Barones y advenedizos de la patria contratista, jerarcas de Planificación durante el kirchnerismo, valijeros, figuras omnipresentes del macrismo económico, un ministro cordobés en funciones, el ex socio y novio de Susana Giménez y sus amigos offshore están pasando por Comodoro Py durante este agosto, para prestar declaración indagatoria ante el juzgado de Sebastián Casanello. El desfile podría redundar en un agravamiento de su condición de imputados o procesados.
Se trata del supuesto fraude y cohecho vinculado a las plantas de Aguas y Saneamientos (AySA) en Paraná de las Palmas y Berazategui, provincia de Buenos Aires. La imputación consiste en que se habrían arreglado las licitaciones para que el consorcio entre Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, Supercemento y Cartellone ganara la planta del Tigre, y la sociedad entre Camargo Correa y Esuco se quedara con el proyecto en el sur del Gran Buenos Aires.
Odebrecht, la estrella del Lava Jato brasilero, complicada en licitaciones de AySA.
La primera de las plantas comenzó a ejecutarse en 2009 con un valor cercano a los 700 millones de dólares, sujetos luego a múltiples readecuaciones. La de Berazategui se planificó por un sexto de la de Paraná de las Palmas. La sospecha de Casanello y del fiscal Federico Delgado es que se trató de licitaciones arregladas y que, una vez en ejecución, fueron incrementando su precio previo pago de coimas.
En mayo pasado, el procesamiento de 19 acusados provocó un cimbronazo: el listado de procesados por Casanello excedía los nombres que se repetían hasta entonces en causas vinculadas a la corrupción de la obra pública, al incluir a responsables de contratistas como Benito Roggio e Hijos, Cartellone, Supercemento, Camargo Correa, Esuco y Odebrecht. La nueva ronda de indagatorias durante agosto podría derivar en que al procesamiento por fraude se sume el de cohecho, y en el incremento de embargos ya dispuestos por hasta 790 millones de pesos por procesado.
INDAGATORIAS. El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta, pivot en las supuestas infidencias de Centeno, fue citado a declarar ante Casanello este martes, para lo que debería ser trasladado desde la prisión. El miércoles es el turno de José López, el exsecretario de Obras Públicas que por estas horas reelabora su estrategia sobre los bolsos del convento. Al día siguiente le toca a otro López, Fabián, ministro de Agua, Energía y Servicios Públicos del gobierno de Juan Schiaretti en Córdoba, lo que da una pauta de las extensiones políticas del caso Aysa. Casanello le concedió a Fabián López falta de mérito en su resolución de mayo.
El 6 de agosto, unos días antes de declararse arrepentido y extorsionado ante Bonadio, tuvo cita en el juzgado de Casanello Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos -construcción-, Metrovías -subte-, Cliba -higiene urbana-), un apellido tan emblemático de la patria contratista como Fortabat, Pérez Companc, Rocca, Macri o Pescarmona.
Al día siguiente, le tocó a un nombre no tan conocido pero clave: Tito Biagini. Se trata del presidente de Cartellone y suegro de Gustavo Matta y Trejo, un exejecutivo de Techint. Matta y Trejo fue convocado por Mauricio Macri para encabezar Autopistas Urbanas (AUSA) y luego fue cedido a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. Al mando de AUSA, Matta y Trejo se encontró de los dos lados del mostrador cuando en 2013 preadjudicó una obra para el Metrobús por 18 millones de dólares a la empresa de Biagini, padre de su esposa, informó el diario Tiempo Argentino.
La planta de AySA en Berazategui, investigada por la justicia federal.
Cartellone y la familia del Presidente compartieron obras públicas que fueron encabezadas por Biagini y tuvieron como segundos a dos hombres clave del entramado legal, económico y offshore del macrismo: el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, amplió Tiempo.
El listado de indagados o a indagar en lo que queda de agosto por Casanello incluye a Julio de Vido -sospechado de encabezar el esquema delictivo-; al extitular de Aguas Argentinas Carlos Ben; a su segundo, Oscar Biancuzzo; al exencargado de Recursos Hídricos Edgardo Bortolozzi, y a Jorge “Corcho” Rodríguez y la trama que lo acompaña, entre ellos, los abogados uruguayos Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo y Pablo Correa Calcagno.
CORCHO DEJA DE FLOTAR. Rodríguez, también supuestamente anotado por el chofer Centeno como uno de los entregadores de bolsos, es un hombre clave en la causa AySA.
Para el juez Casanello y el fiscal Delgado, el exnovio de Giménez manejaba Sabrimol, una sociedad fantasma asentada en Uruguay en 2007, reactivada en 2011, que habría servido de vehículo para canalizar millones de dólares provenientes de Odebrecht
Antes de la muerte de Néstor Kirchner -en la versión que transmiten fuentes cercanas a la fiscalía de Delgado-, el papel del “facilitador” para digitar las licitaciones del ministerio de De Vido fue Carlos Wagner, lo que de alguna manera habría sido admitido por el dueño de Esuco en su declaración como arrepentido en el expediente Centeno, según hizo trascender el tribunal del juez federal Claudio Bonadio.
Odebrecht utilizó al menos cinco sociedades offshore para derivar fondos a Sabrimol. De acuerdo a la estimación de Casanello, fluyeron vía esa sociedad uruguaya 10,2 millones de dólares y 684.000 euros en concepto de “asesoramiento”.
El expediente de las plantas de AySA es más silencioso que otros pero tiene pruebas más contundentes, como registros de transferencias entre las sociedades fantasmas en las fechas cercanas a actualizaciones presupuestarias aprobadas por Planificación, llamadas telefónicas de los lobbistas, mails, encuentros de empresarios (Roggio, Wagner) con funcionarios (López, Baratta), viajes del Corcho y hasta algún dato de color como un mensaje de texto hacía José López que terminaba con “… sabé que te aprecio y respeto tu compromiso con nuestra Argentina. Un placer trabajar día a día con vos. Corcho”.
Los datos provenientes de documentos y delaciones premiadas de Brasil confirmarían el aparente latrocinio. El ex responsable de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri, declaró acuerdos indebidos con Biancuzzo por 7,6 millones de dólares, y con Rodríguez por 6,45 millones de dólares.
CAUSAS COLINDANTES. Así las cosas, se enciende la pregunta sobre la vinculación de una causa con procesamientos decretados y la cosecha de Baratta anotada por el chofer con hábitos de espía Centeno.
Si existieron, buena parte de esos bolsos con dólares pudieron haber sido el medio de pago de las coimas que investiga Casanello. Como otros de sus colegas, el titular del juzgado criminal y correccional 7 le solicitó a Bonadio copia del expediente Centeno. Habrá que ver si el dueño del juzgado 11 acepta el pase, dada su distancia de Casanello y su enemistad con el fiscal Delgado, a quien denunció penalmente por intentar investigar las supuestas coimas de Odebrecht al jefe de Inteligencia Gustavo Arribas.
Mientras avanza el expediente de AySA duerme el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento que impacta de lleno en la empresa de los Macri Iecsa, comprada en 2017 por Marcelo Mindlin. Los casos tienen actores y prácticas muy similares, pero tramitan en juzgados separados. La del Sarmiento es instruida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.