durante el año de elecciones. El oficialismo avalará esa propuesta.

Por otra parte, el kirchnerismo propone rever el sistema de votación y desconfía de la Boleta Única Electrónica (BUE), que fue utlizada en los comicios de 2015 pero cuestionada en duros términos por especialistas durante el debate en el Congreso a propósito del proyecto de Reforma Política que envió el gobierno de Macri en 2016.

Según pudo saber Letra P, Unidad Ciudadana rechaza la BUE y pide que en el Código Electoral se proponga únicamente la votación en boleta de papel o boleta única de papel, herramienta que también propuso el bloque de Lousteau. Rodríguez Larreta reniega de esta posibilidad, aunque está dispuesto a negociar una redacción más laxa, que permita que los conceptos en torno a la “tecnología” aplicada a la votación no contengan un carácter restrictivo. Pero no aceptará la eliminación de la BUE.

 

 

Un aspecto clave en disputa es el financiamiento. En el marco de la megacausa de corrupción de los cuadernos de Oscar Centeno y la investigación por aportantes truchos en las campañas de Cambiemos dentro de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Larreta propone bancarizar obligatoriamente los aportes privados de campaña, tanto los que provienen de personas físicas como jurídicas. Todos los espacios opositores coinciden en ese punto, aunque algunos sostienen que es "necesario" que el financiamiento estatal supere al privado en términos nominales. Es decir, incrementar la cuota de financiamiento que gira el Estado porteño a los partidos políticos que compiten en elecciones. Un bloque opositor sugirió que el Estado cubra esa suma en su totalidad y se eliminen los aportes privados. “Es un disparate”, confiesan en el oficialismo capitalino. 

 

 

 

El Código Electoral que elaboró el larretismo contempla que el total del reparto de la torta presupuestaria se divida en dos. Una porción se distribuye en forma igualitaria entre las agrupaciones políticas que superaron el 1% de los votos en la última elección y en la categoría de diputados. El 50% restante se gira en forma proporcional a la cantidad de votos que obtuvieron esos espacios políticos.

Por otra parte, el oficialismo rechaza la propuesta del radicalismo y Lousteau de ampliar el Instituto de Gestión Electoral (IGE), el ente autárquico porteño que administrará el proceso de elecciones.

En tanto, el kirchnerismo considera que, según la redacción del oficialismo, la IGE contiene "grises". En primer lugar, Unidad Ciudadana propone que se aclare la mayoría de votos necesaria para que la Legislatura nombre al director del Instituto y que la futura institución electoral no "absorba" funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como la definición de circuitos electorales, por ejemplo. También, plantearán que la ley impida participar de elecciones a dirigentes que posean o sean titulares de cuentas offshore.