El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa decidió permanecer en su exilio de Bruselas y resistir la orden de prisión preventiva librada por una jueza de su país, con pedido de captura internacional, por un caso de secuestro en el que se lo ha involucrado.
La jueza Daniella Camacho había sorprendido al ordenar que el ex mandatario de izquierda fuera detenido para notificarlo de la obligación de presentarse cada dos semanas ante la Corte Nacional de Justicia de Quito, mientras se tramita la investigación por el secuestro del ex diputado Fernando Balda.
La primera comparecencia debía producirse el último lunes 2, pero Correa decidió permanecer en Bélgica, donde reside desde hace un año, y, en lugar de eso, se presentó en el Consulado ecuatoriano.
Ese gesto precipitó el martes un pedido de la Fiscalía a la Corte Nacional para que expidiera una orden de prisión preventiva y de captura internacional vía Interpol, con fines de extradición, lo que logró.
Correa, en tanto, duramente enfrentado con quien fuera su delfín, el actual presidente Lenín Moreno, denunció una persecución política y "un grave atropello" judicial.
"Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de derecho como Bélgica", escribió en su cuenta de Twitter.
El ex presidente aseguró en declaraciones que sus allegados le mostraron su preocupación, pero él se declaró tranquilo por considerar que la Justicia belga lo amparará.
La confianza del ex mandatario se basa, en parte, en su situación familiar, dado que su esposa, Anne Malherbe, es belga y que sus hijos tienen doble nacionalidad.
Asimismo, sostiene que sigue a derecho, dado que apeló la orden de detención y que, por lo tanto, esta aún no está vigente. Para los dirigentes del correísmo en Ecuador, como el ex canciller y ex ministro de Defensa Ricardo Patiño, las acusaciones son parte de una persecución política.
El caso Balda se remonta al 13 de agosto de 2012, cuando el ex diputado, que pasó del oficialismo a una oposición visceral al anterior Gobierno, vivía en Colombia escapando de la Justicia de su país.
Según denunció, un grupo de personas intentó secuestrarlo en Bogotá para trasladarlo a Ecuador a fin de que cumpliera una condena por calumnias, pero la acción de la policía colombiana impidió el hecho.
Posteriormente, Balda fue extraditado y debió purgar casi dos años en la cárcel.
La primera denuncia por secuestro de quien se considera “una víctima del correísmo” se produjo en 2013, pero recién en enero último comenzó la causa judicial, ya bajo el mandato de Lenín Moreno.
Dos policías implicados en el caso cooperaron con la Justicia ecuatoriana y entregaron documentos y comprobantes de pagos por unos 21.300 dólares emitidos por la Dirección General de Inteligencia de la Policía.
Un tercer policía también fue detenido, así como el ex director de Inteligencia policial, Fausto Tamayo.
Una serie de declaraciones llevaron las sospechas por el caso Balda más arriba y la Fiscalía considera a Correa, hoy el principal líder opositor de Ecuador, como el cerebro del intento de secuestro.
El caso pone de relieve una tendencia creciente en la región: la apertura de causas judiciales de envergadura contra importantes líderes opositores. Eso ocurre con mayor severidad en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva fue encarcelado en abril para purgara una condena por corrupción, y en Venezuela, donde el chavismo embistió contra Leopoldo López y otros dirigentes.